El estado 32

El autor es arquitecto y presidente del Instituto Interdisciplinario de Planeación Urbano Regional
Carlos Reyes Navarro

La problemática de la ciudad capital, sumergida en crisis aguda, se incrementa. Su impacto lesiona y agrede al país entero en su equilibrio, equidad y desarrollo.

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La ciudad de mayor urbanización, sobrepoblación, concentración y hacinamiento del mundo, hazaña de lo absurdo, se ha constituido en la antítesis de la planeación, prototipo internacional de lo que no hay que hacer.

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El Valle de México es una macrocazuela que, como olla de presión, está próxima a un grave e impredecible estallido social, observable en el desempleo, incertidumbre, inseguridad, temor, malestar, degradación y desgaste de individuos y familias, reducción en el consumo de alimentos, depresión y disminución radical del nivel de vida.

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Todo lo que se realice en el parámetro territorial del Distrito Federal (1,483 kilómetros cuadrados) sin considerar la visión integral del espacio regional de la cuenca del Valle de México como unidad macrometropolitana (9,600 kilómetros cuadrados) está condenado a un rotundo fracaso socio-político, que permea y trasciende la seguridad nacional.

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La presencia de los poderes federales en la región hacen del DF un centro de poder que integra decisiones, sectores y actividades que tornan deficitaria la compleja red de servicios. El detonador social de corto plazo es la escasez y racionamiento de agua, programado por tiempos. El conflicto que provocará esto es imprevisible.

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Y todo ello se desarrolla en un marco de etapa crítica, con una economía aún contraída, en pleno proceso de globalización.

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OTRO PROYECTO NACIONAL
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Para definir un espacio geopolítico y sociodemográfico distinto –considerando al Valle de México como la región lacustre “Valle de los Siete Lagos” (Chalco, Texcoco, Zumpango, Xochimilco, San Cristóbal, Xaltoplan y Laguna de México)–, de largo plazo, deben cancelarse los “marcapasos” sexenales. Proponemos lo siguiente:

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1. Legislar de inmediato para establecer otra base de planeación geopolítica, para reorganizar a los diferentes niveles de gobierno federal, estatales y municipales.

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2. Impulsar un federalismo real, basado en la figura del referéndum. Apoyo de las instancias federativas en política fiscal, gasto social y obras públicas para ubicarlas en su marco regional.

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3. Descentralizar la administración pública federal. Esto debe iniciarse a partir de la reestructuración y simplificación de las diversas instancias en las 10 áreas regionales preestablecidas por el Instituto Interdisciplinario de Planeación Urbano Regional AC (Inplur) (ver mapa de la república).

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4. Crear el estado 32, integrando en él a los 68 municipios conurbados (49 del Estado de México, 15 de Hidalgo y cuatro de Tlaxcala). Las 16 delegaciones del DF se tendrán que convertir en municipios. Esto permitirá reordenar, organizar, desarrollar y estabilizar integralmente el universo de recursos y servicios, al evitar la anarquía y el caos que actualmente priva en las relaciones de los conciudadanos de la región. El cambio en la estructura delegacional y municipal es a todas luces benéfico en términos políticos, administrativos, jurídicos, financieros y de servicios. La propuesta de Inplur es que la capital del naciente estado sea San Martín de las Pirámides, por sus especiales características, antecedentes y patrimonio histórico.

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La creación del estado del Valle de México elimina las posibilidades de conflictos de sobreposición, traslape e interferencia de poderes, no se contrapone ni lesiona el pacto federal. La sede de los poderes federales se concebiría como la “ciudad gubernamental de Estado”, acotando su territorialidad en un espacio urbanístico de nuevo diseño arquitectónico –dentro del actual DF– para optimizar su administración. Pero las autoridades actuales han descalificado esta propuesta. En actitud retrógrada, se oponen sistemáticamente a este proceso necesario de ordenamiento y desarrollo, que sólo se puede traducir en bienestar para la población. El Congreso de la Unión debería actuar de inmediato.

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5. Crear un Congreso Interestatal Regional dentro del nuevo estado, con todas las facultades, atribuciones y responsabilidades propias del poder legislativo.

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6. Desconcentrar la planta económica, financiera, fiscal, laboral e industrial con arreglo a sistemas de desarrollo interestatal-regional, mediante la creación de fuentes de trabajo, redistribución del ingreso y estímulos tributarios. Esto permitiría diseñar, dentro del espacio y estructuras descritos de la nueva capital, un sistema de redes de pequeñas y medianas empresas que se complementen en su actividad. Los problemas nacionales deberán ser encarados con soluciones interestatales en sus espacios regionales. Esto significa la aplicación de una auténtica política integral de distribución de la población, ya que el problema es de sobrepoblación y/o dispersión en ambos sentidos. La propuesta -pemitiría crear nuevos hábitats (sistemas urbanos integrados) con vivienda, fuentes de trabajo, centros educativos de diferentes niveles, unidades de salud, instituciones culturales, de arte y esparcimiento, de acuerdo con una planeación de toda la vida nacional. Para ello es necesaria la creación de un Consejo Rector Interestatal, compuesto por comités ciudadanos que coordinen los recursos para los requerimientos urbanos, vigilen el gasto y la distribución de la obra pública, jerarquicen prioridades y pacten alianzas con los organismos no gubernamentales. Este Consejo estaría integrado en el organigrama del Congreso Interestatal Regional.

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7. Llevar a cabo este proyecto de nación mediante el establecimiento de 39 subsistemas de ciudades, que funcionen como asociaciones de municipios, bajo un programa federal de transferencia equilibrada de ingresos hacendarios. Es decir, aplicar una estrategia de “descentralización-centralizada”, con el objetivo primordial de erradicar la patología de la miseria con efectividad, objetividad y realismo. La estrategia se basa en la simplificación del Poder Ejecutivo, reduciendo de 18 a 12 las secretarías de Estado y ubicando a cada una dentro de las diversas regiones.

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Hablar de democracia económica significa un nuevo mapa de la geografía económica; es decir, de un verdadero desarrollo municipal. La base para el nuevo crecimiento deben ser las ciudades medias y pequeñas: actualmente existen 141 ciudades de más de 100,000 habitantes y 263 con más de 50,000. Hay que descentralizar para evitar las grandes concentraciones urbanas, hacinamientos de conglomerados humanos y para revertir el origen de los problemas del Distrito Federal. No obstante, el llamado Programa de las 100 ciudades –que de hecho incluye a 116– está mal enfocado por la Secretaría de Desarrollo Social, ya que sólo se sustenta en cinco rubros: suelo, vialidad, transporte, medio ambiente y actividad económica. Esta es un política de avestruz, en la que no se quiere ver el entorno –la interrelación regional– en toda su dimensión.

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8. Lograr el ordenamiento y autonomía de los poderes de la Unión, con respeto, transparencia, unidad y seguridad jurídica. Esto significa la aportación equitativa de impuestos y gasto público, para resolver de manera integral los diversos factores que destruyen las economías de escala y generan la geografía nacional de la pobreza.

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9. Promover una cultura ecológica: ecosistemas integrales como hábitats dignos y saludables. La mayoría de los recursos naturales del país son objeto de degradación y destrucción, ejemplo vivo de que priva aún el interés del negocio de unos cuantos sobre el del conjunto de la población. El Valle de México, hazaña del absurdo, es un almacén de contaminantes muy tóxicos. Para resolver el problema de la macrocazuela de presión, en donde los vientos están atrapados sin salida, hay que atender a la naturaleza (las corrientes de vientos, que principalmente van de norte a sur y sur-oriente) y crear dos corredores de paso en las sierras del sur que funcionen como barredoras naturales. La tesis específica, ya conocida, consiste en abrir los tajos requeridos en la parte superior de la sierra de Chichinautzin para dar salida a los vientos y, así, arrastrar la crítica natilla tóxica del Valle de México. Pero han pasado ya 23 jefes del Departamento del Distrito Federal, característicos de la -gestión de marcapasos sexenales, haciendo pruebas y ensayos inútiles.

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No debe olvidarse, además, el alto riesgo sísmico de la región lacustre del Valle de México. No estamos preparados para un macrosismo, y menos cuando desde hace años se persiste en la extracción de los mantos acuíferos del subsuelo, que provoca un hundimiento constante y sistemático. De cara al siglo XXI es urgente descentralizar la cuenca del Valle de México.

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