Con esos amigos...

Al buscar ganancias fabulosas, diversas personalidades regiomontanas terminaron en los tribunales.
Juan Cedillo

La vida social de destacados integrantes del mundo empresarial y político neoleonés ha sufrido un cambio dramático: se les ve con más frecuencia en los tribunales que en los malls y restaurantes de moda.

- En su faceta de inversionistas financieros, cerca de 800 personas han perdido cerca de $1,000 millones de dólares en menos de dos años. Parte de su dinero fue a parar, sin su consentimiento, en operaciones especulativas y de alto riesgo. En otros casos, los desfalcos se fraguaron con la colaboración de los incautos capitalistas, seducidos por la posibilidad de obtener intereses muy superiores al promedio del mercado, y pagaderos en dólares. Hoy unos y otros pasan parte de su tiempo en los juzgados promoviendo juicios mercantiles con el fin de recuperar aunque sea una parte de su dinero.

- Uno de los primeros casos lo protagonizó Casa de Bolsa Abaco, institución hoy desaparecida que comandaba Jorge Lankenau Rocha –actualmente en prisión por diversos delitos de orden financiero–. Unos 200 inversionistas, la mayoría de Nuevo León, aportaron cerca de $270 millones de dólares para que Scottie Holdings y Deerbrok Corporation, sociedades off shore (entidades especialidades en operaciones financieras que no se reportan fiscalmente) controladas por Abaco en Estados Unidos y Uruguay los canalizaran a proyectos de inversión. Al no estar reguladas por las leyes mexicanas, cuando Lankenau perdió el grupo financiero –que además de la casa de bolsa incluía a Banco Confia– las operaciones quedaron sin respaldo financiero.

- Las demandas promovidas por los inversionistas, algunos de ellos miembros de distinguidas familias regiomontanas, contribuyeron en la integración de los cargos por los que el ex banquero fue encarcelado, no obstante sus alegatos en el sentido de que es la institución, Abaco, a la que se debieran dirigir las sanciones. Aunque el juicio aún no termina, los demandantes pierden poco a poco las esperanzas de recuperar su dinero.

- El mayor desfalco es el relacionado con InverWorld (IW), firma de inversiones con sede en San Antonio, Texas, presidida por Josi Zollino, quien hasta hace poco tiempo participó en el consejo directivo de la Casa de Bolsa CBI. La suma comprometida por los inversionistas asciende a $475 millones de dólares. IW se declaró en bancarrota a principios de 1999, lo que alejó a los inversionistas de la posibilidad de recuperar un solo centavo. En agosto de ese año, autoridades texanas dictaron un embargo precautorio a los activos de la firma y sus empresas, además de congelar 40 cuentas de Zollino y otro alto directivo. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos descubrió que IW decía a sus clientes que su dinero se invertía en instrumentos de bajo riesgo (como certificados y bonos del gobierno) cuando en realidad lo depositaba transitoriamente en el Banco Wells Fargo, en una cuenta de IWG Services LTD, su subsidiaria inglesa; después el dinero se transfería a otra sucursal en Islas Caimán para ser invertido en operaciones altamente especulativas.

- Los inversionistas –alrededor de 1,000, casi la mitad de ellos de Monterrey–, preparan una demanda penal en contra de los directivos de IW.

- El tercer episodio en esta historia de engaños lo protagonizó Sharp Capital, firma de inversiones dirigida por Mauricio Gutiérrez, al lado de la firma regiomontana Invest, de Alberto Garza Evia. A ambas firmas se les responsabiliza de la pérdida de más de $80 millones de dólares aportados por 130 inversionistas para la compra de bonos de deuda emitidos por Rusia.

- Como hiciera IW, en su búsqueda de altos rendimientos, Sharp desvió parte del dinero de sus clientes para comprar bonos calificados por algunos como “bonos chatarra”. Cuando Rusia decretó la moratoria al pago de su deuda externa, las “atractivas” ganancias se transformaron en dolorosas pérdidas. El caso no ha llegado a los tribunales.

- El último y más sonado escándalo surgió a la luz pública a raíz de un juicio mercantil que se lleva a cabo en Estados Unidos. El demandado es el empresario Ignacio Santos de Hoyos, quien recibió de 51 personas $28 millones de dólares para ser invertidos en seis proyectos inmobiliarios en Atlanta, Georgia. En el grupo de demandantes figuran Fernando Canales Clariond, gobernador de Nuevo León, cuyos recursos se canalizaron a través de la firma de operaciones off shore Dolliver Corporation; entre los que mantuvieron la denuncia (después de algunas deserciones) aparecen el senador panista Rogelio Sada Zambrano y Enrique Zambrano Benítez, presidente de Grupo Protexa –al que pertenecen las compañías Metalsa y Zano Alimentos–, así como Andrés Marcelo Sada Zambrano, integrante del consejo de administración de Cydsa. También están en la lista los constructores y dueños del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey, de apellido Maiz Mier y Maiz García, la hermana del gobernador, Consuelo Canales de Valdéz, así como Eduardo Elizondo Barragán, hermano del tesorero estatal, Humberto Garza, entre otros.

- El reclamo es que Santos de Hoyos, administrador de los proyectos inmobiliarios en Atlanta, obtuvo sin reportarlo utilidades por $9 millones de dólares. Pero el pago que se le exige es por $100 millones de dólares, pues, según cálculos de los demandantes, es la cantidad que habrían obtenido de haber comprado acciones en el mercado bursátil neoyorquino. Aunque el juez desechó este argumento, el empresario perdió el juicio, en su primera instancia, y fue obligado a pagar $18 millones de dólares. El inculpado apeló y el juicio continuará en una segunda instancia. El argumento de Santos de Hoyos es que al no haber vendido los terrenos directamente a los inversionistas que lo demandan –sino a Abaco, no obstante que la institución financiera no aparece en el contrato de compraventa de los terrenos–, no tiene responsabilidad frente a ellos.

- Adicionalmente, Santos de Hoyos denunció ante el juez (el mismo que lleva el caso Lankenau) que parte de los $20 millones de dólares invertidos en los proyectos de Atlanta provinieron de las off shore de Abaco –las que, como se señaló antes, emplearon recursos procedentes de otro fraude–.

- Las operaciones para esos proyectos se iniciaron en 1982 con dinero heredado de su padre, dice a Expansión el empresario, para lo cual se creó la administradora inmobiliaria Atlanta Associates Inc. Seis de ellos, asegura, los vendió luego a Grupo Abaco . “Jorge Lankenau me comentó que querían diversificar sus productos a sus clientes institucionales, y se les hizo muy atractivo un producto de bienes raíces en Atlanta”. El arreglo, afirma, fue en estos términos: “te vendo los proyectos, pero yo los administro”. Abaco promovió los desarrollos y los vendió a los inversionistas, pero dejó sin resolver un asunto técnico-jurídico: no se determinó a nombre de quién aparecería la propiedad de los terrenos. “Yo tenía contratos con Abaco en México –señala Santos de Hoyos–, y esa fue la razón por la que me demandaron a mí y no a Confia, así como por haber ganado dinero en la venta que no les reporté debido a que en Estados Unidos las utilidades se deben informar a los inversionistas, pero como yo no les vendí a ellos, no tenía porque reportarles nada.”

- Al quebrar el banco, el temor de perder su dinero llevó a los inversionistas ante Lankenau, quien los evadió aduciendo que Santos de Hoyos lo había invertido en Atlanta. “Para abril de 1997, los inversionistas iniciaron una demanda contra mí, pero existe un gran obstáculo para recuperar lo invertido debido a la situación jurídica de esas propiedades, porque están a nombre de unas off shore que Abaco creó para cada uno de los seis proyectos”, subraya Santos de Hoyos.

- Señala además que esas firmas de inversión fueron fondeadas por otras off shore también de Abaco, en las que se cometieron algunos fraudes. Más aún, agrega, existe un faltante de consideración en los fondos de estas firmas, por lo que las autoridades aún deben definir quiénes sí invirtieron en ellas y quiénes defraudaron a las propias off shore . “De los $28 millones de dólares con los que a mí me fondearon para los proyectos, $8 millones provinieron de recursos de los inversionistas, pero $20 millones llegaron de siete u ocho off shore de Abaco, empezando por Abacor y terminando con Scottie Holdings.”

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- Más detalles de este entramado deberán surgir en la segunda instancia del juicio en Atlanta, dice el empresario, cuando se establezca quiénes son los verdaderos dueños de los terrenos –él espera demostrar que sólo fue el administrador que los vendió a Abaco–. Las autoridades también siguen el caso. Por lo pronto, quienes invirtieron en los desarrollos de Atlanta unos $76 millones de dólares a valor actual, no podrán tocar ese dinero.

- Para algunos estos hechos muestran la falta de alternativas de inversión en el mercado mexicano. Otros simplemente ven en ello la inmadurez de quienes se dejaron seducir por la especulación financiera.

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