PRI y PRD quieren frenar casas de empeño

Senadores buscan fijar topes a las tasas de interés y que la Condusef las regule en vez de Profeco; la Asociación Nacional de Casas de Empeño, que no las agrupa a todas, teme una sobrerregulación.
Adolfo Vélez  (Foto: Adán Gutiérrez)
Óscar Machado

A principios de año, Miriam Ruiz, comerciante de 52 años, tuvo una urgencia médica y se vio en la necesidad de acudir a una casa de empeño y dejar en prenda unas alhajas que heredó de su abuela. Refrendó dos veces su préstamo y al querer retirarlas, descubrió con molestia que sus joyas estaban dañadas: les habían vertido ácido para comprobar su autenticidad, pero al reclamarlo, el local negó su responsabilidad.

Así que la señora Ruiz tuvo que recoger sus alhajas dañadas, pagar dos meses de préstamos más intereses de 20% mensual y el almacenaje. Si no pagaba o no refrendaba al cumplir el trimestre, la casa de empeño subastaría sus joyas, sin poder impedirlo.

Casos como éste se repiten por todo México. En los últimos años se ha registrado un boom de casas de empeño comerciales, a tal punto que se multiplican las denuncias sobre la discrecionalidad y la irregularidad con que operan muchos de estos negocios. Y este año surgieron iniciativas desde el Congreso para establecer nuevos mecanismos de regulación para el sector, a lo que la mayoría del gremio se opone.

No existe un padrón confiable del número de estos establecimientos. Se estima que en el país operan 4,500 casas de empeño, que tienen como mercado potencial a los 40 millones de mexicanos que no tienen acceso al sistema bancario y requieren opciones ágiles de financiamiento.

Pero sólo una de cada tres casas de empeño está autorizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), instancia que supervisa a estos agentes financieros. Hasta abril, tenía registradas 1,449 casas de empeño, menos de la mitad de las que se estima existen.

Los dueños del negocio

Según la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), 90% de los establecimientos son particulares, como Prendamex, Prendalana, Monte Palma, etc., y 10% se concentra en instituciones de asistencia privada (IAP), como el Monte de Piedad, la Fundación Rafael Dondé y el Montepío Luz Saviñón.

El empeño es un negocio boyante, tan sólo en 2008 arrojó ganancias por 1,400 millones de pesos, según cifras de la Anace, y se espera que crezca más debido a la actual crisis. El mercado potencial es tan atractivo que varias firmas estadounidenses adquirieron casas de empeño en México.

En septiembre, Cash America International anunció una inversión de 90 millones de dólares para comprar 80% del capital accionario de 100 tiendas Prenda Fácil. First Cash Financial Services (FCFS) planea abrir de 55 a 60 nuevas tiendas y Ezcorp pretende inaugurar de 30 a 35 casas de empeño.

El problema no es propiamente el auge, sino que muchos establecimientos independientes operan irregularmente. Por ejemplo, no tienen la infraestructura que establece la Profeco para operar como casa de empeño.

Prendamex, uno de los líderes del mercado con 640 sucursales, lamenta que en varios estados del país se abran casas de empeño en garajes. “Son casas de empeño ‘patito’” dice Patrick Comerford, gerente general de Prendamex.

En 2008, la Profeco recibió 689 quejas contra las casas de empeño (casi dos por día) y en el primer trimestre de este año, la cifra fue de 223. Los principales reclamos son la negativa a entregar el producto o servicio, la resistencia a cambios, devoluciones o bonificaciones, y algún cobro indebido.

Una de las principales quejas es que estos establecimientos lucran con sus clientes al concederles créditos sobre garantía prendaria con intereses anuales de hasta 250%.

En enero, personal de la Profeco visitó –como cualquier usuario– cuatro casas de empeño para valuar una prenda de oro amarillo de cuatro gramos y descubrió que los préstamos que daban estos negocios fluctuaban entre 200 y 420 pesos, con un costo anual total (CAT) de 60 a 250%.

Hoy se busca que las casas de empeño tengan el aval de la Secretaría de Hacienda y que sean reguladas por la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios del Sistema Financiero (Condusef), en vez de por la Profeco. Con esto, los préstamos prendarios se regularían como actividades auxiliares de crédito y las casas de empeño serían consideradas parte del sistema financiero y no de un régimen comercial. Incluso, se busca poner un tope a las tasas de interés que cobran.

Una ley para todos

Desde hace más de dos años, se trabaja en el Congreso para establecer nuevas reglas de operación para este nicho de negocio. En el Senado, el PRI plantea una reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, mientras que el PRD promueve la iniciativa de Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño.

“Lo que queremos es que haya transparencia, claridad en las reglas y supervisar su operación. No queremos afectar a las casas de empeño”, explica el senador priista Carlos Lozano de la Torre, uno de los promotores de los cambios.

“Es impresionante cómo han proliferado y también las tasas de interés que cobran, que siendo tan elevadas no llamen la atención de las autoridades”, dice Minerva Hernández, senadora del PRD, quien impulsa la iniciativa de ley.

Tal interés tenían algunos senadores por regular las casas de empeño, que la senadora Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda, pretendía que se aprobara en el periodo legislativo que terminó el 30 de abril, pero no logró el apoyo de todas las bancadas para hacerlo.

El PRI le argumentó que faltaba la opinión de las casas de empeño y que el tema se debía analizar con cuidado; el PAN dijo que ya no había tiempo en ese periodo para hacerlo. Pero los esfuerzos continúan, por lo que se espera que este verano se cuente con un proyecto definitivo que tenga el visto bueno del sector para poder discutirlo y aprobarlo a partir de septiembre, en la próxima Legislatura.

Para los senadores es inminente la regulación de las casas de empeño: así lo han acordado, aunque los empresarios del ramo prendario muestran resistencia a ser regulados.

En defensa del gremio

Adolfo Vélez, presidente de la Anace, asegura que su gremio sí está regulado, paga IVA e ISR, y ha participado antes con las autoridades en la elaboración del marco regulatorio. En 2006 colaboró para que el préstamo prendario se incluyera en la Ley de la Profeco como actividad de comercio y en 2007 participó en el establecimiento de una Norma Oficial Mexicana (NOM 179) para este tipo de créditos.

Lo que preocupa a la Anace es que hoy parece que se busca regular al gremio sin tomarlo en cuenta. Y teme que algunos de los cambios puedan afectar al sector.

“Somos el último eslabón para obtener un crédito, y si nos sobrerregulan, ¿quién ofrecerá el servicio?”, cuestiona Vélez. “No queremos un marco regulatorio que inhiba, que burocratice, sino uno que fomente las casas de empeño”.

Vélez reconoce que se deben incorporar nuevas medidas en la ley para prevenir el lavado de dinero y dar mayor certeza tanto a los prestadores del servicio como a los usuarios. Y afirma que uno de los objetivos de la Anace es mejorar la imagen de la casas de empeño “para que no se les confunda con prestamistas y agiotistas”. La Anace espera elaborar una propuesta conjunta de regulación con los legisladores.

Hasta ahora, sólo la Anace, con sede en el DF, y la Asociación Nacional de Empeño y Joyería, con sede en Guadalajara, han sostenido pláticas con los senadores para llegar a un acuerdo. El problema es que el gremio está disgregado y existen varias asociaciones regionales y estatales.

Las propuestas que generan más oposición entre las casas de empeño son dar a la Condusef facultades de regulador sobre el sector y fijar topes a las tasas de interés.

“Nosotros estamos regulados por Profeco, tenemos un contrato que tiene las reglas del juego claras: cuánto va a pagar de intereses el cliente, cuánto de almacenaje, cuánto es el préstamo que se le dio”, dice Comerford, de Prendamex.

Raúl Feliz, economista del CIDE, opina que sería muy complejo que las casas de empeño sean supervisadas por la Condusef porque su esencia no es la de un ente regulador: “Es necesario establecer formas de protección a los usuarios, pero no convertir a la Condusef en un regulador”.

Más controvertido aún es el tema de las tasas de interés, que en algunos casos son de 360% al año. Jorge López Calvo, gerente de franquicias de Monte Palma, cadena con 20 sucursales, afirma que la propuesta de regular los intereses es inviable: “Es muy complicado hacerlo porque hablamos de avalúos de prendas, en donde intervienen factores como la calidad, el tiempo de fabricación, el material, entre otros”.

“Sus tasas de interés son absolutamente desproporcionadas, ya que éstas deben establecerse en función del costo del dinero y el riesgo, en estas operaciones no se aprecia riesgo alguno”, responde el senador Lozano de la Torre.

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Por su parte, María de los Ángeles Jasso, directora de Contratos de Adhesión y Registros de la Profeco, explica que ni la ley que rige a la Procuraduría ni la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros regulan las tasas de interés. “No tenemos facultades para ello, las tasas debe fijarlas el mercado”, dice. Feliz, del CIDE, opina lo mismo.

Pese a las discrepancias, los legisladores confían en poder sacar adelante una nueva regulación de las casas de empeño. El proyecto, afirman, se encuentra en estudio en la Comisión de Hacienda del Senado y volverá a la palestra a partir de septiembre.

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