El azúcar sí puede ser rentable

Esta agroindustria sigue atrapada en una estructura obsoleta que no le permite modernizarse. PIASA e
Zacarías Ramírez Tamayo

Cada vez que esta industria salta a la palestra, Efraín Ayestarán nota la presencia en el puerto de Veracruz de periodistas de la ciudad de México que van en busca de información. “Pasan frente a nuestro ingenio de Tres Valles y siguen de largo”, dice un tanto en broma. Lo cierto es que el director general de Promotora Industrial Azucarera (PIASA) tendría mucho que decir si le ofrecen los micrófonos. Lejos de los reflectores, esta es la empresa más eficiente y la única que gana dinero en el sector. Con un impresionante aumento de 88% en utilidades operativas, ganancias netas por $160 millones de pesos e ingresos por $1,795 millones el pasado año, ¿quién querría pasar inadvertido?

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Sus índices de eficiencia superan desde hace ocho años a la media nacional, no tiene pasivos financieros y, en cambio, en 2001 entregó dividendos a los accionistas por $58 millones de pesos.

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Decirlo ahora puede parecer de mal gusto. La industria pasa por una situación crítica, atrapada en la guerra de los edulcorantes entre México y Estados Unidos, y obligada a pagar errores del pasado.

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Mientras tanto PIASA se concentra en un plan para convertirse en el más confiable proveedor de la industria de alimentos en México y Estados Unidos. Consistente con su política de invertir 5% de las ventas, este año destinará $102 millones de pesos para continuar con la sustitución y automatización de equipos, la adopción de estándares de calidad con certificación ISO y la creación de un área de empaquetado. “Debemos vender sanidad total, sin ningún peligro de contaminación”, afirma el directivo. La construcción de silos de maduración, en lugar de simples bodegas, será a partir del año entrante una de las prioridades.

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PIASA nació y ha vivido bajo el abrigo de ocho empresas embotelladoras de Coca-Cola, encabezadas por Grupo Continental, que en 1998 decidieron organizarse y comprar al gobierno un paquete de tres ingenios –uno de los cuales fue vendido y otro reconvertido para producir azúcar refinada– con el fin de asegurarse el abasto de endulzante en sus 31 plantas de refrescos. Con un mercado seguro (las embotelladoras del grupo de accionistas compran la totalidad de su producción, alrededor de 350,000 toneladas) y dinero para invertir, salió ilesa de los difíciles años 90.

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El pago al gobierno por los ingenios, que en otras firmas generó problemas financieros que a la postre las conducirían a la quiebra, no produjo en este caso ningún desajuste, afirma Ayestarán. La relación con los cultivadores de caña, el otro tema ardiente, fue solventada mediante pagos puntuales, premios y capacitación, asegura.

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Los principios de gestión, que tienen su precedente en The Coca-Cola Company –de donde provienen varios ejecutivos– es otro elemento distintivo. Auditores de esa compañía visitan sus ingenios para verificar el cumplimiento de normas de higiene y calidad; por otro lado, comitivas de técnicos, ejecutivos de PIASA e incluso de productores cañeros viajan a otros países en busca de soluciones industriales y de cultivo.

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Una historia que se repite
La de esta firma es una historia demasiado buena para una industria maltrecha, que en cierto sentido vuelve al mismo punto en que se encontraba hace 14 años: ingenios en manos del gobierno, problemas de mercado y privatización en puerta.

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Las autoridades crearon el año pasado una institución estatal, el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), para rescatar los ingenios tomados bajo su control. Jorge Laborín, su responsable hasta el cierre de esta edición (a finales de mayo su oficina aún no confirmaba ni negaba la versión generalizada de su salida), se rehusó a hablar con Expansión de la situación de las fábricas y el Plan nacional azucarero, dado a conocer recientemente, y que –se dijo– pretende modernizar el decreto que rige a la industria, mecanizar el campo y facilitar el acceso al crédito.

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La privatización de finales de los años 80 y principios de los 90 produjo resultados al poco tiempo. Mejoró la eficiencia operativa 40% y estabilizó los precios, señalan en un estudio Leonard Mertens y Roberto Wilde, consultores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo que México se colocó entre los 10 mayores productores en el mundo.

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Pero los problemas también llegaron pronto. Convencido de que el mercado tiende por sí mismo al equilibrio, el gobierno tomó una decisión drástica. “Se eliminaron [por un periodo corto] todas las normas para importar azúcar y abastecer al mercado interno –recuerda Gisela Espinoza, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)–. Al comenzar los años 90 se calcula que entraron tres millones de toneladas de azúcar, pese a que ya había autosuficiencia.”

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A mediados de la década se liberaron los precios en el mercado interno, pero la saturación del mismo los derribó. Con el fin de compensar los efectos negativos de esa caída en las empresas, las autoridades recurrieron a los subsidios: decidieron reponer a los productores cada peso perdido en la exportación (en el comercio exterior se operaba a precios dumping; es decir, por debajo de su costo).

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Eso no impidió que la liquidación de deudas rezagadas se convirtiera en un conflicto creciente. El periodo 1997-1999 fue de renegociación de pasivos, dice la académica, bajo la premisa de que las cosas mejorarían en 2000, cuando Estados Unidos abriría completamente su mercado al azúcar mexicana.

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Fue así como Grupo Azucarero México (GAM), uno de los mayores del ramo cuando se dio la expropiación en septiembre pasado, llegó al momento de esa decisión del gobierno con deudas por $140 millones de dólares. Juan Cortina, su director general, reclama una indemnización. Sostiene que su compañía era de las menos apalancadas: frente a esa deuda, producía 470,000 toneladas. Otra de las organizaciones expropiadas, cuya producción era de un millón de toneladas, debía $1,100 millones de dólares; otra, con un volumen de 380,000 toneladas, tenía una deuda de $300 millones; y una más, que fabricaba 320,000 toneladas, mantenía adeudos por $190 millones.

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Estados Unidos, ¿un espejismo?
Firmado en un entorno de déficit azucarero en el país, el TLCAN estableció el compromiso por parte de la unión americana de comprar a México sus excedentes a partir de 2000; mientras tanto, admitiría una cuota de 25,000 toneladas anuales.

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Pero el mercado estadounidense, que paga el azúcar al doble de los precios internacionales (por razones geopolíticas y no económicas), nunca abrió sus puertas. El argumento fue la existencia de un documento firmado por el entonces secretario de Comercio de México, Jaime Serra Puche, que admitía, sin la aprobación de los legisladores, cambios a ese calendario de apertura.

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Localmente las cosas tampoco andaban bien. A pesar de los avances, el sector estaba entre los más atrasados; de hecho, los especialistas advirtieron que de no ser por el retraso en la liberalización acordado en el TLCAN, habría desaparecido. Hoy los industriales piensan que la mayor amenaza a su existencia es que no se respete el acuerdo.

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Los tiempos en que el Estado vendía el azúcar, financiaba el cultivo de caña y cubría los déficit de los ingenios habían dejado huellas imborrables. El decreto ley que rige a la industria fija el precio que se debe pagar por la caña; en vista del atraso en materia de cultivo y cosecha, y de que la caña representa cerca de 60% de los costos de producción, el azúcar mexicana es una de las más caras. Este año la tonelada se pagará entre $32 y $35 dólares, contra un rango de $12 a $25 dólares en Brasil, el país con los menores costos.

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La lógica de inversión de los grupos privados, que debieron adquirir en paquete ingenios avanzados y atrasados, fue dirigir los recursos a los más rezagados, lo que condujo a agobiantes exigencias de capital y a detener la actualización de la industria. Atrapadas en esta fórmula, señalan Mertens y Wilde, algunas firmas cerraron ingenios y nada indica que hayan terminado las reestructuraciones.

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En la industria todavía existen los porteros sin puerta, asevera Ayestarán: personas que en algún momento fueron asignadas a cuidar un acceso, conservan el cargo aun cuando el portón fue eliminado años atrás.

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Las técnicas de gestión actuales, que consideran la calidad y el aprovechamiento de la capacidad de los trabajadores, no llegaron al sector sino hasta 2000, pero lo hicieron de forma esporádica, apuntan los consultores de la OIT.

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La fuerza de 140,000 cañeros (los encargados de cultivar y cortar la caña), y su dispersión en más de 200 municipios del país, hacen más factible la obtención de apoyo gubernamental que la adopción de medidas modernizadoras. Son un gremio corporativista, señala Espinoza, integrado a la Confederación Nacional Campesina (CNC, una organización rural del Partido Revolucionaria Institucional). “Son combativos, pero siempre que se han insubordinado son controlados a través de prebendas y privilegios.”

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Dos productos, un mercado
Ahora la fecha esperada es 2008, cuando deberá abrirse el mercado norteamericano del azúcar (desaparición de aranceles), según el TLCAN.

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Pero también se iniciará para alta fructuosa, un derivado del maíz que le disputa al azúcar suculentos mercados, comenzando por el de refrescos.

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Convertido en instrumento de negociación de Estados Unidos, el nuevo edulcorante –del que ese país tiene importantes excedentes– ha contribuido a estrechar el margen de maniobra de los azucareros, al presionar los precios a la baja y disputarles un mercado local calculado en $23,500 millones de pesos.

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Después de un episodio de disputas comerciales entre los dos países, que requirió la intervención de la Organización Mundial de Comercio y la creación de un panel de controversias en el marco del tratado comercial, se llegó a un acuerdo que pospone el conflicto: el vecino país del norte admite azúcar mexicana en la misma cantidad que alta fructuosa de la unión americana es aceptada por México. La cuota acordada, de 148,000 toneladas, significa para los productores nacionales un incremento mínimo respecto a la cantidad que exportaron en 2001, y casi nada frente a las 450,000 toneladas de excedentes en el país. Aparte de esa cuota, México comercializa al mercado mundial 600,000 toneladas, pero a precios dumping y sin subsidio.

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Desde luego los industriales no están satisfechos. “Tenemos un tratado por el cual debimos haber enviado todos nuestros excedentes a ese país”, señala José Pinto, vicepresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, y director corporativo de Beta San Miguel (BSM), que se mantiene en manos privadas y es el segundo mayor productor en el país, con cinco ingenios. Se prevé que el arreglo con Estados Unidos tenga vigencia hasta 2003, por lo que las negociaciones deberán reanudarse el año entrante.

-Por lo pronto, reina la incertidumbre tanto entre los que venden edulcorantes como entre quienes los consumen. En septiembre la atención estará puesta en el Congreso, que deberá decidir qué hacer con el impuesto especial a productos que emplean alta fructuosa, suspendido por ahora.

-Otro capítulo abierto es la privatización de los ingenios expropiados: pese a haber reportado pérdidas el año pasado, BSM está interesada en una posible compra.

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El peligroso competidor
Los importadores y productores de alta fructuosa le encuentran sabor a la cuota acordada de 148,000 toneladas. El año pasado el consumo fue de 550,000 toneladas en México, de las que dos terceras partes se produjeron localmente –aunque los azucareros señalan que la elaboran con maíz subsidiado, importado de Estados Unidos–.

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Este derivado podría llegar a atender hasta 40% del mercado de edulcorantes, dice Alejandro Guzmán, vocero de Arancia Corn Productos, una empresa de capital mexicano y estadounidense con sede en Guadalajara, Jalisco. Por su consistencia líquida, es un insumo especialmente aceptado entre los fabricantes de jugos, yogur y derivados lácteos. El mercado por excelencia es el de los refrescos, que consume 1.8 millones de toneladas de dulce. Una versión no confirmada señala que 90% de la cuota que ingresará a México este año será a través de la importadora Almidones Mexicanos, y que su venta ya está comprometida a PepsiCo de México.

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El hecho es que los embotelladores, como el resto de los productores de bebidas dulces, viven el mejor de los mundos dada la facilidad operativa para adoptar uno u otro endulzante. La tendencia, por ahora, es combinar ambos. El año pasado Coca-Cola FEMSA empleó 60% de alta fructuosa y 40% de azúcar. En uno de los líderes locales de bebidas de frutas y néctares, Jugos del Valle, la proporción por ahora es 55% azúcar y el resto alta fructuosa, señala una fuente de la compañía.

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Esta versatilidad de los embotelladores produce tentación en industrias que en teoría sólo pueden emplear azúcar. La Corona, un importante fabricante de chocolates, ha experimentado con alta fructuosa. Al igual que las panificadoras, han notado un cambio en el sabor de los productos, por lo que han desechado temporalmente la sustitución. Los azucareros hacen su parte; otorgan descuentos de entre 10% y 15% a quienes compren anticipadamente su consumo para todo el año.

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No será sencillo detener a la alta fructuosa que es hasta 30% más barata. Incluso PIASA se dice dispuesta a utilizar su infraestructura de distribución y logística para comercializar ambos edulcorantes.

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¿Traición? No la hay: su compromiso indeclinable es garantizar el abasto a sus embotelladores accionistas, sin importar quién lo produzca o de dónde provenga.

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A la industria le vendría bien algo de ese pragmatismo. Las ideas de que los ingenios sólo son útiles para producir azúcar y de que ésta sólo sirve para endulzar ya están superadas en el mundo, señala Mertens. Sin embargo, en México “la innovación de producto y exploración de nuevos usos, por ejemplo en los ámbitos energético, farmacéutico y en la biotecnología, así como la búsqueda de nuevos derivados, no forman parte de la agenda estratégica”. En otros países el azúcar se emplea como complemento adicionado a la gasolina, mientras que las instalaciones que la producen funcionan como plantas de cogeneración eléctrica. En Guatemala, donde los costos son menores, se calcula que 15% de la energía eléctrica se genera en los ingenios. Una ventaja de explorar derivados es que los costos se minimizan, asegura Ayestarán. Así ocurre en Brasil, señala, con la producción de etanol.

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Avanzar en ese terreno dará ventajas cuando acaben las disputas comerciales y el mercado estadounidense sea una arena de combate para los más capaces. La visita de posibles clientes de ese país a los ingenios de PIASA para verificar las condiciones en que funcionan es interpretada como un buen indicador por su director general.

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De paso podría ayudarle a sobrellevar la indiferencia de las cámaras de televisión.

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