La pobreza que viene

A finales de 2010 México tendrá 12 millones de pobres más que en 2006, alerta Jorge Romero León; el consultor opina que la coordinación y los mecanismos institucionales son clave contra evitarlo.
pobreza en México  (Foto: CNN)
Jorge Romero León*

En meses recientes ha iniciado la ansiada recuperación económica. Aunque el optimismo es moderado por la baja competitividad y los limitados factores de producción en la economía mexicana, de forma que aunque se espera un alto crecimiento coyuntural en 2010 (de hasta 5%), se mantiene la baja tendencia para el crecimiento en el mediano plazo (más cerca de 2%).

Con esta base, reincorporar a los más pobres al aparato productivo será complicado. Y hay muchos pobres. Habrá aun más al finalizar el año. Si la tendencia observada en el último bienio se mantiene, al terminar 2010 habrá entre ocho y 12 millones de pobres más de los que había en 2006. Ello nos colocaría en niveles de pobreza y pobreza extrema cercanos o superiores a los del año 2000, y representaría un retroceso de décadas en materia de combate a la pobreza.

Entre 2006 y 2008, el número de personas en pobreza extrema (las que no tienen suficiente para alimentarse aún si dedican todo su ingreso a ello) aumentó 5.1 millones, para un total de 19.5 millones.

El número de pobres creció en 5.9 millones, para un total de 50.6 millones. En otras palabras, cinco de cada 10 mexicanos son pobres, y dos de cada 10 no tienen ni para comer.

Estos datos todavía no consideran el impacto directo de la crisis, en 2009, y aunque no contaremos con datos para valorar cómo se incrementó la pobreza durante el periodo de crisis hasta 2011, es un hecho que aumentará considerablemente.

Si algo ha evidenciado la crisis es la vulnerabilidad estructural en que viven amplios sectores de la población, y la incapacidad institucional del Estado para protegerles e incorporarlos al aparato productivo.

¿Por qué resultó ser tan vulnerable la sociedad mexicana a las condiciones adversas? Porque no se han afianzado las condiciones estructurales para promover la inclusión y la equidad. No se ha generado infraestructura para garantizar atención médica, educación y oportunidades productivas a los más pobres; ni se han generado condiciones de empleo suficientes para romper con el círculo vicioso de la pobreza.

Sin estas condiciones, el limitado alcance de las transferencias condicionadas (el programa Oportunidades), a pesar de todas sus ventajas, es patentemente insuficiente. Si a ello sumamos el drástico desplome de las remesas, que representan ocho veces el monto del subsidio directo a los más pobres (la sola caída de 15.7% en las remesas en 2009 es 1.5 veces el total ejercido por el programa oportunidades en el año), es evidente que el impacto de la crisis en las comunidades marginadas no puede ser mitigado por programas paliativos en el corto plazo.

La buena noticia en este escenario es que no se requieren grandes cambios ni reformas legales para impulsar una transformación. Bastan la coordinación efectiva y el aprovechamiento de los mecanismos institucionales existentes. Un ejemplo es el gasto en salud, que no se ha ejercido a plenitud por la falta de coordinación y confianza entre órdenes de gobierno.

Estudios recientes a cargo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y de la Auditoría Superior dan cuenta de que se ejerce apenas una tercera parte de los recursos disponibles para infraestructura en salud. Es decir, independientemente de que sería deseable contar con más, no podemos siquiera gastar lo que tenemos. Ello importa mucho, porque los datos más recientes de Coneval permiten apreciar que 41% de la población no tiene acceso a servicios básicos de salud.

Para atender esta carencia deben ejercerse los recursos para infraestructura sanitaria, y el cuello de botella existente puede destaparse en el corto plazo si se identifican y se atienden los obstáculos en la relación entre órdenes de gobierno.

El problema es complejo, requiere una convergencia de actores. No hay un solo responsable. No hay una institución que pueda atender el problema por sí sola. En este contexto, importa ser precisos en las recomendaciones. Compete a las secretarías de Salud y de Hacienda mejorar los mecanismos de coordinación. Compete a los estados establecer mecanismos para controlar la legalidad y la calidad del gasto en infraestructura. A los legisladores, llamar a cuentas a los niveles de gobierno sobre la base de los informes que ya le ha presentado la Auditoría Superior.

Si cada uno de estos poderes hace una pequeña parte de lo que le toca, el efecto directo de sus acciones en concierto tendrá un vasto potencial de impacto para mitigar la pobreza que viene. Por ahí podemos empezar: antes que discutir las ‘grandes reformas’ pendientes, pónganse de acuerdo, cumplan con su responsabilidad. Hagan su trabajo. Ya es ganancia.

*El autor es consultor especializado en presupuestos y políticas públicas; transparencia, rendición de cuentas y migración.

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