&#34No existe país que no haya abierto

Mientras los precios del petróleo suben, el esquema fiscal de Pemex sigue intacto. Y la reforma del

La mirada de Luis Téllez, que nadie lo dude, es 100% pragmática. Varios mitos se han tejido, desde hace muchos años, sobre los sectores petrolero y eléctrico. Él es el encargado de la política energética de México y, en charla con Expansión, hace varios llamados. Los más importantes: una reforma fiscal que incluya necesariamente a Pemex y la apertura del sector eléctrico.

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Nadie esperaba tan pronto la recuperación de los precios del petróleo. ¿Qué impacto real tiene esto en la política energética del país?
El petróleo ha sufrido un cambio enorme en sus condiciones fundamentales de mercado en los últimos nueve meses. Por un lado, los acuerdos a los que llegó México con Arabia Saudita y Venezuela, que después fueron ratificados por la OPEP y a los cuales se adhirió Noruega y otros países no miembros de esa organización como Omán, Egipto, etcétera, han llevado a un aumento en los precios muy importante por la reducción de la producción mundial de petróleo (en aproximadamente 7%). Además, la economía estadounidense continúa creciendo y las economías asiáticas se han recuperado sustancialmente. Hay factores de oferta y de demanda, lo cual ha tenido un impacto muy positivo sobre las finanzas públicas mexicanas. Llegamos a cotizar el crudo mexicano a menos de $7 dólares por barril y hoy día el precio está entre $21 y $22 dólares.

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También tiene impacto sobre los planes de expansión del sector en México. Tenemos una de las zonas petroleras más rentables del mundo. Extraemos petróleo a costos muy bajos, con costos marginales de extracción en algunos yacimientos por debajo de los $2 dólares, por lo que, obviamente, el aumento en el precio representa un ingreso muy importante para el fisco mexicano. De cualquier modo, Pemex había entrado en un proceso de expansión muy importante que, a menos de que los precios se derrumbaran a $3 dólares por barril o una cosa así que no hiciera rentable la expansión de los programas de producción, se hubieran disminuido. De principio de la administración a la fecha, solamente en Cantarell, que es el campo más importante, se ha logrado un incremento de 600,000 barriles diarios potenciales; estábamos produciendo un millón, y ahora tenemos capacidad de producir 1.6 millones. No estamos vendiendo todo precisamente por los acuerdos que tomamos con otros países productores, pero México ha emprendido una expansión muy importante en su plataforma de producción, lo que le da márgenes de poder aumentarla cuando así convenga, o reducirla y mantener la presión.

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El petróleo tiene muchos significados para los mexicanos y está envuelto por varios mitos. Intervienen sentimiento de catástrofe y de abundancia. ¿Cómo debemos verlo realmente? ¿Cómo desmitificarlo?
Creo que hay que ver el petróleo como lo que es: un recurso natural que da ingresos al país para que se pueda invertir en infraestructura, en capital humano y en el financiamiento del gasto público. Al tener precios bajos lo que ocurre es que la rentabilidad de las inversiones son menores y hay menores ingresos públicos por conceptos petroleros, y obviamente eso tiene una consecuencia sobre el bienestar de la población. Recordarán que en 1998 hubo que ajustar en tres ocasiones distintas el gasto público. El hecho de tener precios altos es una situación contraria: contribuye al financiamiento del gasto público y, lo que es importante y lo señaló el secretario de Hacienda en su comparecencia, es que los ingresos adicionales que estamos obteniendo por petróleo –a pesar de haber recortado 125,000 barriles diarios– permitirán financiar el gasto público tal como se había previsto y cumplir con las metas presupuestales en materia de gasto social, infraestructura, etcétera.

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Uno de los puntos fundamentales, que también el secretario de Hacienda ha señalado –y yo también en distintas ocasiones–, es que México ha tenido un crecimiento muy importante de su economía no petrolera. Las exportaciones petroleras representan un porcentaje menor a 10% del total del país, cuando hace apenas algunos años representaban 75%.

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No obstante, la dependencia fiscal de los ingresos petroleros es todavía muy grande
Todavía lo es. Por eso es fundamental que, aun cuando México continúe siendo un país petrolero importante, se lleve a cabo una reforma fiscal. Y, bueno, esto no depende únicamente del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo. Ahí está el caso de Noruega, donde se ha logrado tener ingresos por este concepto pero con un peso menor en los ingresos totales. De este modo los movimientos en los precios no afectan el gasto y, por el otro lado, los ingresos petroleros eventualmente pueden ayudar a construir un fondo de estabilización económica o de desarrollo en x o y materias. Necesitamos hacer una reforma fiscal que reduzca la dependencia de los ingresos petroleros.

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¿Existe ya una propuesta armada para ello?
Sé que la Secretaría de Hacienda ha venido trabajando en ello y que tiene propuestas muy específicas para el tema. Parte de la reforma fiscal integral implicará necesariamente una reforma fiscal para Petróleos Mexicanos. Es importante darle a Pemex un nuevo esquema fiscal que le permita mayor flexibilidad en sus inversiones.

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¿La alcanzaremos a ver en este sexenio?
No sé. Yo creo que en este periodo de sesiones habrá una discusión importante sobre el presupuesto, pero no veo la ventana política para poder realizar una reforma fiscal importante. Aunque, bueno, todavía quedan un año y algunos meses del sexenio. Es muy importante.

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Un cambio en el régimen fiscal de Pemex, ¿daría viabilidad a mantener la estructura de esa empresa como la conocemos? ¿Cómo dejar de ser productores primarios y desarrollar cadenas de mayor valor agregado? ¿Cómo dejar de importar tanta gasolina?
No estamos importando mucha más gasolina, sino menos que el año pasado, y estamos invirtiendo cantidades muy importantes en las refinerías de Cadereyta y de Madero para poder producir las gasolinas de altas especificaciones que necesitamos en el país. En los próximos días se decidirá, con base en los resultados, quién es el ganador de las licitaciones de las refinerías de Tula y de Salamanca. Entonces, está habiendo una reconfiguración y modernización de los sistemas de refinerías del país.

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En el caso de las petroquímicas efectivamente se ha invertido poco, porque es mucho más rentable invertir en el petróleo que en petroquímica. La tasa interna de retorno del petróleo es enorme, en algunas de las inversiones que hemos realizado es mayor al 1,000%. Parece una cifra financieramente fuera de lugar, pero tenemos inversiones que tienen 1,000% de retorno, mientras que en la petroquímica las tasas son de 20 a 30%, cuando mucho. Para el Estado es mucho más conveniente invertir un peso en petróleo crudo que en petroquímica y por eso buscó que el sector privado pudiera invertir en las plantas de petroquímica secundaria.

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¿Qué es lo que ocurrió ahí realmente?
Lo que ha ocurrido es que al principio de la administración se buscó una inversión de 100% en algunas plantas, pero hubo algunos problemas porque había una indefinición legal de qué era petroquímica secundaria, que es en la que puede intervenir el sector privado, y cuál era primaria, en la cual la Constitución reserva su producción al sector público. No estaba bien definido. Hubo que hacerlo y, después, surgieron ciertos problemas porque el propio Congreso de la Unión recomendó al Ejecutivo –en una recomendación básicamente vinculatoria, porque estaba en el dictamen de aprobación de la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional en materia de petróleo– que si se capitalizaban las plantas de Pemex Petroquímica que producen petroquímicos secundarios (que también puede generar el sector privado) que nada más se hiciera con una venta de 49%. Lo tratamos de hacer dando derechos de minoría muy sólidos, estableciendo un esquema de reinversión de utilidades y otras figuras, para que hubiera certeza para el inversionista que el gobierno reinvertiría, pero el sector privado consideró que eso lo colocaba en una situación demasiado riesgosa al no tener el control corporativo de las plantas. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Por tanto, dada la restricción presupuestal que enfrentaremos el próximo año, estamos viendo cómo podemos darle viabilidad a estas plantas, independientemente de su situación como empresas públicas o si encontramos esquemas de financiamiento que lo permitan hacer.

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Más allá del régimen fiscal, ¿cuáles son los más importantes retos del sector petrolero mexicano?
Uno de los retos importantes es que en todo el mundo está habiendo una sustitución en ciertas industrias. La industria eléctrica es un extraordinario ejemplo: se está sustituyendo el uso de petróleo o de algunos derivados refinados por gas. El gas se está volviendo uno de los combustibles más utilizados en el mundo. Las nuevas plantas de ciclo combinado de las empresas industriales modernas se están convirtiendo a gas; en primer lugar, por las ventajas de precio y de eficiencia calorífica que tiene el gas; en segundo, por sus ventajas ambientales, ya que es un combustible muy poco contaminante. Esto ha cambiado mucho la demanda interna de combustibles y, sin lugar a dudas, uno de los retos grandes dada la estructura constitucional que tiene el país en materia de hidrocarburos, es que Pemex produzca más gas para que haya el suficiente en el país, porque importarlo cuesta más.

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Otro de los grandes retos es mantener e incrementar los niveles de producción de petróleo crudo, tanto para el mercado interno como para el externo, al ser una fuente de ingresos fiscales muy importantes, y continuar con todo el sistema de reconfiguración de las refinerías.

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En el caso de la petroquímica el reto es dar una solución de inversión que permita modernizar las plantas, pero que no implique recursos fiscales, porque estos tienen una rentabilidad más alta en otros proyectos.

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Han pasado ya ocho meses desde que el presidente Ernesto Zedillo envió la iniciativa de reforma constitucional para reestructurar la industria eléctrica. Ha habido foros y debates, pero la reforma sigue atorada. ¿Va o no va?

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El Presidente de la República cumplió con su deber de plantear una solución a un reto enorme que tiene México: el crecimiento del sector eléctrico. Y el reto es doble: no es únicamente el crecimiento, sino la modernización del sector, que sea dinámico y responda a reglas de mercado. No hay país en el mundo que no haya abierto su sector eléctrico; no hay país que no esté en este momento en un proceso de cambio importante en las reglas de operación de los sistemas eléctricos, inclusive Estados Unidos; no hay país que no esté abriendo sus sistemas de transmisión para que distintas plantas le vendan a distintos consumidores, y ya no bajo un sistema de un monopolio local regulado. Con esos dos propósitos el Presidente mandó una iniciativa que está en el Senado de la República. El PRI planteó claramente una respuesta a la propuesta del Presidente, que ha salido publicada en distintos medios, en la que hace sus comentarios y sus aportaciones. El PAN señaló abiertamente que en este momento no votaría por la iniciativa eléctrica, pero claramente el país necesita un cambio y yo creo que lo responsable es tratarlo como lo que es: un cambio en la forma de organizar el aprovisionamiento de un bien básico para toda la economía y para el desarrollo de cualquier país.

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¿Está en un momentum o en un impasse la reforma?
Yo creo que está en un impasse. El PAN ha señalado que no existen en este momento –y me gustaría enfatizar en este momento–, las condiciones para discutir este proyecto, y obviamente se requiere de más de un partido para que un proyecto de esta magnitud pueda pasar, porque requiere un cambio constitucional. Hay que verlo con la responsabilidad que el caso merece, hay que tener muy en cuenta, en primer lugar, el cambio enorme que se ha dado en el resto del mundo y que nos dejará rezagados si nosotros no entramos. Y hay que considerar además la cantidad de recursos tan importantes que se requieren para que el sector eléctrico pueda crecer.

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El PRI manifestó su apoyo público a la iniciativa, pero solicitó algunas modificaciones, como que la Comisión Federal de Electricidad se mantenga como una empresa paraestatal, que se conserve la operación de las centrales hidroeléctricas y que la generación geotérmica quede reservada al uso del Estado. ¿Esto no entra en conflicto con la iniciativa presidencial?
30% de la energía se genera a través de plantas hidroeléctricas y se establece en el propio documento del PRI que sean mayoritariamente del Estado. Esto es muy importante porque muchas de las hidroeléctricas tienen equipos viejos que requieren modernizarse y con un cambio en la forma de administrar las empresas del Estado, dándoles autonomía, etcétera, se podrían asociar con tecnólogos y participar en un mercado en el que habrá competencia de muchas empresas independientes.

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Y en el caso de la oposición, ¿qué tan amarrada está la discusión de la reforma al ambiente preelectoral?
Creo que mucho, porque como muchas otras iniciativas, el hecho de que no se discuta tiene que ver con el ambiente preelectoral. Lo que es delicado es que el país tiene un reto en materia de electricidad y hay que presentar propuestas. Si a los partidos de oposición o a alguno de ellos no les gusta la propuesta del Presidente, él habló muy claramente: que presenten las propuestas que den viabilidad financiera al sector y competitividad a la industria eléctrica mexicana.

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Revisando la iniciativa presidencial y los anteproyectos de Ley de la Industria Eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad y del cosen, no se habla con claridad del destino de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué sucederá con esa empresa?
Luz y Fuerza del Centro es una empresa de distribución y se establece que puede haber concesiones de distribución. Puede quedársela el Estado o puede concesionarse. Obviamente Luz y Fuerza tiene retos muy importantes que resolver en materia de productividad, todos sus indicadores son más bajos que lo de la Comisión Federal de Electricidad. Si lo comparamos con empresas internacionales, pues tienen problemas gravísimos. Es muy importante trabajar en Luz y Fuerza para que, independientemente de quién detente los derechos de propiedad, se vuelva una empresa eficiente y sin subsidios (recibe más de $1,000 millones de dólares anuales por este concepto).

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¿Se contempla su desaparición como tal?
No. Tiene una zona de distribución bien delimitada y se puede trabajar entre las autoridades, nosotros, la dirección de la empresa y el sindicato para lograr estándares adecuados de productividad.

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El sindicato de Luz y Fuerza ha manifestado su firme oposición a la iniciativa ¿Cómo piensan enfrentar esta resistencia de casi 35,000 trabajadores?
CFE, que genera 98% de la energía del país, transmite 98% y distribuye 76%, opera con 76,000 trabajadores. LFC, que hace el resto (2-2-24), lo hace con 35,000 trabajadores. Ese es parte del problema y hay que trabajar con el sindicato para encontrar una salida viable a la empresa, porque al contribuyente le cuesta $10,000 millones de pesos al año. Y esto va creciendo.

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¿Cuáles serían los beneficios en términos de inversión y empleos de aprobarse esta reforma? ¿Cuáles serían los costos de que no se aprobara?
Los beneficios son muy claros: una inversión muy importante que no únicamente permitiría aumentar la capacidad necesaria para hacerle frente a la demanda que está generando el país. Además, establecer un sistema de mercado y de libre entrada al sector eléctrico permitiría modernizar muchas de los sistemas de generación que hoy existen y todos los sistemas de distribución. Las ventajas serían enormes en términos de bienestar, de competitividad y permitirían una mejora sustancial de la infraestructura eléctrica del país. Hace poco tuve la oportunidad de estar con uno de los presidentes de las empresas automotrices grandes del país y me decía que ellos, en la propia empresa, tienen un sistema de competencia para ver dónde establecen una planta nueva y que uno de los factores es la disponibilidad de energía de calidad con precios adecuados, y que ellos ven en este sentido a Brasil mucho más competitivo que México. Esto es preocupante. No podemos tapar el sol con un dedo. Somos el único país que mantiene un monopolio de abastecimiento único en materia de electricidad.

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¿Existe una estimación de cuánto dinero entraría en inversión y cuántos empleos?
En los siguientes cinco o seis años creo que entrarían entre $35,000 y $40,000 millones de dólares. En empleos no tengo un cálculo, pero serían muchísimos.

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