El alto precio de la democracia

En México cada voto cuesta $40 dólares. Hay planes para reducir el gasto, pero poco apoyo polític
Jonathán Torres

Cuando finalizaba 2003, diputados de los cuatro principales partidos políticos se reunieron en un salón del restaurante Los Cristales, de la Cámara de Diputados. No era una reunión cotidiana. Lo que intentaban entonces era definir nuevas reglas para regular el proceso electoral de 2006.

- Los principales puntos eran reducir el costo y la duración de las campañas proselitistas, regular las precampañas y a los precandidatos, tipificar nuevos delitos electorales y dotar de mayores facultades al IFE para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos.

- Ninguno de los puntos anteriores es de menor importancia. La democracia en México sigue siendo costosa. Si dividimos sólo los gastos de campaña de la elección del año 2000 entre el número de votos registrados en las urnas, nos resulta que cada voto tuvo un costo de $40 pesos. Tres años más tarde, en las elecciones intermedias, el financiamiento aumentó 60%, mientras que el número de votos emitidos bajó 30%. El precio por voto aumentó en esa ocasión a $90 pesos, pero si consideramos el gasto de organizar las elecciones cada voto saldría en $40 dólares. Los costos de las campañas fueron mayores  y la participación ciudadana, más baja.

- Las precampañas siguen siendo tierra sin ley. Todo mundo puede derrochar cualquier cantidad de dinero y promover, sin restricción alguna, sus acciones como funcionario de gobierno. Un ejemplo: los cuatro priístas Arturo Montiel, Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Alemán y Tomás Yarrington, gastaron en tres meses $30.4 millones de pesos de recursos públicos, en difundir obras realizadas durante sus respectivas gestiones, según el diario El Universal. En otras condiciones, este monto debería considerarse “gasto de campaña” dado que los cuatro han manifestado su interés de ser presidentes.

- La fiscalización es una de las piezas más ineficientes de la actual ley electoral. Para muestra, sólo basta contar el tiempo que le tomó al IFE auditar las cuentas del PRI y -PAN en los casos Pemexgate y Amigos de Fox. Al amparo del secreto bancario y fiduciario, los partidos mantienen bajo el mayor sigilo a sus donantes particulares y a los fondos que de ellos reciben.

- Por lo inusual del caso, cuesta creer que las dos iniciativas más importantes para reformar la ley electoral, enviadas al Congreso en los últimos meses, coincidan en la mayor parte del diagnóstico y en sus propuestas para que el IFE fuera más efectivo en 2006. Una de ellas la envió el Ejecutivo a través de la bancada del -PAN, y la otra fue presentada por legisladores del PRI, PRD y Convergencia.

- Pero, a cuatro meses de distancia de que termine el plazo para poder realizar cualquiera de estos cambios, hay indicios de que todo se quedará en un buen intento. “El asunto es que no podremos acceder a una ley que perjudique a los partidos, cuando son ellos quienes tienen que aprobarla”, dice José Fernández Santillán, director del Centro de Investigaciones en Humanidades del ITESM.

- La fecha fatal para su aprobación es julio próximo, ya que la Constitución establece que cualquier reforma en el ámbito electoral debe darse 90 días antes de comenzar el siguiente proceso federal. En este caso, las elecciones de 2006 inician la primera semana de octubre próximo. De aprobarse después de esta fecha, su puesta en marcha tendría que ejecutarse hasta las elecciones intermedias de 2009.

- Públicamente, no hay ningún legislador que se oponga a la reforma electoral. Sin embargo, existen factores que hacen poco probable una reforma completa en el ámbito electoral. “Todo es producto del clima tan enrarecido en el que estamos”, señala José Woldenberg, ex presidente del IFE.

- Se refiere al clima político ocasionado por el proceso de desafuero del político que puntea las encuestas rumbo al proceso de 2006, Andrés Manuel López Obrador. “No quiero ser artificialmente optimista, pero el único riesgo que veo para 2006 es este proceso de inhabilitación”, dice.

- Pero dentro de los partidos políticos también se libra una lucha por estas reformas. En San Lázaro, el principal negociador del PRI a favor de la reforma es Alberto Aguilar Iñárritu. Él tiene que enfrentarse a la resistencia de buena parte de su partido –muchos de ellos afines a Madrazo– que no olvidan el castigo que el IFE les impuso por el Pemexgate.

- En el PAN –donde el promotor es Pablo Alejo– la mayoría se pronuncia por una mejor fiscalización de los partidos, pero se resisten a sentir los pasos del IFE en su propia casa.

- El PRD –que tiene como principales impulsores a Manuel Camacho y Emilio Zebadúa– propone un reparto equitativo en el financiamiento público, pero hay quienes no quieren una reducción drástica pues el PRD no tendría los suficientes recursos para mantener a su burocracia.

- A estas motivaciones encontradas se suman otros ingredientes que avizoran un camino difícil para su aprobación. Entre éstos destaca un punto clave en el que pocos legisladores se atreven a manifestarse abiertamente: la regulación de las campañas electorales en radio y TV

- Se ha propuesto que los tiempos oficiales en estos medios queden reservados en forma exclusiva a los partidos políticos, 90 días antes de la elección. Que la contratación de espacios sea dentro de un mercado regulado. Para ello, el IFE crearía una comisión con los partidos políticos para convenir con concesionarios y permisionarios, las tarifas comerciales que habrían de ofrecer durante el año electoral respectivo. Con tarifas reguladas, los partidos adquirirían sus espacios y sería el IFE quien, contra la factura correspondiente, haría los pagos.

- Los propios legisladores reconocen que este tema es un factor que deben “tratar con guantes” pues, aunque reconocen que es necesario bajar los recursos que se destinan para los spots, lo menos que quieren es enemistarse con los dueños de los medios electrónicos, sobre todo porque un divorcio en este sentido, podría eliminarlos de la contienda presidencial. Para otros diputados, la propuesta de reformas está incompleta. No sólo porque no reduce los gastos ordinarios, sino porque propone la integración de un contralor interno en el IFE, designado por los diputados, lo que representaría el sometimiento de esta institución ante el Poder Legislativo.

- Para los expertos y legisladores, si la reforma electoral se detiene, no significa que el mundo se vaya a acabar sino, simplemente, que la futura elección presidencial carecerá de las suficientes herramientas para evitar problemas que antes se han presentado, como el abuso excesivo de propaganda, el hartazgo de la sociedad ante la baja calidad de los mensajes y la penetración del dinero mal habido en las campañas.

- Actualmente, dice Fernández Santillán, estamos midiendo la democracia con el poder del dinero, cuando la política en el mundo moderno está definida por una autonomía frente al dinero, pero también frente a las posiciones dogmáticas y fanáticas. “Si no aplicamos rápido una reforma electoral, perderemos la oportunidad de ser modernos y democráticos”, señala.

- Pedro Salazar, coautor del libro La mecánica del cambio político en México, concluye que de no aprovechar la actual discusión, el país perdería la posibilidad de apuntalar su sistema democrático y perfeccionar a sus instituciones electorales.

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- “Con ello, confirmaríamos nuestra tendencia histórica a tropezar con la misma piedra, lo cual me parecería de una amnesia imperdonable”, señala Salazar.

- Dicen los políticos que los temas ‘calientes’ deben tratarse en tiempos ‘fríos’. Pero queda poco tiempo para que empiece a hervir la elección de 2006. Lo más probable es que no veamos cambios hasta dentro de cuatro años.

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