Adiós al dispendio insultante

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Los editores

El nuevo Congreso de la Unión ha iniciado sus labores con el pie derecho. Por vez primera en la historia de este país, los mexicanos sabremos exactamente cuánto perciben nuestros representantes.

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Detrás de la sabia medida que implica que los legisladores no reciban aumentos de sueldo ni pagos extra por participar en comisiones, además de dejar claramente estipulado el salario de los diputados ($35,000 pesos), hay un intento de transparencia que merece ser aplaudido. Adiós, por fin, al dispendio insultante que durante años ha asolado a este país.

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Este esfuerzo, no obstante, debe ser compartido por todo el sistema de gobierno. Todavía hoy, en la Presidencia de la República, en los gobiernos estatales, en las secretarías de Estado, en las empresas paraestatales, en las procuradurías y en el Poder Judicial, el manejo de las nóminas se mueve en archivos secretos. Las famosas recompensas y privilegios (bonos, aguinaldos, primas, corridas...) superan, con creces, los sueldos estipulados a los servidores públicos. Sobra señalar que el papel que al respecto juega la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo es insuficiente, por el simple hecho de que es un órgano fiscalizador sin autonomía ni independencia, amén de que no ha evitado el enriquecimiento ilícito de centenas de funcionarios.

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Hasta el cansancio se ha acusado a la banca mexicana de los malos manejos de dinero ajeno. Los tristemente célebres créditos relacionados han convertido en delincuente a más de un banquero, por utilizar recursos de terceros para su propio beneficio. ¿No debería interpretarse de la misma manera el hecho de que un funcionario gubernamental se -auto-obsequie un generoso aguinaldo con dinero público? ¿O que un secretario de Estado se sienta merecedor de cuatro o cinco sustanciosos bonos anuales en tiempos de necesaria austeridad? ¿A cuenta (y a costa) de quién se sienten con el derecho de incrementar con tanta facilidad sus estándares de vida? Tomar dinero de los ahorradores es un delito, mientras que utilizar el de los contribuyentes es natural en el sistema político.

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Ni duda cabe: los funcionarios públicos deben estar bien pagados. Pero eso aplica tanto para el policía de la esquina como para el Presidente de la nación. Sus remuneraciones deben brindarles una vida digna, que les evite caer en la tentación de “mordidas”, negocios oscuros o tesoros compartidos del narcotráfico u otras muchas fuentes de abuso. Pero las percepciones deben ser realistas y transparentes. El ejemplo está presente en el Poder Legislativo.

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