Destapa Salinas Motors lagunas legales

Secretaría de Economía lanza iniciativa que establece montos de inversión para arancel preferencial; la empresa de Salinas Pliego utiliza esta ventaja y cancela plan de instalar planta en Michoacán.
Salinas motors  (Foto: Especial)
Ulises Hernández

Primero, Ricardo Salinas Pliego dio prácticamente por muerto su plan para construir una fábrica de automóviles en Zinapécuaro, Michoacán, en alianza con la automotriz china FAW, debido a la recesión económica.

Luego, representantes legales de Grupo Salinas Motors (GS Motors) tras una reunión con funcionarios del gobierno de Michoacán, declararon que el proyecto no se cancelaba, sino que se aplazaba hasta 2011 o 2012, pero admitieron que la última palabra dependía de sus socios chinos, quienes aportarían la mayor parte de la inversión, estimada en 300 MDD.

La indefinición del proyecto causó polémica, pues Salinas Motors ya había importado automóviles FAW de China en condiciones preferenciales –sin pagar 50% de arancel– aprovechando los beneficios que otorga el Decreto Automotor a las empresas que invierten en plantas de ensamble en México y pretenden  constituirse como ‘fabricantes nacionales’.

Con la planta de Zinapécuaro en suspenso y Salinas Pliego que sigue vendiendo autos FAW en sus tiendas Elektra, quedaron en evidencia las lagunas de las que adolece el Decreto Automotor. Algunos expertos del sector afirman que mientras no exista inversión de por medio, Salinas Motors está violando el decreto y debe pagar el arancel por los autos que ya importó (se han comercializado unas 5,000 unidades). Otros opinan que el decreto no establece ninguna sanción específica.

La Secretaría de Economía (SE) busca resolver el entuerto mediante una iniciativa de reformas al Decreto Automotor. “El decreto actual no establece cuánto dinero debe invertirse para acceder a los cupos preferenciales”, explica Adalberto González, director de Industria Pesada de la SE. Con la modificación al decreto, habría precisión sobre cómo van a operar las reglas, añade el funcionario.

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La iniciativa, en revisión por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), establece que por cada millón de dólares de inversión en infraestructura se autorizará la importación sin arancel de 150 unidades. Si la misma cantidad se invierte en capacitación o investigación tecnológica, el cupo sube a 300 unidades.

Para Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), aunque el decreto no sería retroactivo, “protege para que en el futuro no tengamos proyectos ‘patito’ que quieran beneficiarse de las cuotas de importación”, añade.

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