Cada mexicano (no) es igual ante la ley

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Cada mexicano es igual ante la ley”, decretó el presidente Ernesto Zedillo hace casi tres años, hace unos meses, hace unos días... Sin embargo, el problema está en la ley, o más específicamente, en su aplicación. Pero de eso no habla Zedillo.

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Y aunque lo hiciera, en nada cambiaría el clima de violencia e inseguridad que azota al país, y que lo mismo cobra víctimas en zonas residenciales que en barrios y comunidades rurales apartadas.

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La palabra presidencial es lo más parecido a un acto de fe, es decir, el último recurso después de que han fracasado todas las estratagemas para controlar la ola de asaltos de la más diversa índole y los ajustes de cuentas que jamás son esclarecidos. Por el contrario, hay elementos que se vuelven recurrentes: en principio, la ineptitud de las autoridades judiciales para castigar a los responsables y, lo más grave de todo, la complicidad entre empleados o ex empleados de las corporaciones policiacas y los delincuentes.

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Mientras jueces y policías se culpan mutuamente de que los procesos judiciales se prolonguen más que la estancia de los criminales en las cárceles, la delincuencia continúa en la calle sirviéndose con la cuchara grande; a fin de cuentas, es el descrédito de las autoridades –ganado a pulso ante una ciudadanía que ve impotente como la impunidad se convierte en norma– el que ha abierto la puerta al crimen.

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En lugar de responsables, cada nuevo delito deja tras de sí el balbuceo de las autoridades policiacas y judiciales que intentan hacer creer a la población que actúan para ejercer la justicia. En ese estado indolente están desde las investigaciones del caso Colosio o el de Aguasblancas hasta las del triple asesinato de los jóvenes de la capitalina colonia Buenos Aires ocurrido hace unas semanas. Sin olvidar, desde luego, los delitos de cuello blanco, en los que, por alguna misteriosa razón que los simples mortales no podremos entender jamás, la condena consiste en pasearse por Europa con la discreción que otorgan una gafas oscuras.

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Hasta el Fondo Monetario Internacional, impulsor del programa de emergencia económica zedillista, ha puesto el dedo en la llaga de la impunidad, práctica de la que no ha logrado desligarse, de ningún modo, la administración actual. Los empresarios mexicanos saben bien (porque lo sufren a diario) que el clima de violencia es ya un importante factor de costo en sus negocios: jamás habían tenido que invertir tantos recursos en sistemas de seguridad para no perder su mercancía en los caminos o la nómina en los frecuentes asaltos.

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Pasarán muchos años para que en México se restablezca la cordura en relación con la aplicación de la justicia. El clima de violencia y la impunidad con la que está asociada ha generado la repulsa de importantes sectores de la población al trabajo de los organismos de derechos humanos, a los que se acusa de defensores de delincuentes. Es sintomático que instituciones infaltables en una sociedad donde impera el estado de derecho, comiencen a ser condenadas en México. Es esta una muestra del daño profundo que le ha hecho a México la violencia de los últimos años.

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Lo irónico es que tanto en aquellos tiempos como ahora, los hechos contradigan la palabra presidencial: para quienes aplican la ley, los mexicanos no somos iguales.

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