SAT: opacidad en la rendición de cuentas
La Ley de Acceso a la Información de México atiende el derecho primordial de la ciudadanía de conocer puntualmente el quehacer gubernamental.
Gracias a este derecho podemos conocer los criterios para la toma de decisiones de nuestras autoridades y se facilita la rendición de cuentas -recordemos que ésta es una obligación del gobierno; de ninguna manera un favor. Este derecho es de tal importancia que está reconocido en el artículo sexto constitucional.
A pesar de ello, todavía existen casos de opacidad en los que el interés público queda relegado a un segundo plano. Esta tensión entre el beneficio público y la opacidad al servicio de algunos se evidencia en el caso de la información pública sobre los créditos fiscales cancelados en 2007 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se trata de una polémica entre instituciones sobre el derecho a conocer el impacto y los beneficiarios de una decisión gubernamental.
Al atender una solicitud de acceso a la información, el SAT se negó a revelar quiénes son los contribuyentes beneficiados con la cancelación de estos créditos. El caso llegó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en donde se resolvió su carácter público y, por lo tanto, la correspondiente divulgación.
Se trata de conocer los nombres y las cantidades individualizadas correspondientes a créditos fiscales por un monto de 73,960 millones de pesos (MDP). Pero la rendición de cuentas se vio obstaculizada por un amparo presentado por el SAT para frenar la orden del IFAI.
Antiguo conflicto
En el corazón del conflicto está una problemática que no es nueva en el país: de 2006 a 2010, todos los años ha habido créditos fiscales superiores a 463,000 MDP. La suma alcanza 536,000 MDP.
Para poner los números en contexto, la deuda cancelada en 2007 equivale a más del doble del presupuesto en infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el mismo año, y los créditos fiscales reportados a diciembre de 2009 representan casi 10 veces el presupuesto asignado al Seguro Popular.
La decisión de cancelar créditos fiscales tiene repercusiones en la política pública, lo que impacta a todos aquellos beneficiados por programas públicos.
Es por esto que publicar la información sobre los nombres, los montos y los motivos de las cancelaciones es un ejercicio necesario de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Es información como ésta la que contribuye a disminuir la suspicacia de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos . Su publicidad puede reducir la evasión y la elusión fiscal.
La reticencia del SAT a cumplir la ley y respetar la Constitución no se da en un momento cualquiera. En primer lugar, la economía mexicana aún está en recuperación y la necesidad de fortalecer las finanzas públicas con ingresos recurrentes no petroleros es imperativa.
Opacidad en los recursos públicos
Y es justamente con este objetivo que se le pide a la ciudadanía aportar más al fisco; sin embargo, no se rinden cuentas apropiadamente sobre el ejercicio de los recursos públicos. Como recaudador, el SAT no se hace cargo de la crisis de confianza que genera, tampoco del impacto negativo en la aceptación a las reformas fiscales necesarias.
En segundo lugar, el gasto del gobierno se ha calificado como ineficiente y discrecional tanto por el Poder Legislativo como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las oportunidades de mejora simplemente son desaprovechadas por el SAT.
Tristemente, este caso es sólo uno de muchos en los que la información indispensable para la rendición de cuentas simplemente no se facilita. Los datos sobre temas presupuestarios o de seguridad pública se caracterizan por ser difíciles de obtener.
Paradójicamente, hoy los temas más álgidos de la agenda pública son, precisamente, los de seguridad y el uso y recaudación de recursos públicos. En suma, criterios de máxima publicidad no se aplican aun cuando hay un claro consenso de que el interés público se superpone ante la opacidad.
Es de sabiduría popular que es mejor admitir los errores y proponer un plan de enmienda; sin embargo, esta sabiduría parece no haberle llegado todavía al gobierno mexicano.
*El autor es investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
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