El cabildero responde

En los tres años que restan, el ex candidato a jefe de gobierno capitalino deberá afinar sus artes
Salvador Frausto y Alberto Bello

Los ojos de una treintena de ex secretarios de Gobernación vigilan la antesala del despacho de Santiago Creel. Cada día debe atravesar una galería de fotografías en blanco y negro del último siglo. Salvo un espacio en la pared –la imagen que hubiera ocupado Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero en 1913– hay tres decenas de rostros familiares como los de Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Francisco Gutiérrez Barrios o Manuel Bartlett.

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La del actual titular de la dependencia ocupará algún día su lugar, inmediatamente después de Diódoro Carrasco, el último secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Para el funcionario, la lógica sucesoria que cumplirá 49 años en diciembre es únicamente temporal. “Antes una instrucción vertical del Presidente al Congreso no tardaba más de lo que dura una llamada telefónica”, dice.

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Frente a las quejas de los empresarios que tachan al gobierno de “incapaz”, Creel Miranda –contrario a su estilo terso– alza la voz para asegurar que “habrá que entender que los tiempos de una democracia son distintos a los de un gobierno autocrático”. De hecho, el cartel sobre la puerta contigua a la galería de retratos reza: “Subsecretaría de Enlace Legislativo.” Una división innecesaria en otros tiempos.

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Para algunos analistas, el secretario –abogado por la UNAM y doctor en derecho por la Universidad de Michigan– es uno de los responsables de que no se hayan aprobado las reformas estructurales que el gobierno propone, el Congreso no ha dispuesto, los empresarios reclaman y la sociedad necesita.

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“La experiencia adquirida en los tres primeros años nos ayudará a conducir los últimos tres”, dice en entrevista exclusiva con Expansión. Él confía en que el cambio prometido iniciará luego de que el 1 de septiembre comiencen los trabajos de la nueva Legislatura. “En el remoto caso de que las reformas no se dieran –dice–, cada quien tendría que asumir su responsabilidad.”

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Durante la charla, Creel adelanta las directrices de la agenda legislativa: la reforma eléctrica será la punta de lanza para empujar los cambios estructurales, secundada por las reformas hacendaria, laboral y en telecomunicaciones. Paralelamente, el gobierno desempolvará la reforma del Estado y promoverá cambios en el sistema político.

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Con eso vendrán las discusiones sobre la reelección legislativa, la reducción del número de diputados y la ampliación de los periodos de sesiones en las cámaras. También impulsarán una veintena de iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo, actualmente frenadas en distintas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, como la ley de adquisiciones y la de juegos y sorteos.

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“Exigencias irreflexivas”
—Todos los partidos dicen apostarle a las reformas estructurales, todos parecen tener los mismos objetivos, pero ven distintos caminos para llegar a ellos. ¿Qué está “frenando el cambio”?
—Así es en todas las democracias. Normalmente las discusiones no radican en los fines sino en los medios. ¿Cuánto tardaría una reforma hacendaria en un país europeo? ¿Cuánto en Estados Unidos para cambiar las bases de operación del sector energético o las del sector de las telecomunicaciones? ¿Un par de años serían suficientes?

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A casi tres años de asumir los hilos de la conducción política de la administración foxista, Creel muestra una desesperación que no había dejado ver antes: “Las exigencias son irreflexivas, todos estamos de acuerdo en que deben salir las reformas, pero se olvida la complejidad propia de un sistema democrático en el que nadie tiene todas las fichas ni todos los controles. ¿Cuánto tiempo lleva nuestro Congreso actuando como tal? ¿Tenemos los más de 1,000 años del Parlamento inglés o los 200 años de las cámaras del vecino del norte?”

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Quienes lo conocen dicen que es “demócrata hasta el tuétano”, condición demostrada cuando fue consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y en los tres años como diputado panista. Sus críticos, en cambio, le exigen más astucia y le piden que acelere la lenta transición mexicana.

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Él se defiende: “Ubiquemos en qué etapa de la democracia estamos y la magnitud de las reformas estructurales. Repasemos lo hecho en estos años: 220 nuevas leyes, 900 nombramientos y 40 tratados ratificados por el Senado. ¿Es poco o es mucho? Los índices de aprobación lo dicen: más de 75% de las iniciativas ejecutivas y más de 80% de los tratados enviados a la Cámara alta.”

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La agenda reagendada
Santiago Creel entra en otro terreno pantanoso cuando delinea los puntos centrales de la agenda legislativa 2003-2006. Y es que, a contracorriente de lo que propone el ex canciller Jorge Castañeda –quien dice que las reformas políticas deben anteceder a las económicas–, el funcionario cree que ambas deben darse simultáneamente.

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“Tenemos tres prioridades –revela–. La primera: lograr los cambios estructurales de carácter económico, ya planteados al Congreso de la Unión, como las reformas al sector energético, a la hacienda pública, a los ámbitos laboral y de telecomunicaciones.”

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La segunda es la reforma del Estado o política, tan importante como las anteriores por implicar transformaciones de fondo en el sistema político, “y así prosperar a una realidad que no existía cuando se configuró el que hoy tenemos”.

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La tercera prioridad estriba en las iniciativas que forman parte del inventario de la Legislatura, como la ley de adquisiciones, la de juegos y sorteos y “otras 20 o 25 nuevas normas que son reformas importantes para nosotros”.

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—Se discute sobre qué debe ir primero: las reformas políticas o las económicas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno, cuáles impulsarán al comienzo de la siguiente Legislatura?
—Tienen que ser paralelas. Lo que sí es un hecho es que ya fue presentada la iniciativa de reforma eléctrica por parte del Ejecutivo y que aún no hemos entregado las relativas a la reforma del Estado, porque dimos prioridad a las transformaciones de tipo estructural o económico. Pero en esta segunda etapa de la administración nos dedicaremos a impulsar con la misma intensidad unas y otras.

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—En la Legislatura pasada quedaron pendientes las reformas estructurales. ¿En cuál hay más avances o consensos actualmente?
—En la del sector eléctrico. No hay todavía un acuerdo como tal, pero sí propuestas que coinciden en 80%. Es preciso trabajar el resto para llegar a un convenio, aunque ese 20% es lo más difícil. No quiero dar la impresión de que las cosas ya están dadas, sin embargo sí están ya muy trabajadas.

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—¿Por qué es importante para el gobierno la inversión extranjera en el sector eléctrico, tan criticada por la oposición?
—Es fundamental porque requerimos de capital externo para poder sortear las necesidades: no existe el ahorro interno suficiente. Lo que da soberanía no es el origen del dinero, sino que se cumplan las leyes. El capital viene y va por todo el mundo aprovechando tasas de interés, rentabilidad de inversiones, y haríamos muy mal si cerramos la posibilidad de aprovecharlo en un sector que lo requiere en gran cantidad.

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A los empresarios
—Reconocidos hombres de negocios criticaron al gobierno por no sacar adelante las reformas estructurales…
—Nosotros dimos el paso: la iniciativa de reforma eléctrica está en el Senado, nuestros senadores y diputados están dispuestos a empujarla. Impulsamos esta propuesta con toda la fuerza política que tenemos y en el remoto caso de que algunos de los cambios estructurales no se dieran, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. En una democracia uno no puede obligarse por terceros, nosotros no podemos asumir la responsabilidad que tienen los partidos y mucho menos la de los legisladores.

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—¿Algunos empresarios aseguran que las declaraciones del presidente Vicente Fox contra la oposición entorpecieron el avance de las reformas?
—Justificaciones hay muchas. Que vuele un pájaro puede ser una de ellas, por más absurda que parezca, para que las cosas no sucedan. El país necesita esas reformas y no hay una excusa seria para no hacerlas.

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—¿Qué opina de las declaraciones de Carlos Slim y de su activismo?
—Es muy conveniente que los empresarios sean partícipes de la vida pública del país. Por otra parte siempre ha habido hombres de negocios muy visibles: lo fue Manuel J. Clouthier como dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Juan Sánchez Navarro durante largo tiempo; Margáin Sosaya, representante de los empresarios de Monterrey. En una democracia es preciso escuchar todas las voces, la gente debe fijar sus posiciones; al gobernante le sirve para conocer mejor las posturas de cada quien. Además, enriquece el debate y genera muchos ángulos para la reflexión.

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—¿Qué opina de la idea de aumentar el déficit para tener más inversión pública?
—Ya vimos qué ocurre cuando aumenta el déficit más de lo razonable. La discusión no radica en si deben o no las finanzas públicas tener déficit: siempre habrá. La cuestión es definir cuánto, si 0.065% es lo conveniente o podemos llegar a 0.1% del PIB.

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