&#39&#39Hago un programa de productivida

La firma del Acuerdo para el Campo es, según el funcionario, un trámite político para comenzar la

Un agricultor de Mexicali quiso presumir ante Javier Usabiaga sus campos de trigo durante la última Expoagro. Pero el rey del ajo, exitoso productor y exportador, no es fácilmente impresionable: “Hombre –le recriminó indignado– esto es un insulto, hay que nivelar las espigas por láser, esto está pésimamente trabajado.”

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El tacto no es una las mejores virtudes del titular de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 62 años, único miembro del Ejecutivo que acompaña al presidente Vicente Fox desde que era gobernador en Guanajuato.

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En política, esta crudeza de hombre de campo le ha costado abucheos de los campesinos y puso en algunos apuros a la Secretaría de Gobernación cuando negociaba con las organizaciones que tomaban las calles del Distrito Federal. El problema del agro, según él, es la falta de productividad de los cultivos, el minifundismo y el monocultivo. Para los más de nueve millones de personas que viven de la tierra sólo queda “buscar otras fuentes de ingreso”, dice en una entrevista en su despacho.

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Una vez fijada la frontera entre el campo con acceso a mercados y el necesitado de reconversión, la Sagarpa quiere desde 2000 fortalecer a los productores medianos con el fin de eliminar los altos márgenes de comercialización y respaldar al sector exportador. El de autoconsumo quedará en manos de los programas sociales.

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Tras la firma el 28 de abril del Acuerdo Nacional para el Campo, con ocho de las 13 organizaciones que se manifestaban, Usabiaga considera que tiene las manos libres para consolidar su programa económico. Pero dos años y medio después de asumir el cargo los retrasos impacientan a su natural aliado, el sector empresarial. El Consejo Nacional Agropecuario ha manifestado que antes de signar un nuevo acuerdo hace falta aterrizar los anteriores, el blindaje agropecuario y la ley de desarrollo rural sustentable. “Muchos planes –lamentó Armando Paredes, presidente del organismo– poca instrumentación”.

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Unas mesas de trabajo se encargarán de desarrollar los puntos del acuerdo. La Secretaría de Hacienda tendrá la última palabra sobre cuánto dinero irá a parar a programas dirigidos a defender los ingresos de los productores, que garantizan unos precios superiores a los del mercado internacional.

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TLCAN
El acuerdo prevé iniciar “consultas inmediatas” con Estados Unidos y Canadá para revisar lo establecido en maíz blanco y frijol dentro del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué van a hacer?
Les preguntaremos: “Oye, ¿me aceptarías un mecanismo de administración de las importaciones?” Por ejemplo, podemos decir a la unión americana y Canadá: “Exporta frijol sólo en febrero, marzo, abril, mayo y junio, y deja de hacerlo el resto de los meses.”

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También se suspenden los cupos libres de arancel para el maíz blanco, excepto en “casos comprobados de desabasto…”
Este año debemos darles un cupo de [importación] de 3,650 millones de toneladas de maíz amarillo e incluso les daremos un adicional de otros tres millones de toneladas. Desde sus inicios, la administración se dedicó a separar. Somos altamente deficitarios en maíz forrajero y altamente superavitarios en maíz blanco.

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¿Y el frijol?
Estados Unidos no producía este grano y debería ser un importador más. El atractivo del mercado mexicano los hizo convertirse en productores. Tenemos un problema: nuestra producción de frijol depende de condiciones climatológicas. Cuando hay buen temporal, la cosecha inunda el mercado. No hay condiciones para almacenarlo ni para venderlo. Por eso sacamos la Norma de emergencia para importación de frijol.

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Con esa norma, ¿se quiere limitar las importaciones del país vecino?
No es para afectarlos a ellos. Su irritación con nosotros se debe a la condición fitosanitaria que incluimos en la norma oficial, exigida por nuestra legislación.

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PROGRAMAS PREFERENTES
Usted calificó las marchas de políticas…
En un campo muy politizado, lo primero que buscamos para poder instrumentar las acciones es un acuerdo político. Pero el problema del campo mexicano es estructural.

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En ese caso, el Acuerdo establece recursos para 2003 –agrega $18,820 millones de pesos al presupuesto de $67,528 millones–, pero no dice nada de los años siguientes.
Nuestra Constitución nos impide hacer presupuestos multianuales. Por eso fijamos programas con preferencia presupuestal, como el Programa Nacional Ganadero (Progan) con apoyos por vientre de bovino a seis años. También está el del Ingreso Objetivo, una especie de Farm Bill ranchero con apoyos por tonelada, donde se fija un ingreso para los próximos cinco años en cultivos como maíz, sorgo, trigo, arroz y oleaginosas menores. Si caen los ingresos, sacrificaremos cualquier otro programa para mantenerlos.

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¿No se apoya demasiado a los grandes productores –5% del total– olvidando a los otros?
Es un problema latente en los programas de respaldo a la comercialización y en los de ingreso objetivo. Pero no es cierto que sea así, porque en Procampo, que tiene 33% del presupuesto, 87% de los destinatarios tienen menos de cinco hectáreas.

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¿Hay un programa de productividad para reducir la brecha con Estados Unidos?
Hay uno que resuelvo en 48 horas. Aplicando la tecnología, llevando el crédito oportunamente, mecanizando el campo donde se pueda hacer, no sembrando áreas que no son productivas.

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Esas zonas improductivas deben depender, según ha dicho en otras ocasiones, de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿De cuánto terreno estamos hablando?
Se trata de 32% del total, pero varía mucho por estado. Ese es el programa que queremos que adopten los productores, porque no podemos pensar en una sociedad de autoconsumo en el siglo XXI. A ésta hay que darle la oportunidad de que se transforme y luego elimine el minifundio y el monocultivo.

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La reconversión en una superficie mayor expulsa gente del campo y esto requiere otras alternativas de ingresos. Por eso en el Acuerdo hay planes de atención a la salud, a la educación y a la capacitación. Nos quedamos muy cortos, pero no necesitamos meter otros compromisos al documento para hacerlos.

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COMERCIALIZACIÓN
Existe un problema histórico por los altos márgenes que cobran los intermediarios, ¿no es así?
El productor debe apropiarse de los procesos comerciales. Necesitamos trasladar el ejemplo de El Bajío a todo el país. Hoy el agricultor está atento a los mercados y encuentra los apoyos necesarios para financiar su cosecha, tener liquidez y cubrir el costo financiero.

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Pero sólo un porcentaje mínimo de productores tiene acceso a la información…
Hace seis años no había ni uno. El año pasado apoyamos a 191,000 agricultores en la comercialización. De un total de seis millones, 250,000 llegan al mercado y 750,000 pueden hacerlo si les damos un empujoncito.

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¿Cómo afectará el Acuerdo para el Campo a la agroindustria?
Bastante, porque se liberan los mercados. Tenemos un programa de agricultura por contrato que dará mayor transparencia. Se crearán coberturas para que el productor no venda más barato y el comprador no adquiera más caro. A fines de junio arrancará la primera caja rural.

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Respecto al costo financiero, ¿cuál es el plan?
Por medio de la Financiera Rural necesitamos adecuarnos a los esquemas financieros. El grano almacenado debe recibir un crédito preferente. Hoy todavía la tasa es de 14%.

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La reorganización del crédito agrario aumentó el déficit fiscal del año pasado ¿Cuál será la diferencia radical respecto a Banrural?
Lo que costó fue la liquidación de Banrural. Los que hablan del presupuesto nunca especifican cuánto le han costado a este país las ineficiencias estructurales, la mala administración de los recursos destinados a actividades que no eran totalmente transparentes.

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¿La Financiera Rural fondeará a instituciones campesinas de crédito?
Ya se otorgaron los primeros 10 permisos a las Sofol (Sociedades Financieras de Objeto Limitado). Esperamos que para finales de año tengamos entregados  entre 20 y  25. Estas agrupaciones tienen que ser especializadas, con un programa y un objetivo. En los primeros cinco años se les dará una garantía de Fira, un fideicomiso del Banco de México.

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SEMBRAR BILLETES
Algunos creen que el Acuerdo se firmó para las elecciones…

Sí, hay muchos conceptos que apuntan casi exclusivamente a satisfacer una demanda política, pero también es cierto que más de 200 acciones van a beneficiar mucho al campo, como la reducción de costos y la reorganización institucional. Con está última bajamos de siete secretarías de Estado con distintas reglas de operación a una sola que atiende al sector rural.

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Pero, ¿hay recursos?
El Señor [Francisco] Gil Díaz está parado de pestañas por esto del Acuerdo. Nuestra Secretaría no comparte esa visión de presupuesto, presupuesto y presupuesto... Yo tengo 46 años como agricultor y todavía no aprendo a cosechar dinero. He logrado sembrar cosas que dan efectivo. Para la actividad productiva se requiere crédito, inversión, modernizar los mercados.

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¿Espera que las organizaciones reduzcan su agresividad?
No, porque de eso viven; pero aquí buscamos el respaldo de la sociedad civil, la responsabilidad de las personas que están involucradas.

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