Competencia y Monopolios<br>Las empresas

El trabajo de la Comisión Federal de Competencia para evitar las prácticas monopólicas y lograr

La paulatina entrada de México al mundo globalizado ha traído consigo un nuevo fenómeno: una competencia cada vez más cruenta y salvaje por el mercado de consumo nacional, primordialmente entre las grandes empresas.

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Conforme la liberalización y desregulación se profundizan y el país se moderniza, las compañías de gran tamaño, tanto nacionales como extranjeras, afilan sus lanzas y pulen sus escudos para lanzarse a una batalla que ya inició pero de la que se desconoce su final. “Cada vez va a haber una competencia más fuerte”, afirma Antonio Castro Quiroz, director de la consultora Capem-Oxford Economic Forecasting.

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Productores de goma de mascar como Chicle Canel’s y Chicle Adam’s; compañías dedicadas a producir papel higiénico y otros productos, como Kimberly Clark y Procter and Gamble; bancos, televisoras o nuevas y viejas empresas de telecomunicaciones, entre otros consorcios, han utilizado todo lo que está a su alcance para crecer lo más posible y acaparar las porciones más grandes del mercado.

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Ante este fenómeno, surgen varias interrogantes: ¿cómo controlar a estas especies de monstruos en potencia y evitar que se coman solos el pastel, sin dejar un lugar a sus competidores? ¿Cómo regularlos y promover que las “libres fuerzas del mercado” funcionen de la forma más correcta posible? ¿Cómo motivar que haya una verdadera competencia que tenga, entre otras cosas, un impacto positivo —aunque sea de forma indirecta— en la distribución del ingreso a nivel nacional?

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Monopolios “absolutos” o “relativos”
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“Lo más importante para el eficiente funcionamiento de un mercado es que exista competencia real entre los agentes económicos. Por ello es necesario vigilar y en su caso castigar a quienes incurran en prácticas monopólicas, no importando su tamaño, sino el poder que tengan sobre el mercado relevante”, afirma Salvador Apodaca, coordinador de asesores del presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC).

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Sin embargo, Castro aclara que, aunque en México se dará una competencia cada vez más intensa, todavía no será suficiente como para que el mercado funcione lo más eficientemente posible, pues el mercado de consumo nacional es muy pequeño por lo que en cada área puede haber pocos competidores.

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“Mientras este mercado sea tan chico, las empresas que participan en un rubro serán escasas debido a que la inversión es poco atractiva”, señala. Para que haya una competencia más real entre los agentes económicos, explica, es necesario que se dé el ciclo crecimiento económico-ahorro-mayor distribución del ingreso-inversión-crecimiento.

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Lo que hay en México, añade, es una competencia muy fuerte pero sobre todo entre oligopolios, quienes constantemente recurren a prácticas monopólicas.

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Al respecto, Santiago Levy, ex presidente de la Comisión de Competencia, explica —en un texto publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM— que las prácticas mono­pólicas pueden ser de dos tipos: absolutas y relativas. Entre las primeras se consideran “los acuerdos para fijar precios o cantidades entre competidores, los acuerdos para dividir mercados entre ellos y las manipulaciones de las subastas públicas”. Estas prácticas se estiman nocivas para la competencia y la eficiencia y, por lo tanto, “siempre deben ser castigadas”.

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Las prácticas relativas son, entre otras, “la división vertical de los mercados; la fijación de precios o de otra condición de reventa a un distribuidor minorista o entre dos participantes en el mercado; las ventas atadas, es decir, el condicionamiento de la venta de un producto a la compra de otro producto adicional normalmente distinto y separable; los contratos de exclusividad; la negación de trato con algunas empresas y el boicot de varias empresas contra otra”.

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También se incluye la depredación de precios, que se define como “aquel acto mediante el cual una empresa intenta sacar a otra del mercado vendiendo por abajo de sus costos con la intención de que, al vender así, sus competidores no puedan resistir esa venta y se salgan del mercado, con lo cual la empresa que incurrió en esta práctica podrá subir su precio y obtener ganancias monopólicas”.

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De acuerdo con Levy, el combate a estos mecanismos es mucho más difícil “porque se trata de prácticas comerciales por parte de los agentes económicos, empresas o particulares que, dependiendo del entorno en que se lleven a cabo, pueden o no ser dañinas para la competencia económica”.

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Absolutas o relativas, estas prácticas son combatidas en México a través de la Ley Federal de Competencia Económica, que entró en vigor el 22 de junio de 1993. Para aplicarla, se creó la CFC, organismo con facultades autónomas en teoría, sólo comparables en el país con las que cuenta el Banco de México. 

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Por su relativamente nueva presencia, las funciones de la CFC son aún poco conocidas por los agentes económicos, los analistas y los académicos. Sin embargo, en los últimos dos años sus decisiones han tenido un fuerte impacto en la operación de las grandes empresas del país.

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El problema de las tarjetas de crédito
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Uno de los primeros casos en que la Comisión desempeñó un papel relevante fue en el de las tarjetas de crédito bancarias. Luego de llevar a cabo una investigación de oficio entre 1993 y 1994, la CFC detectó que Bancomer, Banamex y Carnet desarrollaban una práctica monopólica absoluta, al coordinarse para establecer una serie de condiciones en el uso del dinero plástico.

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Según detalla el Informe Anual de la CFC 1993-94, “la compensación de pagarés entre los tres sistemas de tarjetas de crédito se llevaba a cabo mediante convenios que estipulaban que la comisión le pertenecía al banco emisor de la tarjeta. Por esta razón, el banco en donde el establecimiento afiliado depositaba sus pagarés no recibía remuneración alguna por las transacciones asociadas al procesamiento de tarjetas de crédito, lo cual limitaba los incentivos para que estos bancos compitieran por las comisiones y con ello contribuyeran a su reducción”. Adicionalmente, estos bancos, que se arreglaban para cobrar el mismo monto de comisión, impedían a los establecimientos ofrecer descuentos a sus clientes por pagos en efectivo, limitando la flexibilidad de los primeros y las opciones para los segundos.

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Por esta razón, en junio de 1994, la Comisión firmó un convenio con Banamex, Bancomer y Serfin (como principal accionista de Carnet), en el que se establecieron los siguientes compromisos por parte de estas instituciones de crédito:

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  • Eliminar todo intercambio de información entre ellos.
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  • Eliminar de los contratos de afiliación con los establecimientos, en un plazo de seis meses, las cláusulas que impiden a éstos ofrecer descuentos a los consumidores cuando el pago sea en efectivo.
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  • Eliminar de las prensas de pagarés, en un plazo de un año, la información cobrada a los establecimientos, que actualmente queda grabada en los pagarés cuando se usa este medio manual de cobro.
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No obstante, al contrario de lo que se hubiera esperado, la CFC no le cobró multa a los bancos. La razón, según fuentes consultadas, se debió a que estas instituciones amenazaron con armar un escándalo y “demostrar la anticonstitucionalidad de la comisión”.

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Desde Cetes hasta gomas de mascar
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Y lasprácticas monopólicas han sumado y seguido. Después de una amplia investigación llevada a cabo entre 1993 y 1994, la CFC encontró que en octubre y noviembre de 1993 Grupo Bursátil Mexicano, Banamex, Operadora de Bolsa Serfin, Probursa, Banco Internacional y Grupo Financiero Prime Internacional coordinaron sus posturas en algunas subastas de Cetes. Por este monopolio absoluto, la CFC les impuso una multa.

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Asimismo, en junio de 1994, la compañía mexicana de goma de mascar Canel’s interpuso una denuncia ante la comisión, en contra de Adam’s. Según la empresa potosina, la multinacional estaba incurriendo en la práctica depredatoria al bajar el precio de su producto -Clark’s por abajo de su costo de producción y sacrificando sus utilidades para sacar del mercado a Canel’s. Después de una larga investigación, en febrero de 1996 la CFC dictaminó que existían indicios de que Adam’s incurría en dicha práctica, pero que no era posible demostrarlo porque sus utilidades no habían experimentado una caída real y que, por otro lado, Canel’s había obtenido ganancias en la venta de su producto de cuatro pastillas envueltas en celofán, contra el que competía -Clark’s. No obstante, Adam’s quedó bajo una supervisión especial de la CFC, con lo cual las posibilidades de reducir sus precios por abajo de sus costos de producción,  en el caso de que así lo pretendiera, ya son escasas. 

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Por otra parte, en su trabajo de supervisar y aprobar las fusiones entre empresas, para evitar el acaparamiento del mercado, la comisión dictaminó, a principios de marzo de este año, que Kimberly Clark de México podía fusionarse con Crisoba, ambas empresas productoras de papel, siempre y cuando cumplieran con las siguientes medidas:

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  • Venta total de las acciones de Crisoba en sus subsidiarias Sancela y Comercializadora - Sancela, empresas que comercializan las marcas Saba, Confort y - Evax.
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  • Desincorporación de 80,000 toneladas anuales de capacidad productiva de papel crepado - tissue.
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  • Venta de la marca Regio, tanto en papel higiénico como en servilletas.
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  • Suspensión de uso de la marca Suavel en servilletas.
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  • Licencia de la marca Scotties de pañuelos faciales.
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  • Desincorporación de la marca Shock de - Crisoba.
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Esta medida afectó sensiblemente los intereses de Kimberly Clark para crecer en el país. Tan es así que el consorcio expresó su desacuerdo a través de Sergio Paliza, su director financiero, quien explicó el 8 de marzo que no fue posible convencer a la CFC de sus razones, o “al menos no lo suficiente, a juzgar por las importantes correcciones introducidas a la concentración”. En algunas áreas, apuntó, como la de papel -tissue y sus derivados, las medidas de la Comisión implican una desincorporación más importante que las impuestas en Estados Unidos y Europa.

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Como se observa, cada una de las decisiones adoptadas por la CFC tienen un verdadero impacto en el desarrollo de las empresas. Sin embargo, la posibilidad de que con dichos dictámenes influya en la distribución del ingreso nacional todavía es muy lejana.

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“Podrían pasar entre 50 y 100 años para ello, debido a que primero es necesario un crecimiento real de la economía”, concluye Castro.

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