Bancos bajo la lupa

La banca mexicana se somete a criterios contables más rigurosos para garantizar su solvencia, pero
Lucía Pérez-Moreno

La crisis financiera de 1995 puso en evidencia las deficiencias del catálogo de cuentas, mecanismo contable que permitió a los bancos mexicanos tomar riesgos excesivos, al no tener que presentar reportes detallados de sus reservas y cartera vencida.

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Como medida de blindaje, se delineó en 1997 un nuevo esquema regulatorio para las instituciones de crédito, basado en estándares internacionales. La implantación de los llamados principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), establecidos en 1988, permite a los mercados y a las autoridades nacionales tener información de mejor calidad sobre los bancos.

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Entre otras transformaciones, se modificó la manera en que se calculan reservas, activos y cartera de crédito. “Con estos cambios tenemos una foto más amplia de la situación financiera de los bancos”, dice Sergio Duque, vocero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia responsable de emitir nuevas reglas de contabilidad para las instituciones del ramo y de vigilar su cumplimiento. Además, los PCGA aseguran una mayor solvencia de los bancos al establecer una cobertura de 60% de los activos o de 4% de su cartera total sobre su cartera vencida, lo que ocurra primero.

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Las reformas contables fueron rápidamente asimiladas por la banca mexicana. “No hubo una sola institución que no cumpliera con ellas”, dice el entrevistado. La mayoría ya venía haciendo una doble contabilidad de acuerdo al USGAP, debido a que se trata de una condición para cotizar en el mercado financiero estadounidense.

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El problema, sin embargo, es que con las nuevas medidas no hubo ni  un banco que cumpliera con los requisitos de cobertura de riesgos de créditos. Eduardo Fernández, el presidente de la CNBV que en su momento implantó los PCGA, reconoció a finales de 1997 que la modificación de los criterios contables obligaría a los bancos a inyectar más capital. En los años siguientes, la disposición tuvo tal impacto en los estados financieros de estas instituciones que se vieron en la necesidad de buscar fuentes de capitalización.

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Con la apertura del sector, grandes firmas extranjeras tuvieron la oportunidad de entrar al país con los recursos necesarios para cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por la CNBV y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

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Las autoridades continúan endureciendo los criterios contables con el fin de transparentar más las finanzas de los bancos. En 1999 hicieron adecuaciones para mejorar el tratamiento referente a la transferencia de activos financieros y obtener más detalles por segmentos operativos. También reformaron las normas respecto a las inversiones en valores y cartera crediticia. Un año después, obligaron a los bancos a presentar su reporte trimestral por rubros. “Todo esto tiene como finalidad uniformar la información financiera”, explica Duque.

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Por otra parte el IPAB impuso en 1999, con plazo hasta 2003, los llamados seguros de depósito, que obligan a los bancos a estar cubiertos por cierta cantidad para proteger a los pequeños inversionistas.

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Los cambios han implicado grandes esfuerzos por parte de estas organizaciones. Muchas incluso consideran que la autoridad se fue de un extremo al otro, pues la cantidad de datos que deben proporcionar es hoy excesiva. De acuerdo con un estudio de Bancomer titulado Supervisión y regulación en México, cada mes debe entregar 147 informes diferentes a las autoridades y esto sin incluir los requerimientos adicionales. Rafael Rojas, secretario del Comité Contable de la Asociación Mexicana de Banqueros, señala que sus afiliados están haciendo una evaluación de todas las peticiones de información para ver cuáles se están duplicando. “El objetivo es lograr una mayor coordinación entre bancos y autoridades a fin de facilitar este trabajo”, asevera.

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Por si fuera poco, las firmas del sector se someten cada año a tres diferentes tipos de auditorías: internas, externas y las que realiza la autoridad. “Todo esto acarrea costos para la banca que, a fin de cuentas, repercuten en los usuarios”, asegura el ejecutivo.

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El problema, en perspectiva de los bancos, es que el esquema normativo en México se ha vuelto sumamente complejo. A la fecha hay cinco dependencias encargadas de vigilarlos. Además de la CNBV, están la Secretaría de Hacienda, que establece los principios regulatorios; el Banco de México, guardián del sistema de pagos; el IPAB, garante de los recursos de los ahorradores; y la Condusef, que defiende los intereses de los usuarios de la banca. Los interesados consideran que esta dispersión de facultades termina siendo muy costosa e ineficiente. “Esta supervisión nos impacta porque se duplican las tareas”, asegura Rojas. En todo el mundo, se tiende a concentrar en un solo ente regulador las atribuciones de supervisión bancaria.

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En los próximos años, la presión de tales instituciones hacia la autoridad para relajar la normatividad aumentará. Sin embargo, la reciente quiebra de Enron en Estados Unidos vuelve a crear zozobra en los mercados financieros ante la falta de transparencia de muchos estados contables. La discusión en muchos foros internacionales no sólo se centra en el papel que desempeñan los auditores externos, sino en las lagunas legales que todavía permiten transferir, sin ningún control, recursos de una empresa a otra. A la fecha, no hay un solo país que obligue a sus bancos a reflejar en sus estados contables la situación de sus compañías relacionadas. Tampoco hay mecanismos para vigilar los activos ocultos en paraísos fiscales. Si bien las autoridades mexicanas han tomado medidas en la dirección correcta, la experiencia internacional revela que siempre quedan cabos sueltos difíciles de  controlar.

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Como parte del proceso de convergencia de la regulación bancaria a estándares internacionales, en mayo de este año fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca múltiple. Estos cambios incluyen la simplificación de procedimientos y la homologación con criterios establecidos por la CNBV, así como la eliminación de ciertas facultades discrecionales de las autoridades financieras. De acuerdo con el Plan Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) el fortalecimiento de la capitalización bancaria, la estabilidad financiera y un marco jurídico adecuado contribuirán a reactivar el crédito bancario. Paul Tucker, analista de Merrill Lynch, considera que el principal beneficio de la homologación de criterios contables será que se contará con información más precisa que podrá ser comparada con los resultados de otras instituciones en el mundo. "Lo más importante es que los reguladores y auditores tendrán mayores cuestionamientos de los números que revisan y que los usuarios de la información –analistas e inversionistas– serán más escépticos respecto a cifras que parecen ser demasiados buenas como para ser reales".

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