El negocio de los $8,500 millones de dó

Hay una palabrita que comienza a recorrer los pasillos de las oficinas públicas y privadas del país: transparencia. El concepto, muy arraigado ya en naciones de tradición democrática, apenas roza hoy a las instituciones mexicanas.

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En pocas palabras, la transparencia es la posibilidad de que el ciudadano tenga una visión clara de lo que ocurre dentro del gobierno, a partir del acceso a la información, para que exija la rendición de cuentas a los funcionarios públicos. Esta es la definición del diccionario.

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Pero el tema sirve de muy poco a un país si todo se queda en la esfera gubernamental: es indispensable bajar el concepto a las compañías y a todo tipo de organizaciones sociales. De ahí que Expansión haya invitado a un grupo de expertos en la materia a discutir el término y a tratar de quitarle su significado quijotesco para volverlo operable.

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Esta mesa redonda se celebró el pasado 30 de mayo y participaron las siguientes personas: Aliza Chelminsky, directora de la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Ari Kahan, empresario y presidente de Administración por Valores (Aval); Alexis E. Rovzar, socio de White & Case; Carlos Mota, director de la Maestría en Administración del ITAM; y Luis Gerardo Díaz, socio de PriceWaterhouseCoopers.

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A continuación, un extracto de la charla:

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¿Cómo aterrizar el concepto de transparencia en el terreno de los negocios?

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Chelminsky. Se trata de transparentar las operaciones de las empresas –de manera que sus diferentes públicos puedan entenderlas– y de actuar con integridad. Una compañía que se relaciona con sus auditorios clave de forma transparente cumple con un código de conducta interno, que respeta y vigila las normas. La corrupción en el sector privado no es menor que en el área pública. Se trata de tener una casa limpia para que sepan quiénes somos, qué hacemos, dónde invertimos y qué tipo de responsabilidad social corporativa asumimos. Dicho de otro modo, se trata de no tener algo que esconder.

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Mota. La primera esfera de acción de una empresa es económica y después viene la legal, que la rebasa. A continuación siguen las de acción ética y discrecional, en las que la corporación se topa con distintas audiencias. Creo que el reto mayúsculo es tratar de llegar a acuerdos en el sistema de negocios en su conjunto, de manera que éste entienda cuáles son los valores que la sociedad premiará en el futuro, cuáles desea incorporar y de cuáles vicios debe deshacerse.

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Rovzar. Y cambian con el tiempo. Siempre que hablamos de ética estamos ante una posible justificación teórica del comportamiento humano, pero más concretamente del actuar, del debe ser. Tenemos que ver esta materia dentro de las normas universales, porque de alguna manera cambia con el tiempo: lo que hace 200 años era perfectamente aceptable, hoy puede no serlo. Por ejemplo, la tala de bosques. Creo que conviene mencionar los principios éticos universales del orden social: respeto a la dignidad humana, libertad, respeto a la autoridad legítima (Estado de derecho), justicia, bien común por encima del bien personal, reparto equitativo de la riqueza y solidaridad.

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Todos estos conceptos ordenadores del comportamiento humano están perfectamente bien aterrizados en lo bueno y lo malo que tiene lugar en la sociedad. Si dejamos de enseñar ética y moral en los libros de texto, en las escuelas públicas y privadas, es normal que hoy nos encontremos con la anormalidad de ejecutivos en los órdenes público y privado, que podrán ser –como dice Sergio Reymond, del IPADE– muy efectivos, pero muy poco confiables: gente que hoy tiene herramientas financieras, económicas, un sentido de negocios muy moderno, de clase mundial, pero que guarda un juego de valores muy por abajo de la media mundial, contra el cual contrasta su actividad diaria.

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En México no priva la corrupción porque nuestra condición humana de mexicanos sea distinta, ni por el clima o la geografía, sino por la ausencia de valores en la educación desde hace décadas, un Estado de derecho semiausente y empresas que no entienden que son el último confín para educar a quienes no fueron formados en valores éticos. Si obreros, empleados y ejecutivos no son instruidos mediante códigos de conducta con sanciones muy bien definidas, habremos perdido una generación o varias que nunca estuvieron en contacto con valores morales.

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Díaz. Totalmente de acuerdo. Nosotros vemos la opacidad como la falta de prácticas claras, formales, precisas y ampliamente aceptadas en diferentes dimensiones, y no sólo como la presencia o ausencia de costumbres corruptas. Tratamos de hacerlo de una manera objetiva, midiendo el impacto que tiene la falta de transparencia.

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Kahan. La experiencia que he tenido con las pequeñas y medianas empresas es muy esperanzadora. Pero como en varios foros se ha comentado, tenemos que dar un paso arriba, debido a que la ley misma no es transparente y da la impresión de que fue hecha para ser violada. Tenemos que cabildear para lograr leyes muy claras, que no sean interpretativas.

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El propio secretario de Contraloría, Francisco Barrio, hablaba de $53,000 millones de dólares (casi 10% del PIB) que son recursos no transparentes en México. Esta cifra duplica el presupuesto en educación. Ahí están los análisis de PriceWaterhouseCoopers respecto de las condiciones de los países para recibir inversión extranjera de acuerdo con su opacidad.

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¿Pero cómo aterrizamos el término? ¿Cómo hacer que los empresarios entiendan que esto es ya un factor de competitividad?

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Chelminsky. La falta de transparencia repercute a la larga en pérdida de competitividad. Ahí está el impuesto adicional del que habla el estudio de PriceWaterhouseCoopers, de 15%, que pagamos en México por tal situación. Esto mina los recursos del país, lo cual implica un impacto en cada uno de nosotros, pues enfrentamos un precio más alto y la inversión fluye menos. Los esfuerzos que ya comienza a realizar Transparencia Mexicana para cuantificar la corrupción en todos los estados serán una herramienta eficaz. Tendremos manera de ver cuánto nos cuestan esos detalles cotidianos de pagar para que se lleven la basura o facilitar trámites, y creo que nos vamos a sorprender del alto costo por no ceder el espacio a la legitimidad.

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Díaz. Hay que medir para empezar a tomar acciones objetivas, porque en caso contrario nada se puede evaluar en términos de beneficio o perjuicio. Complementando lo que dice Aliza: en efecto, la sobretasa de opacidad en México es de 15% del Impuesto Sobre la Renta, que es lo que le cuesta extra a un inversionista extranjero al llegar aquí. Chile, si mal no recuerdo, tiene una sobretasa de 5%, y eso les beneficia en la competencia por los recursos externos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta? En el análisis veíamos que el país deja de obtener $8,500 millones de dólares al año. Así, más que trabajar en ver qué facilidades fiscales dar a los inversionistas extranjeros, deberíamos bajar la tasa de opacidad con el fin de que los inversores se sientan más confortables al meter su dinero en México.

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Las cifras son claras y alarmantes, pero ¿cómo hacemos que lleguen a un empresario para que asuma su propia responsabilidad?

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Kahan. Aval, con el esfuerzo de PriceWaterhouseCoopers y Expansión, se ha convertido realmente en una institución que es capaz de medir las subidas y bajadas de esa opacidad a través de benchmarking.

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Rovzar. Claramente estamos ante un cambio cultural, que no provendrá sólo de tener mejores leyes o códigos de conducta muy similares en el mayor número de empresas posible. Tenemos que entender que todo está relacionado con el tipo de economía que vive el mundo hoy. En los años de los mercados protegidos era mucho más fácil esconder los errores: un pequeño grupo de funcionarios, públicos y privados, eran poseedores de la verdad universal y manejaban la información para su provecho personal.

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Mota. Percibo que el sistema en su conjunto no tiene los incentivos para que los empresarios sean transparentes. Me da la impresión de que a lo mejor hay estos esfuerzos sumamente valiosos de organizaciones como en las que ustedes participan, pero creo que no hay un sistema de incentivos que esté premiando la generación de empresas diáfanas en el país. Podemos pensar en el tema de la inversión extranjera directa, que no va a llegar y ya; pero qué pasa con nuestras compañías: si la sociedad, el gobierno y los accionistas no premian la transparencia, entonces nadie tendrá incentivo para practicarla.

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Chelminsky. A escala internacional estamos viendo que la falta de transparencia se castiga, y estas tendencias llegarán pronto a México. Hay incluso fondos de inversión que ya no atienden a empresas que no cuenten con los principios básicos del gobierno corporativo. Hoy existen en el mundo analistas financieros, académicos, medios y funcionarios de gobierno que evalúan permanentemente a las empresas y las califican por todo, y aunque aquí todavía no es tan claro, esto llegará. Somos un país altamente exportador, que debe entender que las reglas de afuera obligan a considerar los principios de la transparencia.

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Rovzar. La ola ya está aquí. Ahí están los grandes bancos españoles que operan en México, supervisados por autoridades internacionales. Y las propias multinacionales van ayudando al empresariado local a elevar sus estándares con códigos de conducta y de responsabilidad social. Como dice Andrés Oppenheimer, debemos hacer un esfuerzo por globalizar la decencia. El Deutsche Bank, por ejemplo, realizó un estudio de empresas públicas en América Latina, y la verdad es que en México hay muy buenos ejemplos (no todo son malas noticias). En este sentido destacan las prácticas de Femsa, Banacci, Soriana, Grupo Continental, Argos y Telmex. Según la investigación, hay más de una decena de grupos mexicanos que son ejemplares en su comportamiento con proveedores, clientes, accionistas y empleados.

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Díaz. Hay un adagio que dice que si puedes medir, puedes empezar a manejar y a controlar. Ya no completó la frase Ari, pero el benchmarking del que habló sigue las reglas básicas del Business Roundtable, que convertimos a más de 500 métricas en la relación de la empresa con sus clientes, proveedores, medio ambiente, empleados y gobierno. Con esas medidas se hace un comparativo para ver el comportamiento de una organización respecto de las mejores prácticas, lo que da la oportunidad de tomar decisiones para mejorar en determinadas áreas.

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Chelminsky. Es importante hablar de cómo transparentar operaciones en una empresa. Por decir un ejemplo, si determinas hacer diáfana tu relación con las autoridades y dejar de pagar mordidas, entonces el gobierno tiene que saber que esa es tu política. Es preciso explicarle el código de conducta, qué aceptas y qué no, para que queden claras las reglas entre la empresa y las autoridades que la regulan y que te pueden obstaculizar. Puede que al principio el costo sea más alto, porque implica que si te pasaste un alto detengan tu tráiler, pero hay que asumirlo. A largo plazo, los ahorros serán sustantivos. Hay una empresa que economiza más de $1 millón de dólares al año sólo por negarse a dar mordidas de tránsito.

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Mota. La métrica que ustedes proponen incluye entonces el desempeño financiero, cómo van, cómo ahorran. Si se complementa con el premio, auténticamente se obtendrán mejores rendimientos.

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Díaz. Lo bonito será que la empresa se dé cuenta poco a poco de que es más benéfico caminar por la derecha.

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Kahan. Que la legalidad es un buen negocio.

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Hablemos de los incentivos, de premios y castigos…

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Chelminsky. Ya dijimos que no es un acto de buena voluntad: no es firmar un código de ética; hay métodos y prácticas. De entrada, se trata de establecer un sistema contable, controles internos y auditorías, sin los cuales no se construye una empresa transparente. Todo eso sirve como un sistema preventivo, que avisa cuando empiezan los manejos irregulares en tu propia compañía. Hay ahí un elemento de ahorro de costos, lo cual es ya un incentivo. Por supuesto, ante los incumplimientos, el código de conducta debe establecer sanciones claras y aplicarse. Tiene que ser una cultura de cero tolerancia, sobre todo en un país acostumbrado a las prórrogas y los perdones.

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Rovzar. Yo no veo ninguna razón por la cual desde la escuela no se pueda hablar ya del código de las mejores prácticas corporativas o por la que el consejo de una empresa privada no pueda empezar a tener miembros independientes, si tiene auditores ajenos a la organización. La porción contable le ha dado una gran aportación a la estandarización de la ética.

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