Coordinación operativa y legal

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La Procuraduría General de la República tardó 13 años en aprehender a un secuestrador de la banda de Caletri que operaba en diferentes partes del país. Era casi imposible, quizá, porque en cada lugar se levantó una averiguación previa diferente. Altas fuentes de la PGR y de las procuradurías del DF y Estado de México reconocieron que para comenzar a pisarle los talones a este delincuente tuvieron que reunir las averiguaciones previas, por lo menos 10 libros que describían el mismo modus operandi, pero en cada expediente el nombre del secuestrador era diferente y cada una de las procuradurías sospechaba de una banda distinta. Una vez que se juntaron los documentos tardaron un par de semanas en dar con el delincuente. La falta de cruce de información había alargado el fracaso.

- Actualmente, según estas mismas fuentes, existen en México alrededor de 100 bandas de secuestradores perfectamente organizadas con un sistema de células parecido a como funciona el terrorismo (5% de las bandas están comandadas por ex agentes de la PGR). “Aquí el problema fundamental es la falta de coordinación entre las policías y los Ministerios Públicos. Todo mundo se quiere colgar la medallita de que ‘yo fui el que lo agarré’ y no quieren compartir su información”.

- La situación legal del secuestro tampoco ayuda. En México es un delito de “fuero común” y las penas se aplican de acuerdo al Estado en que se comete el ilícito. En el DF, la ciudad a la cabeza en número de secuestros (230 en 2003 según datos de la Coparmex), las penas son hasta de 40 años. Pero en algunos Estados las penas son mucho más laxas, como en Querétaro (seis a 20 años), Baja California (siete a 20) o Veracruz (dos a 20).

- LAS PROPUESTAS

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  • Una reforma legal debe calificar el secuestro y otros delitos graves como delitos federales.
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  • El secuestro exprés debe ser considerado en todos los Estados como secuestro y no como un simple robo.
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  • Por tanto, debe haber mayor coordinación policial: es necesario que las policías estatales cuenten con el apoyo absoluto de la federal.
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  • Llevar a cabo reuniones semanales entre los Ministerios Públicos y la policía para compartir la información.
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  • La AFI, además de apoyar a los familiares de las víctimas en la negociación en casos de secuestro, debe llevar a cabo más operativos de captura.
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  • El aumento de las penas no es solución desde el momento en que el problema es la aprehensión y enjuiciamiento de los delincuentes.
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Fuentes: José Ortega, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC; Sigrid Artz, México Unido Contra la Delincuencia; Olga Islas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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