Apertura económica, cerrazón política

En la búsqueda de un modelo exportador efectivo, un paso fundamental es desterrar la toma de decisi
María Hope

El establecimiento de un orden distinto de prioridades y el diseño de una estratégica de largo plazo, dirigida explícitamente a afectar de manera positiva la dinámica de la competencia y las condiciones de la competitividad, son dos de las demandas más urgentes de los actores productivos.

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El doctor Víctor M. Godínez Zúñiga, catedrático de la Universidad de las Américas y socio del despacho Economía y Política Internacional (Ecopi), afirma que ni con Miguel de la Madrid, ni con Carlos Salinas de Gortari, ni hasta ahora con Ernesto Zedillo, se definió qué sectores, y por qué, debían o podían ser aquéllos en los que descansara la apertura económica; cuáles iban a responder de una manera más eficiente; cómo podían arrastrar a otros sectores; cuáles serían los perdedores; qué medidas de acompañamiento habría que implementar facilitar su transición, y cómo se ordenaría la reasignación de recursos de los sectores perdedores hacia los que se beneficiarían de la apertura.

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Lo que le falta al PND. Para muchos, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sigue siendo algo poco específico. Escépticos, piensan que aunque existe un compromiso explícito de aterrizar el (PND) en planes y programas sectoriales concretos, pretender hacerlo en unos cuantos meses, como se anunció, parece o ingenuo o poco serio. "Un plan de largo plazo", dice Luis Bravo Aguilera, quien fuera subsecretario de Comercio en la administración delamadridista, "no puede hacerse en cinco meses".

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Haciendo oídos sordos a las demandas empresariales por diseñar una política transexenal, la nueva plataforma zedillista está claramente enmarcada dentro de los límites temporales de su mandato constitucional. Por lo visto, pretender incidir de manera directa y explícita en el futuro postsexenal, sigue siendo un tabú para el sistema político que ha regido los destinos de esta nación desde hace más de medio siglo.

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En el número dos de la Carta Ecopi que bimestralmente pública el despacho del mismo nombre, el economista León Bendesky escribe que en el marco de la reforma comercial, el incremento de la competitividad no exige que todas las actividades productivas sean exportadoras; las empresas "que no exportan pueden contribuir eficazmente con insumos para productos exportables, o bien sustituir importaciones, lo que genera divisas de manera indirecta. Es factible entonces plantear políticas industriales que favorezcan la integración de cadenas productivas para la exportación y la sustitución de importaciones en el marco de una economía abierta".

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Pero, ¿quién debe plantear estas políticas? ¿quién las ha planteado? Según Godínez, en México existe un problema de fondo que lo permea todo: la formulación de la política económica -y en general de toda la política- ha sido siempre un ámbito cerrado, "un ejercicio estrictamente privado de los funcionarios públicos". Cada vez que se implementan soluciones a los problemas económicos "suele decirse -y esto es un argumento autoritario- que ese era el único camino".

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Para el catedrático "en una economía siempre hay problemas, pero el asunto es qué tipo de problemas son, cuál es su magnitud y cómo se enfrentan. Y no puede ser que en México sólo un pequeño grupo pretenda entenderlos y resolverlos, porque entonces lo que a fin de cuentas tenemos son soluciones autoritarias o que corren el riesgo de serio. Y si en algún momento ha tenido sentido hablar de economía política es ahora, porque los problemas que tenemos en la economía no son técnicos, ni de accidentes del mercado, sino políticos, porque se sitúan en el centro de una de las grandes carencias nacionales: la falta de democracia o la caricaturesca democracia que existe en nuestro país".

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¿En verdad se escuchó a todos? Los organismos cúpula del sector empresarial reconocen haber tenido voz en este proceso y admiten que sus propuestas quedaron incluidas, en lo general, dentro del PND. Sin embargo, no todos lo celebran con el mismo beneplácito.

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Franco y directo, Juan Autrique, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), piensa que no basta hacerse oir. Mientras que en países como Corea, Hong Kong, Indonesia y Taiwán, "se forman comités mixtos en los que el sector privado participa con voz y voto, aquí se participa en muchas reuniones, pero nada más para cubrir el expediente".

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En dichas naciones, agrega, "de veras se respeta la opinión de los participantes en las comisiones, y esas existen y sobreviven al gobierno, ahí es donde se hace la planeación". Aquí, en cambio, la planeación se hace sobre el escritorio, sin la menor idea de cómo funcionan los negocios.

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Francisco López Barredo, hasta hace poco presidente del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), se siente en cambio satisfecho porque el PND incorporó sus tesis en materia de reforma fiscal, ahorro -interno, infraestructura, financiamiento, etcétera. Y aunque observa en la cortedad de su mira sexenal una limitación importante, acepta que "el nuevo modelo de desarrollo puede tener ajustes o modificaciones para enfrentarnos a la problemática coyuntural y a la que pueda presentarse por efecto de otros fenómenos".

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Junto con Autrique, considera que los tratados comerciales signados con distintos países están jugando un papel decisivo en materia de política comercial, pues son compromisos de largo plazo, establecidos de común acuerdo, que además de ser muy benéficos para México, han constituido una tabla de salvación en la presente coyuntura.

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Algunos empresarios están pugnando porque planes y reformas sean materia de debate nacional en el Congreso, para que adquieran carácter legal y no puedan ser modificados radicalmente de la noche a la mañana, pero otros piensan que es ingenuo: "En México el Congreso no interviene, o interviene sólo para sancionar lo que. el Ejecutivo determina", opina Godínez, mientras Autrique afirma: "Necesitaríamos un Congreso que no estuviera controlado mayoritariamente".

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