El último trecho

El Quinto Informe marca el cierre formal de un gobierno que bajó la persiana después de la derrota
Alfonzo Zárate

Según los cánones del antiguo régimen, el Quinto Informe de Gobierno señalaba el principio del fin. El presidente de la República llegaba al clímax del máximo poder concentrado al momento en que iniciaba el declive: la preparación del difícil retorno a la vida civil que implicaba, naturalmente, su muerte ritual como figura política incontrastable. En las semanas o meses siguientes se dispondría a consumar el acuerdo de la sucesión “monárquica” –destape y unción del elegido– que antecedía a la recomposición de las élites al interior del partido de Estado –enroques, desplazamientos, cambio de dirigencia– y a la campaña constitucional como requisito, litúrgico, de la simulación democrática por la vía de las urnas.

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Así ocurrió, con ligeras variantes, por más de medio siglo: de la sucesión cardenista operada a favor del general Manuel Ávila Camacho a la maniobra salinista para garantizar la continuidad transexenal de “la generación del cambio” encarnada por Luis Donaldo Colosio. El magnicidio y el segundo destape modificarían sustancialmente las reglas del juego, lo que no impidió que Ernesto Zedillo hiciera un último intento por volver a los cauces mediante la erección de una candidatura oficial y el reciclaje de los viejos usos del poder. Propósito condenado al fracaso no sólo por el anacronismo y la torpeza del presidente involuntario o la mediocridad del aspirante (Francisco Labastida Ochoa) sino, sobre todo, por los niveles de descomposición alcanzados por el sistema político priísta.

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La alternancia en el Ejecutivo no fue el golpe mortal sino la puntilla: fin de siglo, fin de ciclo e inauguración de un nuevo tiempo histórico; apertura a la complejidad y a la incertidumbre que supone todo régimen en construcción; territorio de la vacilación y la sorpresa, de la perplejidad o el desencanto, porque así suelen ser las empresas políticas de gran calado y alcance mayor.

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En ello estamos. En el interregno, esa tierra de nadie donde lo viejo no termina de irse y lo nuevo sigue sin imponer desenlaces positivos. De ahí las dificultades que implica el análisis de un gobierno anómalo, de tránsito y ajuste, como el que encabeza Vicente Fox. Sin embargo hay que admitir, cabalmente, la profunda modificación de las coordenadas políticas. El espacio central del régimen en transición dejó de ser coto privado del Ejecutivo y hoy es compartido por los poderes Legislativo y Judicial.

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Además, en la última década se ha forjado la fortaleza institucional: del IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Banco de México en pleno ejercicio de su autonomía y el Instituto Federal de Acceso a la Información. Tan frágil y accidentado como se quiera, el proceso de transición democrática ha podido consolidar un entramado jurídico-político que pone límites al uso discrecional, faccioso e irresponsable del poder.

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En otros términos, la ineludible condición de un poder presidencial acotado por todos los frentes, sometido al escrutinio público y al contrapeso de poderes y organismos autónomos. La mera posibilidad de la alternancia nulifica, incluso, la más humana y “previsible” de las intenciones: influir en la sucesión para garantizar una ex presidencia tranquila o cultivar el terreno de una gloriosa posteridad (el proverbial “sitio en la historia”).

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Si lo anterior es cierto, el Quinto Informe ya no será otra cosa que el cierre formal de una administración que bajó la persiana después de la derrota en las elecciones intermedias y el aborto inducido de la reforma hacendaria. Imposible exigir peras al olmo: gobernar sin gabinete, sin partido, sin proyecto, sin mayoría legislativa y sin aliados confiables. ¿Quién aguanta la eternidad de un sexenio en el peor de los mundos posibles?
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-El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario.
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