El precio de la transparencia

El gobierno enfrenta la corrupción que mina los $63 MDD que gasta diario. La medida ha causado pán
Gisela Vázquez

El mayor comprador del país quiere abrir las puertas de su casa. Se compromete a transparentar todas sus compras, desde el menaje de las dependencias hasta la licitación de una hidroeléctrica. Pero el combate a la corrupción y su tramitología han traído un efecto no deseado: el temor de los funcionarios a lanzar licitaciones, debido a que un error los puede llevar ante la Secretaría de la Función Pública.

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"Al endurecerse la vigilancia, las instancias federales están más renuentes a licitar", afirma Eugenio Garza, director general de la Cámara de la Industria de la Electrónica, las Telecomunicaciones y la Informática (Canieti), que representa a quienes aportan las redes de banda ancha, las computadoras o los teléfonos que emplean las secretarías y las empresas paraestatales. "Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre: si el gobierno tiene la idea de perseguir asusta al mismo licitador."

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El gobierno gastará este año en compras y licitaciones $23,000 millones de dólares, $63 millones de dólares por día natural. Una partida que durante décadas se manejó a discrecionalidad por los funcionarios de la administración federal. Eran los días en que el profesor Hank González acuñó el lema de: "Un político pobre es un pobre político."

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El costo de la construcción de un hospital o el precio de una impresora se inflaban artificialmente y el comprador se embolsaba la diferencia o una comisión por favorecer a un licitante. "Las bases se elaboraban de tal forma que fulano o perengano ganaran", dice Nelson Olavarrieta, director general de Inconformidades en la Secretaría de la Función Pública.

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Garza admite que ya no es lo mismo. Como el resto de las cámaras, la Canieti es consultada desde enero de 1999 para cualquier licitación; un acuerdo presidencial de 2001 le permite participar en el proceso. "A veces, nos dejan elaborar las bases de la licitación, algo extraordinario –comenta su director general–. Cuando algo sí está avanzando hay que reconocerlo, aunque no quiere decir que ya la libramos."

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El problema, según Mario Rodarte, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), es la ineficiencia del proceso y su costo. Los funcionarios responsables de la licitación no conocen la materia y tienen que contratar a terceros para elaborar las bases; cuando hay dudas, no tienen la información para resolverlas. "Suma una administración inexperta y una Secretaría [la de Contraloría, hoy de la Función Pública] que empieza a corretearlos porque hicieron mal un proceso o faltó una firma –ilustra Rodarte–; es comprensible el pánico que se generó."

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¿Mercado jugoso?
El sector público requiere, para el cumplimiento de sus actividades, la adquisición de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios de limpieza o mantenimiento de equipo de oficina –entre los más demandados– e incluso la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Nadie en el país compra más que el gobierno. Este año 21.64% de los $1.07 billones de pesos que gasta el Poder Ejecutivo se destinarán a compras.

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Anualmente se convocan aproximadamente 30,000 licitaciones de todo tipo. La institución que más convoca es la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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Aunque apetitoso, el pastel ya no es el que era. "El gobierno no tiene dinero, ya no es como antes", dice Rodarte, del CEESP, el centro investigador del Consejo Coordinador Empresarial (CEE). Los contratos ya no tienen la capacidad de mover sectores enteros, ante un presupuesto que absorbe los compromisos previos en pensiones o gasto social.

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El costo de la corrupción
Los países latinoamericanos y caribeños pagan un  sobreprecio aproximado de entre 15 y 20% en sus adquisiciones debido a ineficiencia, falta de transparencia y corrupción en sus procesos, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Una fiera mordida para los $250,000 millones de dólares al año en compras públicas, sin incluir los gastos militares.

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El organismo calcula que gran parte de las compañías proveedoras de las administraciones en América Latina agregan entre 10 y 20% a sus precios para protegerse de la incapacidad por parte de los empleados gubernamentales y otro tanto para la eventualidad de tener que pagar sobornos. "Eso hace que el sector privado le venda al Estado 20% más caro de lo que le cobraría a un particular", subraya la investigación del BID.

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Pocos gobiernos permiten un amplio escrutinio público de sus compras, aunque hay sonados casos de despilfarro estatal. En Argentina, Buenos Aires pagaba $5 dólares por los mismos almuerzos escolares por los que la provincia de Mendoza pagaba poco más de $1 dólar. El contralor general de Venezuela encontró facturas infladas y otras irregularidades en 52% de los gastos auditados del Plan Bolívar, un programa del presidente Hugo Chávez para reducir la pobreza. En México, Guido Belasso, comisionado nacional de drogas, próximo a la Presidencia, ofrecía servicios de consultoría para acercar a los empresarios a las dependencias públicas.

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"Los gobiernos no sólo deberían poner sus compras en internet, sino también sus presupuestos y licitaciones", señala en un artículo Daniel Kaufmann, responsable de la lucha anticorrupción del Banco Mundial.

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Según estos organismos, México es el país latinoamericano pionero en materia de transparencia con el sistema de compras y contrataciones Compranet, instrumentado en 1996. En su afán por lograr una mayor claridad en los procesos, el presidente Vicente Fox sufrió el toallagate. En junio de 2001 el periódico Milenio publicó que la Presidencia de la República pagaba $443 dólares por una toalla, lo que provocó la renuncia de cuatro funcionarios.

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El testigo social
En el pasado, prominentes empleados públicos abusaban de su puesto creando empresas que curiosamente ganaban las licitaciones para otorgar algún servicio. "Aquellas prácticas de corrupción ya se terminaron –afirma a rajatabla Olavarrieta, directivo de la ex Contraloría–. Nosotros ya decidimos abrir la casa." Ahora la máxima en la Secretaría de la Función Pública es: “¿qué quieres y por qué? Justifica a detalle lo que compras.”

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Aquí cuenta mucho la participación de Transparencia Mexicana, instituto de la sociedad civil que promueve la consolidación de una cultura ciudadana de respeto a la legalidad.

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La llave de oro la constituyen las cartas individuales de integridad, como la firmada por el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayúa en abril del 2001, en la licitación del aseguramiento en la entidad. Al ver esto, 18 funcionarios implicados en la operación entregaron su misiva correspondiente. La contraparte hizo lo mismo.

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Esta firma es condición principal para que Transparencia Mexicana acepte participar como testigo social en un proceso, algo que ha hecho en 22 ocasiones. ¿No es una carta a Santa Claus? "Muestra la decisión y la voluntad política y moral de ser transparente y eso tiene una fuerza impresionante", explica Humberto Murrieta, presidente ejecutivo del organismo.

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El testigo social debe conocer a fondo la materia del rubro a licitar, ya que su tarea es vigilar las distintas etapas del proceso –caso del ex banquero Rubén Aguilar, que participó en la venta de Bancrecer; Fernando Serrano, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, vigiló la venta de Aseguradora Hidalgo, adjudicada a ING–.

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El proceso tiene detractores debido a sus costos. "El artículo cero parece ser que nadie se fíe de nadie", lamenta Rodarte, del CEESP.

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La encomienda del testigo social es evitar que las bases se conviertan en retrato hablado que orille a que una determinada empresa o persona resulte ganadora. Por ejemplo, una licitación del Fonacot, un fideicomiso de crédito a los trabajadores para compras de consumo, especificaba tres marcas en una licitación de computadoras. El testigo social la echó para atrás.

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"Las bases son lo más importante –explica Murrieta–. A veces se han querido licitar equipos obsoletos y ahí presumes que el proceso se hace para quien tiene ese equipo. Hemos echado atrás fallos de este tipo", dice Garza, de Canieti.

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Todavía hay cierta resistencia de algunas dependencias para entrar de lleno a la práctica de la transparencia. La CFE ya lleva siete licitaciones de la mano con vigilantes, mientras que el IMSS todavía no da el primer paso.

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Los frutos de la transparencia
Hace poco Elías Ayub agradeció a Transparencia Mexicana los ahorros obtenidos gracias a sus sugerencias en licitaciones, apunta orgulloso el presidente del organismo. Según la Secretaría de la Función Pública, las acciones de control y auditoría efectuadas de julio de 2001 a diciembre de 2002 permitieron generar economías e ingresos adicionales por $10,291 millones de pesos, cifra que representa 144% del presupuesto asignado a esta dependencia en un sexenio. En el Congreso se encuentra una propuesta para reformar la Ley de Adquisiciones y crear una nueva referente a obras públicas, con lo que se pretende poner más candados contra la corrupción.

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El camino es largo, pero varias instancias gubernamentales ya dieron el primer paso. "Ya abrimos la casa y ya no hay vuelta para atrás", advierte Nelson Olavarrieta, directivo de la SFP.

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–Con la colaboración de Alberto Bello.

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