Consideraciones sobre el PND

Junto con mantener estable el tipo de cambio real, otras medidas para estabilizar los precios son un
Alejandro Castillo

Ya ha sido expuesto en términos generales el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND). Sin embargo, conviene analizar con más detalle la forma en la que podría operar y las consecuencia que tendrá sobre las empresas.

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Entre las condiciones que el PND reconoce como indispensables para lograr un mayor crecimiento económico, está la necesidad de asegurar el abatimiento sano y permanente de la inflación.

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A diferencia de lo que se hizo durante el sexenio salinista, en el PND se rechaza la posibilidad de permitir una apreciación del tipo de cambio que pudiera propiciar la importación barata de mercancías producidas en economías más eficientes. Ese no será el instrumento que se utilizará durante este sexenio para controlar los precios.

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Al contrario, el PND establece que se buscará mantener estable el tipo de cambio real. Esto significa que el tipo de cambio nominal seguirá una evolución acorde con el comportamiento de los precios del país y de los principales socios comerciales.

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Mantener estable el tipo de cambio real tiene el objetivo de propiciar una expansión dinámica de las exportaciones y sostener un saldo en cuenta corriente financiable en el corto plazo, reduciendo al mínimo la dependencia de recursos externos.

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Por otra parte, ese compromiso es una garantía para las inversiones en actividades de exportación. El fortalecimiento de las cadenas, una mayor integración de los procesos productivos, desde la obtención de las materias primas hasta la puesta en los mercados de productos finales son, en ese contexto, redituables.

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No obstante, hay quienes opinan que la decisión de mantener estable el tipo de cambio real, en la medida en que obligue a modificar el tipo de cambio nominal, podría provocar un círculo vicioso devaluación-inflación-devaluación. Aunque eso llegó a suceder en el pasado, no es correcto aislar ese fenómeno del comportamiento de las otras variables económicas.

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Para un país como México, cuya economía requiere de importantes volúmenes de bienes intermedios y maquinaria importados, una devaluación o el deslizamiento del tipo de cambio nominal provocan un efecto inflacionario en la medida en que encarecen a esos bienes. Pero eso puede tener un efecto limitado.

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Voluntarismo y realidad: pobre Argentina. Quienes temen volver a la experiencia de las devaluaciones seguidas de elevadas tasas inflacionarias, consideran inconveniente mover el tipo de cambio. Independientemente de los efectos que ello tiene en la economía, quienes se inclinan por fijar el tipo de cambio nominal olvidan que así como sucede con una mercancía, el valor de la moneda no puede ser arbitrario y tarde o temprano provoca pérdidas.

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No está de más insistir en que no son tan positivos y firmes los resultados que produce una decisión semejante. El mejor ejemplo de lo que puede su ceder con ello se encuentra en Argentina.

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En ese país, que en el pasado reciente sufrió tasas inflacionarias superiores a 1,000%, la fijación del tipo de cambio en un dólar por cada peso argentino permitió, como sucedió en México hasta diciembre de 1994, abaratar los bienes importados. En consecuencia, el crecimiento de precios en el país sudamericano disminuyó a menos de 7%. Por una desgracia explicable, paralelamente a la fijación del tipo de cambio, esa economía sufrió desequilibrio creciente y cada vez más difíciles de financiar. A principios de año, después del ajuste aplicado al tipo de cambio en México, las reservas de dicisas de Argentina sufrieron fuertes presiones. Sin embargo bajo el puesto de que la devaluación mexicana había sido un error circunstancial, el gobierno de Carlos Saúl Menem fortaleció la estrategia, recurrió a créditos de organismo multilaterales, secó literalmente la economía e introdujo algunos cambios arancelarios. ¡Pero no ha modificado el tipo de cambio!

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Efectivamente la contracción que se impuso a la economía nacional permitió desacelerar el crecimiento de los desequilibrios externos. Sin embargo, ha disminuido el atractivo de invertir productivamente en Argentina, ya que es un país que carece de mercado interno y, a excepción de unas cuantas exportadoras muy eficientes, la mayoría de las empresas nacionales encuentran condiciones desventajosas para operar en su propio mercado exportador. No hay perspectiva de cuándo la situación podrá cambiar y conviene apuntar que en ese país se registran las mayores tasas de desmpleo de los últimos años.

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Allá ha quedado demostrado que, pese a la firme voluntad del equipogubernamental y del apoyo de organismos como el FMI y el Banco Mundial, el mantener un tipo de cambio no hace más rico a un país o a sus habitantes. Llegar al Primer Mundo no es un problema de voluntarismo; es el resultado de un gran esfuerzo.

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Productividad vs inflación. Los problemas que enfrenta México en estos momentos no son menos graves que los de Argentina y, sin embargo, podría decirse que la devaluación, el programa de ajuste y el Plan Nacional de Desarrollo tienen la orientación correcta.

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Si se parte del supuesto de que el tipo de cambio nominal se modificará con el propósito de mantener estable el tipo de cambio real, conviene identificar los otros instrumentos de los que dispone la política gubernamental para alcanzar el objetivo de estabilizar los precios: finanzas públicas sanas, apertura comercial, expectativas de estabilidad y eventuales aumentos en productividad.

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En el pasado, unas finanzas públicas en desequilibrio se constituyeron en un factor de desestabilización que contribuyó al crecimiento descontrolado de precios. En la raíz de esos desequilibrios estaba una recaudación insuficiente, así como el derroche y la corrupción en el gasto público y la inversión en paraestatales. La solución que permitió alcanzar unas finanzas públicas sanas fue el aumento de la recaudación y el recorte en el gasto y la inversión pública, aunque corrupción y el derroche continuaron por otros caminos.

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El equilibrio en las finanzas públicas es una tarea posible. De cualquier manera, los empresarios deben operar a partir del compromiso gubernamental de no gastar más de lo que recauda. Además, del monto recaudado, deberá restarse lo correspondiente a los compromisos con el exterior. En ese sentido, unas finanzas públicas en desequilibrio o las expectativas de un repunte de la demanda que pudiera generar inflación deben ser desechados.

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Por otra parte, a diferencia de lo que ocurrió en los anteriores procesos inflacionarios, hoy con la apertura comercial, las empresas sólo dispondrán del margen que les brinde el tipo de cambio real para elevar sus precios sin que se inunde su mercado de mercancías foráneas.

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El esquema se completa con la disposición de todos los sectores a aumentar la productividad. En la escuela, en la fábrica, en el gobierno y en todos los centros de actividad, la productividad debe convertirse en un objetivo prioritario.

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El tiempo implacable. Desafortunadamente, para un país como México, eso no es suficiente. Se debe perseverar en el objetivo de lograr que los limitados recursos públicos se utilicen muy bien, sin incurrir en déficit público. Es fundamental que bajo esa premisa, el gasto público se destine a inversiones en infraestructura, en servicios urbanos, en empresas estratégicas eficientes, en educación y salud, todos los renglones en los que pueden contribuir a reducir costos sociales.

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Un gasto público bien realizado, por limitado que sea, debe propiciar una disminución de los precios de los bienes y servicios salariales. Si los impuestos que todos pagan se utilizan en servicios que contribuyen a reducir el costo de transporte de mercancías y personas, de viviendas, salud y educación de calidad, el conjunto de la economía ganará, todos ganarán, el establecer las condiciones que propician eliminar la inflación y aumentar la productividad.

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En los últimos años, indebidamente se ha considerado al gasto público como una actividad desleal en contra de la libre empresa. Eso no es del todo cierto. Quienes critican a la inversión pública y propugnan por abrir toda la economía a la inversión privada, parten del supuesto de que la inversión pública en el país propicia la corrupción y el contubernio con grupos de empresarios. Desafortunadamente, mientras no se alcance la democracia plena y la sociedad mexicana no sea capaz de garantizar de adecuada aplicación de la ley, eso ocurrirá con o sin inversión pública.

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El problema reside en que si no se actúa con rapidez, factores no económicos, que tienen raíces profundas, podrían impedir el triunfo del programa económico mexicano.

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