Cámaras empresariales. ¿Alguien quiere

¿Atenta contra la libertad individual la obligatoriedad de afiliarse a las cámaras? ¿Basta con re
Mario Guillermo Huacuja

En 1917 el ingeniero Alberto Pani, con menos de 40 años, ya había participado en la comisión encargada de construir el Palacio Legislativo Federal; había sido un apasionado antirreeleccionista que luchó con Madero y renunció a sus cargos públicos durante el golpe militar de Victoriano Huerta, y estuvo al frente de los Ferrocarriles Constitucionalistas en el bragado año de 1914.

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Según las crónicas de la época, Pani era un hombre de iniciativa, y por eso —como el primer secretario de Industria y Comercio del país— tuvo la ocurrencia histórica de convencer a Venustiano Carranza para convocar al Primer Congreso Nacional de Comerciantes, evento excepcional inaugurado por el jefe del Constitucionalismo el 12 de julio de 1917.

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En noviembre del mismo año se fundó la Confederación de Cámaras de Comercio, y un año más tarde —por la acción inagotable del propio Pani— nació la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Por fin, después de varios años de presidencia vacante, metralla por todos lados y crítica permanente a las clases pudientes del porfirismo, el Estado había encontrado empresarios dispuestos al diálogo y la negociación.

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Mucho tiempo después de la trascendental convocatoria de Pani, el 2 de mayo de 1941 se promulgó la primera Ley de Cámaras de Comercio y de Industria, para darle un marco jurídico a las agrupaciones empresariales que operaban como organismos de consulta del Estado en el diseño de las políticas económicas.

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A partir de entonces, los sociólogos e historiadores dividieron a las organizaciones empresariales en dos grandes grupos: las de carácter de instituciones públicas, regidas por la Ley de Cámaras mencionada —como la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco); la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin); y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)—, y las constituidas como asociaciones civiles, fuera del marco de la Ley de Cámaras. En este grupo se encuentran la Asociación de Banqueros de México, creada en 1928; la Confederación Patronal de la República Mexicana, fundada en 1929, y el Consejo Coordinador Empresarial, que nació a la vida pública en 1975.

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La ley es la ley
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Entrevistado por EXPANSIÓN, Víctor Manuel Terrones, presidente nacional de la Canacintra, afirma que las cámaras patronales han tenido un papel relevante en la historia moderna de la humanidad, no sólo en México. Recuerda que en la historia europea van naciendo los gremios desde la Edad Media, y cómo durante el Renacimiento se empiezan a establecer formalmente. Luego, a raíz de la Revolución Industrial “fue necesario contar con organismos de los empresarios para la defensa y atención de sus propias posiciones”. Señala que en este siglo se han establecido como mecanismos con objetivos múltiples: representar, promover, desarrollar y defender los legítimos intereses de los sectores y, finalmente, con el transcurso del tiempo, otorgar algunos servicios.

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A medida que la sociedad se desarrolla y complejiza, las organizaciones intermedias —como las cámaras— se vuelven cada vez más necesarias.

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Al hablar para EXPANSIÓN, Carlos Abascal, presidente de la Coparmex, indica la urgencia de establecer un contrapeso a la autoridad: “Pienso que la sociedad, sobre todo en un país tan grande como el nuestro, tiene la necesidad de agruparse en sociedades intermedias que le permitan ejercer un contrapeso a los actos de autoridad, y promover los intereses legítimos de los diferentes grupos que la integran”. Dice que por su tamaño se trata de una sociedad enormemente plural, con muchísimos grupos intermedios —“con intereses y fines no sólo diferentes sino a veces contradictorios”— y que por lo tanto la agrupación de las personas alrededor de organismos intermedios reviste mucha importancia para vertebrar esta sociedad.

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Además de defender los intereses empresariales, en México las cámaras tienen un papel decisivo en la vida política, porque su función en los mecanismos de concertación con el Estado y con otros grupos sociales es un asunto de capital importancia, que distingue a este sistema de los aplicados en otras latitudes. Dice Terrones: “Aquí, donde tenemos una cultura política y legislativa muy amplia, el mecanismo de concertación y cabildeo es precisamente a través de los organismos empresariales. Esto es diferente de los modelos sajones, donde el cabildeo se hace a través de los representantes políticos y las grandes empresas lo llevan a cabo pagando las campañas de los candidatos a gobernadores, diputados y senadores. Pienso que es más eficaz el modelo mexicano, porque aquí tenemos la obligación de la representación general, mientras que el otro esquema es el cabildeo unipersonal, donde el grande prevalece sobre el pequeño. En el caso de las cámaras, nuestra representatividad nos hace hablar por todos, y en consecuencia tenemos que buscar el bien general del sector por encima de las particularidades.”

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Para algunos académicos, el modelo mexicano es un tipo de corporativismo, porque la iniciativa de organizar a los empresarios partió del Estado. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con los sindicatos, las Cámaras empresariales no fueron obligadas a afiliarse al partido oficial. Dice Abascal: “A lo largo de los años, las cámaras han jugado muy diferentes papeles; a veces, llegaron a formar parte de cierto corporativismo de Estado, pero en la experiencia que me ha tocado vivir, han sido organismos realmente autónomos, que deben su existencia a la Ley de Cámaras, pero que han sabido cultivar una autonomía que les ha permitido actuar con bastante eficacia en las propuestas para la solución de los grandes problemas nacionales.”

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Terrones coincide: “Es cierto que nacimos a través de una Ley, pero este hecho no puede ser tachado de corporativista.”

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¿Armonía o conflicto?
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Naturalmente, todas las organizaciones tienden a rechazar la existencia de cualquier conflicto en su seno, y las cámaras empresariales no son la excepción.

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Al frente del Grupo ARSA —un consorcio comercializador y fabricante de productos de acero, que en su época de esplendor llegó a tener más de 20 plantas en el país— se encuentra Luis Emilio Giménez Cacho, un sociólogo metido a empresario que llegó a ser presidente del Consejo Coordinador de Fabricantes de Alambre y miembro del consejo directivo de la Cámara Nacional del Hierro y Acero.

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Sostiene a EXPANSIÓN que las cámaras han tenido funciones diferentes en los últimos años: “En la primera fase de mi participación en la cámara —antes de ser consejero— los temas básicos eran los permisos y las autorizaciones gubernamentales. Fundamentalmente, la autorización de precios. Estábamos en un proceso de inflación muy acelerado, existía un régimen de control de precios para el acero, y cualquier modificación en ellos requería de una autorización de la Secretaría de Comercio, la que sólo se podía obtener a través de la cámara. Era una época en la que el mercado no determinaba los precios, sino que había una injerencia estatal muy importante, y por ello la actividad de la Cámara se concentraba en labores de gestión. Inclusive, quien quisiera participar en un concurso de una obra para un organismo público, no podía hacerlo si no tenía el registro de la cámara”.

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La apertura comercial y la privatización de las empresas fabricantes de materia prima en el ramo del acero modificaron la estructura de la industria siderúrgica y también la estructura de decisiones en el interior de la organización empresarial: al reducirse los aranceles de la materia prima, los fabricantes empezaron a importar, ante el enojo de los productores nacionales; después, al elevarse los precios, los fabricantes empezaron a quebrar. Naturalmente, la representación empresarial no quedó al margen de tal proceso.

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Dice Giménez Cacho: “A partir de la privatización, las productoras de materia prima tomaron el control sobre la industria por una dinámica natural, y asumieron una política de integración vertical que dejó al margen los intereses de las medianas y pequeñas empresas manufactureras”. Admite que no existen objetivos de planificación a largo plazo que contemplen la existencia de una industria manufacturera pequeña y mediana. En esta situación, la crisis desató un proceso inusitado de elevación de los precios de materia prima, lo que no fue correspondido en el mercado de los productos manufacturados, lo cual colocó a las pequeñas y medianas industrias fuera del mercado. Se volvieron inviables automáticamente. “Propuse en la cámara analizar ese problema, pero mi propuesta fue mal interpretada. Los responsables de la cámara son finalmente las grandes empresas fabricantes de la materia prima, y renuncié al consejo directivo y como representante de los fabricantes de alambre. Casi simultáneamente, se inició una salida de la cámara de los fabricantes de alambre.”

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Según la investigadora Cristina Puga, existe una diferencia abismal entre los sectores industriales. La inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas, pero el poder económico se condensa en un puñado de grandes consorcios. A principios de la presente década, las cifras eran increíbles: 98% de las pequeñas y medianas empresas generaba 50% de la producción industrial, mientras que 2% de las grandes generaba la otra mitad.

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Entre la obligación y el deseo
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En una época de rupturas y convulsiones tan inesperadas como las que se viven, no sorprende que las organizaciones empresariales se vean arrastradas por la marea de los cambios. En una acción insólita, por la independencia con que se llevó a cabo, el pasado mes de agosto la Suprema Corte de Justicia dictó jurisprudencia contra la Ley de Cámaras vigente, señalando que su Artículo 5º viola la libertad de asociación consagrada en el Artículo 9º constitucional, al expresar que toda empresa tiene la obligación de afiliarse a una cámara de industria o comercio que, a su vez, se integran a las grandes confederaciones patronales. Las reacciones no se hicieron esperar.

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“Nuestro punto de vista, con todo respeto —afirma Terrones—, es que el asunto fue mal manejado por parte de la Suprema Corte; ninguno de estos amparos ha sido por unanimidad, sino que se han realizado con una fuerte discusión, pero en fin, la resolución está dada y estamos trabajando al respecto.”

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Gran parte de la discusión se centró en que las cámaras son los organismos que llevan a cabo el registro de las empresas. “Nos parece que puede hacerse una distinción entre registro y participación —indica Abascal—, ya que una cosa es la obligatoriedad de la participación, lo que sería francamente inconstitucional, y otra es la obligatoriedad de registro, que no es inconstitucional, sino un trámite de carácter administrativo para efectos de control y estadística. Sin embargo, ésta no pasa de ser una mera opinión académica, porque hoy lo que importa es que hay una jurisprudencia formada y las cámaras tienen que proceder a reformar la legislación que les es aplicable, en particular el Artículo 5º de la Ley de Cámaras, con el fin de responder a las exigencias del Estado de Derecho que impera en México.”

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Otros dirigentes, como Juan Antonio Alduncin, de la Cámara Nacional de Artes Gráficas, señalan que la legislación debe hacer forzoso el registro de las empresas, y la Canacintra subrayó que el Artículo 5º de la Ley no es inconstitucional. “En México existe la obligatoriedad de acuerdo a este artículo —dice Terrones—, lo cual no coarta la Ley ni las garantías individuales, ya que lo que estamos representando son empresas o personas que desarrollan actividades empresariales. Pero esto no afecta sus garantías individuales, ya que lo que realizamos es un registro de una acción eminentemente empresarial. Es un esquema de registro tal como el registro civil, donde se tiene la obligación de registrar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. También existe el registro ante el Seguro Social y nada de esto atenta contra la libertad del hombre”.

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Así las cosas, todo indica que existe un enorme consenso entre los empresarios acerca de la necesidad de llevar un registro de las empresas. Pero no hay acuerdo sobre la institución que debe encargarse del registro. Dice Giménez Cacho: “No entiendo para qué las empresas tienen que registrarse en las cámaras. Entiendo el por qué las cámaras quisieran ser un conducto privilegiado para que las empresas se registren, ya que eso les permite tener una medida sobre la industria y sobre qué tanto pueden o no influir en ella. Pero me parece una construcción artificial de representación. Es decir, el que una empresa tenga que registrarse obligatoriamente ante una Cámara, no genera de manera automática que ésta represente sus intereses. Hay un contrasentido: si algo hemos combatido los empresarios en estos últimos años son los excesos de regulación, de registros, de permisos, de tarifas y cuotas para aspectos que no tienen ningún sentido, y éste es precisamente uno de ellos. Pienso que basta con que uno se registre y se dé de alta, como empresa, ante Hacienda. ¿Cuál es el sentido de otro registro?”

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Hablando del registro, no hay un empresario que se niegue a contar con mayor información para comprender mejor las características de su rama y así tomar decisiones. Resulta que los académicos y los funcionarios son muy prolijos al hablar de la macroeconomía, pero muy poca gente conoce a fondo y al detalle lo que es la industria automotriz o la cervecera, la textil o la del calzado. “Esa estadística es indispensable —prosigue Giménez Cacho—, pero esa es la función del gobierno. Es increíble, pero yo sé mucho más de la industria del alambre en Estados Unidos que en México, y eso por la simple y terrible razón de que aquí no hay datos. La estadística del Departamento de Comercio de Estados Unidos hace pública la información. Es una práctica que deberíamos imitar.”

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¿Cuántos interlocutores?
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Al discutirse el futuro de las cámaras y las organizaciones empresariales en el país, tarde o temprano se llega al tema de la representatividad de las existentes, y de la conveniencia o no de crear nuevos organismos. Para el gobierno, siempre resulta más fácil hablar con una representación única, y no con una miríada de organismos. Pero muchos empresarios quisieran formar su propia agrupación.

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Así, entre el centralismo y la pulverización, las opiniones se dividen: “Imaginemos una sociedad como la nuestra —señala Abascal—, con sus 90 millones de habitantes, donde el particular, de manera aislada e individual, tuviese que enfrentarse a los actos de autoridad para hacer que se respeten y se promuevan sus legítimos derechos. Este individuo estaría en una gran desventaja frente al poder y frente al resto de la sociedad, la cual estaría tan atomizada que la convivencia sería francamente muy difícil.”

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Para Alduncin, la supresión de la obligatoriedad de pertenecer a las cámaras provocaría el abandono de ellas por parte de las grandes empresas, porque ellas cuentan con abogados y especialistas en diversas áreas, lo cual les permite tener una gestoría y una representatividad propias.

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Para Terrones, en cambio, el riesgo sería la pulverización de la representatividad: “Toda modificación implica riesgos y, ante la falta de información, se podría generar una larga serie de asociaciones, lo que provocaría una pulverización de la representación empresarial. En ese contexto, no sabríamos quién representa a quién, y a favor de qué intereses aparece cierto liderazgo”.

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Giménez Cacho opina lo contrario: “Las autoridades no deben temer a la multiplicación de las organizaciones, porque creo que ahí es donde radica el problema. Las autoridades tienen miedo a convocar a los representantes de alguna industria y que aparezcan ocho o 10 organizaciones. Siempre prefieren que llegue una sola, en detrimento de la representatividad”.

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Hasta la fecha, la Ley de Cámaras ha sido impugnada por la Suprema Corte, pero sigue estando en vigor, aunque la turbulencia generada indica que no será por mucho tiempo. Mientras, los dirigentes empresariales afilan argumentos para fortalecer sus trincheras; hay fuerzas que quieren saltar a la palestra con nuevas agrupaciones, y las resonancias de la polémica han cimbrado hasta la tumba de Alberto Pani, quien seguramente descansa en paz porque su obra sigue vigente.

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