CFC alista juicio a Cemex por Mary Nour

El presunto boicot de la cementera al buque en 2004 podría llegar a los tribunales en julio de 2009; la Comisión acusa de prácticas monopólicas a la empresa de Zambrano y podría multarla con 12 mdp.
Mary Nour  (Foto: Adán Gutiérrez)
Adolfo Ortega

Un barco fantasma que se niega a desaparecer. Una evidencia fallida porque no se encuentra en los archivos oficiales. Un responsable de la seguridad nacional que sus adversarios sostienen que se extralimitó en sus funciones a su paso por el sector privado. Un regulador que hará todo por alcanzar los máximos niveles de audiencia y que sus críticos acusan de estridente. Una poderosa empresa dispuesta a mantener intacto su negocio en México, el cual le ha permitido proyectarse internacionalmente…

Éstos son los elementos de una novela que comenzó hace cinco años cuando tres jóvenes intentaron importar a México 26,000 toneladas de cemento. El nuevo capítulo podría tener como escenario un tribunal. O quedar olvidado en el oficio de casi 300 páginas que la Comisión Federal de Competencia (CFC) envió a Cemex el pasado 26 de enero con las conclusiones de 28 meses de investigación. La decisión de si el caso irá o no a juicio está en manos de la Comisión y se sabrá después de julio.

La CFC sospechaba que Cemex presionó para evitar que el buque Mary Nour descargara en Tampico el cemento que en julio de 2004 trajo de Rusia, en una violación de los principios de libre competencia. La primera carga era pequeña, ni 0.1% de la producción anual de Cemex. Pero el plan era ambicioso; en pleno boom de los commodities internacionales, Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM), el dueño del cemento importado, quería aprovechar los altos márgenes que el producto tiene en México. Su plan era comprar cemento en Asia y transportarlo por mar hacia Tampico.

El costo del cemento más el flete sería 62 dólares por tonelada; el precio en México superaba los 120 dólares la tonelada. El Mary Nour sería su nave nodriza, y lo reabastecería con la carga de otros barcos. Al principio, la recarga sería una vez al mes; luego, cada tres semanas. Al tercer año replicaría la operación en puertos del sureste, noroeste y suroeste del país.

Durante los próximos meses, la Comisión y Cemex presentarán las pruebas de sus argumentos. Si después de esto el pleno de la CFC sigue creyendo que Cemex es culpable de actuar como monopolio, podría imponerle una multa de hasta 12 millones de pesos (mdp). Esta cifra, una minucia comparada con los 21,689 millones de dólares (mdd) que vendió la compañía el año pasado y apelable en tribunales administrativos, es el monto máximo de penalización que permitía el marco legal anterior a las reformas a la Ley de Competencia de 2006. La ley vigente contempla una multa máxima de casi 50 mdp, pero la investigación comenzó dos días antes del cambio legal.

“No nos importan las multas que le cobren a Cemex”, dice Ricardo Alessio, socio de CDM. “Lo que queremos es que se haga una cancha de juego más pareja, que las empresas grandes eviten este tipo de prácticas”. Alessio (38) y sus socios Luis Bonales (39) y Ricardo Camacho (38) se conocieron en la carrera de ingeniería civil y, en distintos momentos, trabajaron en Cemex entre 1993 y 2002, en el área de pavimentos y concretos. En 2002, Alessio, Bonales y Camacho abrieron una compañía constructora llamada Irkon y, más tarde, una planta de concreto, buscando la integración vertical.

“Como clientes, vimos los malos tratos y los altos precios de quienes vendían el insumo principal, el cemento. Ahí se nos ocurrió traer un barco con cemento importado”, dice Alessio.

El plan fracasó. Y la principal prueba de que Cemex estuvo detrás del revés es una carta enviada por Rafael Meseguer, el entonces director general de la Administración Portuaria Integral de Tampico, en Tamaulipas, a sus superiores en la Subsecretaría de Puertos (véase extracto página 48). La carta tiene como protagonista a Jorge Tello Peón, entonces directivo de Cemex, que entre 2003 y 2008 se encargó de la información estratégica de la firma regiomontana. Antes fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y durante la presidencia de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, subsecretario de Gobernación. Desde marzo pasado es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, designado por el presidente Felipe Calderón.

Hace cinco años, Meseguer relató en una carta que un par de meses antes de que llegara el Mary Nour a las costas del Golfo de México, Tello Peón lanzó una “amenaza velada” de que cancelaría inversiones de la cementera en el puerto a su cargo si atracaba ahí al buque. Meseguer sugiere a su jefe que Tello Peón quería frustrar la entrada del Mary Nour para evitar un “revés” en su trayectoria profesional.

Esta carta, por cierto, ya no existe. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que no la encuentra en sus archivos. La copia que está en el expediente la obtuvo la Comisión de la administración del puerto de Tampico. Tello Peón negó en su declaración ante el pleno de la CFC que en esta conversación se haya tocado el tema del Mary Nour. El funcionario declinó la petición de entrevista de Expansión a través de la oficina de Comunicación Social de Presidencia.

“La misma carta que el director general de la APIle envía a la SCT (…) reconoce que su percepción fue que Jorge Tello Peón actuó a título personal”, dice Arturo Garza Ulloa, director jurídico de Cemex México. La empresa dice que “no hay caso” debido a que la ley entonces vigente no penaliza la “conspiración” contra alguien que no sea proveedor o cliente. CDM no era ninguna de las dos cosas.

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Juicio en puerta

La Comisión presenta otra serie de argumentos que, sumados, le hacen concluir que se trata de una práctica monopólica. Dice que Cemex tenía el control de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), que en esa época podía opinar si la Administración General de Aduanas (AGA) debía aceptar o rechazar las nuevas solicitudes de registro en el padrón de importadores de cemento. La Canacem opinó entonces que no debían darle dicho registro a CDM “por carecer de infraestructura”. AGA negó el registro. Cemex afirma que en el oficio de la Comisión se reconoce que no hay elementos para afirmar que intervino en esta decisión. Para obtener el permiso para importar cemento, CDM compró en 90,000 dólares una empresa registrada en el padrón de importadores.

Otro argumento de Competencia, basado en un arbitraje internacional, señala que Cemex impidió en mayo de 2004 que una planta en Indonesia le vendiera cemento al intermediario contratado por quienes pretendían importar el producto a México, porque en ese entonces Cemex poseía 25.5% del capital del grupo al que pertenecía dicha planta. Buscó también a un proveedor en Taiwán, pero, nuevamente, la presión de Cemex sobre el vendedor evitó la operación. Cemex dice que el propio oficio reconoce que ni en el juicio arbitral ni en las dos apelaciones se encontró evidencia de que esta empresa hubiera presionado a los vendedores.

Finalmente, el 8 de julio de 2004, la empresa JSC Novoroscement, uno de los productores más grandes de Rusia, le vendió a CDM 26,219 toneladas de cemento a un precio de 35 dólares por tonelada, tres dólares más que lo que originalmente habían pactado con proveedores de Taiwán e Indonesia.

La investigación describe también que el Gremio Unido de Alijadores (GUA), el único grupo de trabajadores autorizado para hacer maniobras en el puerto de Tampico, elevó la cotización original que le ofreció en febrero a CDM de 5 pesos por tonelada de cemento a granel a 9 dólares en julio, cuando el barco estaba a punto de llegar al país. La Comisión cree que este cambio no es imputable a Cemex. CDM, en cambio, piensa diferente. “Cuando nos dio la nueva cotización, Ramón Martínez del Ángel, el líder sindical del gremio, nos dijo: ‘Y mejor ya párenle, porque los soñadores e idealistas terminan tres metros bajo tierra’”, cuenta Bonales, socio de CDM.

Bonales y Alessio dicen que Meseguer les confió que Cemex anticipó pagos al gremio para que pagara deudas con el IMSS. La Comisión no pudo corroborar esta versión. “Que el GUA recibió una importante suma, constituyen argumentos infundados y carentes de valor”, dice Garza Ulloa, de Cemex.

Cemex argumenta que no hizo nada ilegal para impedir la entrada del Mary Nour. Y que el amparo que solicitó para que el buque no pudiera atracar fue porque sus operaciones en dicho puerto estaban en riesgo debido a las maniobras que tendrían que hacer en el canal de navegación, tanto el Mary Nour como los barcos que luego le abastecerían de cemento.

La investigación de la Comisión reveló que entre 2003 y 2005 arribaron al mismo puerto 82 embarcaciones igual o más grandes que el Mary Nour. Sólo en esta ocasión se inconformó Cemex. Hay otras ocho empresas cuyas operaciones en el puerto pudieron ser afectadas, y ninguna se amparó.

Para Cemex, la actividad mediática de la CFC sobre este tema y hacia la industria del cemento es excesiva e injustificada, lo que indica que se ha prejuzgado el caso. Critica también el activismo personal del presidente de la Comisión, Eduardo Pérez Motta, para buscar pruebas en su contra y por revelar a terceros el contenido de las investigaciones del organismo. “Es poco profesional”, dice Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex. Expansión pidió entrevista con Pérez Motta pero le fue negada por ser éste un caso aún en curso.

Llueve sobre mojado

El resultado de la investigación llega en uno de los peores momentos de Cemex. Sus ventas del cuarto trimestre de 2008 cayeron 23%. Su última guía de resultados, emitida en febrero pasado, calculaba que la venta de cemento bajará 5% este 2009, y que la caída en su principal mercado, EU, podría ser 15%.

Cemex lleva casi dos décadas comprando empresas en todo el mundo. La última fue en 2007 cuando adquirió con una oferta hostil la australiana Rinker en 19,000 mdd. Compras hechas con préstamos bancarios. Este año tiene vencimientos por 3,833 mdd, pero en su caja sólo tendrá 1,415 mdd. Para cumplir con sus compromisos debe vender activos o refinanciar su deuda en un momento en que los mercados de crédito están prácticamente cerrados. De hecho, el pasado 9 de marzo Cemex informó que pospuso indefinidamente la emisión de un bono por 500 mdd anunciado tres semanas antes, algo que parecía impensable para una compañía que solía tener líneas de crédito bancarias por miles de millones de dólares.

“Es difícil prever el impacto que tendría una multa de esta naturaleza en la operación del negocio”, dice Vanessa Quiroga, analista de Credit Suisse. “Nunca había sucedido esto en la industria del cemento en México, no hay antecedentes”.

Quiroga comenta que no sabía nada de esta investigación, pero reconoce que no es una sorpresa. “Al tener Cemex la mitad del mercado mexicano del cemento, ha estado latente el riesgo de una investigación por prácticas monopólicas”. Si la actuación de las autoridades fuera más allá de una multa, podría afectar la evaluación de la empresa, afirma.

En ocho meses, el precio de la acción de Cemex cayó 80%, desde 33 pesos a menos de 6. En los últimos dos meses recuperó parte de su valor al cerrar el 8 de abril en 9.94 pesos por acción. En parte es porque el gobierno de EU eliminó las tarifas arancelarias que desde hace 15 años existían para el cemento mexicano y por el plan de recuperación económica de ese país, el cual contempla fuertes inversiones en infraestructura, lo que impulsará la demanda de cemento.

Para algunos, el siguiente capítulo es predecible. “Estamos muy cerca de una sanción”, cree Rafael Valdez, socio del bufete Valdez, Abascal y Brito Anderson, especializado en temas de competencia. “Si la CFC ya emitió un oficio de presunta responsabilidad eso significa que ya compró el tema”.

La Comisión debe analizar este caso al mismo tiempo que examina otro por prácticas monopólicas absolutas del sector cementero, lo que podría derivar en más multas no sólo para Cemex, sino para otras cementeras, como Holcim Apasco, Grupo Cementos Chihuahua, Lafarge Cementos y Cementos Portland Moctezuma y quizá cambios importantes en la composición del sector. Pero esto no sucederá pronto. “Son procesos que pueden durar años”, dice Valdez.

ACTORES PRINCIPALES
En este nuevo capítulo, los protagonistas de la historia son:
Lorenzo Zambrano
Presidente de Cemex, la tercera empresa cementera más grande del mundo, y la más grande en México y EU. Es el segundo empresario más poderoso del país, según el ranking de Expansión. Dice que la actuación de CFC es “poco profesional”.

Jorge Tello Peón
Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue director del Cisen y subsecretario de Gobernación. Le acusan de que, como directivo de Cemex, presionó en 2004 al director del puerto de Tampico, Rafael Meseguer, para evitar que atracara el Mary
Nour.
Eduardo Pérez Motta
Presidente de la Comisión Federal de Competencia. Su mayor éxito es una millonaria sanción a diversos embotelladores de Coca-Cola y al corporativo por incurrir en prácticas monopólicas. El caso de los cementeros es uno de los más importantes para la Comisión.

CDM
Empresa creada para importar cemento que denunció a Cemex por prácticas monopólicas. Los socios son Ricardo Alessio, Luis Bonales y Ricardo Camacho, quienes trabajaron en Cemex entre 1993 y 2002.
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