El programa de las excepciones

Si bien el Prosavi ha despertado suspicacias debido a su lanzamiento en tiempos preelectorales y no
Maricarmen Cortés

Uno de los temas que prevalecieron en la pasada convención bancaria fue la inseguridad jurídica y desde que Antonio del Valle, director general de Bital, tomó posesión como presidente de la Asociación de Banqueros de México –el pasado 8 de marzo– manifestó su preocupación por el apoyo que algunos gobernadores otorgaban a las organizaciones de deudores generando en sus entidades incertidumbre jurídica para las inversiones.

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Aunque Del Valle se negó a proporcionar la lista de los gobernadores “malosos” –a los que también se refirió, sin mencionarlos por su nombre, el director general de Banamex, Roberto del Cueto–, todos sabían que se estaban refiriendo a los gobiernos panistas de Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Jalisco, así como a ciertos gobernadores del PRI, en concreto, los de Michoacán, Campeche y Tabasco.

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Tanto la lista como la preocupación no sólo de los banqueros, sino también del gobierno federal, quedaron confirmadas cuando el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, puso en marcha en Los Pinos el Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda (Prosavi), que se había anunciado precisamente en la convención bancaria. Ante el presidente Ernesto Zedillo, Ortiz reconoció que el Prosavi operará en “aquellos estados de la república que hayan avanzado en crear condiciones de certidumbre jurídica… para favorecer la bursatilización de cartera hipotecaria y la reducción de costos indirectos que impactan el costo final de la vivienda derivados, principalmente, de una regulación excesiva y de una multiplicidad de gravámenes fiscales”.

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Y si bien se afirma que no hay ningún trasfondo político, resulta que el Prosavi entró en vigor en el Distrito Federal y 15 estados: Sonora, Chiapas, Morelos, Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Durango, México, Tlaxcala, Yucatán, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo y Coahuila. Esto significa que –¿coincidentemente?– entre las 16 entidades que quedaron fuera están precisamente las gobernadas por panistas.

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La Secretaría de Hacienda insiste en que no se está discriminando a los gobernadores panistas por el hecho de ser de oposición, sino porque aún no han presentado a su Congreso local las iniciativas de reforma que faciliten la bursatilización o transferencia de las hipotecas de parte de un banco hacia un fideicomiso que posteriormente pueda vender estos activos, sin pasar por la formalidad de acudir al Registro Público o a un notario. Reformas que faciliten a los bancos el embargo o adjudicación de un bien inmueble respetando los derechos de los deudores. En suma, reformas que den certidumbre a los bancos para seguir canalizando créditos al sector hipotecario.

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La Secretaría de Hacienda explica también que estas reformas no son nuevas ni surgieron al amparo del Prosavi, sino de la Alianza para la Vivienda que se firmó en mayo de 1996 y que, entre otros objetivos, perseguía la desregulación y una mayor certidumbre jurídica.

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CASAS PARA 50,000 FAMILIAS
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El Prosavi está enfocado a apoyar a las familias de menor ingreso (menos de tres salarios mínimos al mes), permitiéndoles tener su propia vivienda de interés social mediante un subsidio que otorgará el gobierno federal de hasta 8,000 UDis –alrededor de $15,000 pesos– como enganche para la compra de una vivienda con un costo no mayor a 40,000 Udis –aproximadamente $75,000 pesos al cierre de abril–. El monto máximo puede resultar bajo, pero hay que recordar que se trata de viviendas de interés social y abarca también lo que se denomina pie de casas (viviendas de tipo modular que cuentan con dos habitaciones o cuartos, pero se pueden ir ampliando).

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En el Prosavi participan como intermediarios los bancos comerciales –que juran y perjuran que sí van a canalizar créditos siempre y cuando se trate de entidades gobernadas por “buenos”– y las Sofoles, sociedades de objeto limitado, como se llama en México a los non bank banks.

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Los grandes beneficiados con el Prosavi no son sólo las 50,000 familias de menores ingresos que abarcará el programa en su primera etapa, sino las Sofoles hipotecarias que, prácticamente, estaban muertas por la crisis económica y recibirán ahora una importante dosis de oxígeno. En marzo pasado, la Asociación Mexicana de Sofoles, que preside Pedro Sol, firmó un convenio con el Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal) para que los trabajadores que quieran participar en el Prosavi puedan abrir una cuenta de ahorro, desde $200 pesos, y comenzar a ahorrar para el enganche de una vivienda.

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El subsidio se asignará mediante concursos de enganche que realicen los bancos y las Sofoles, ya sea por localidad o por conjunto habitacional. El enganche mínimo será de 10% del valor de la vivienda; las familias que ahorren más y aporten un enganche mayor serán las que reciban primero esta subvención. El costo total del subsidio para el gobierno será de $600 millones de pesos, incorporados al Presupuesto de la Federación y, si tiene el éxito esperado, se contemplan programas adicionales.

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Aunque no falta quien critique al Prosavi porque se lanza al mercado justo en un contexto -preelectoral, se trata de un subsidio totalmente transparente ya que desde un principio se supo a cuánto asciende, cuál es su costo y quién será beneficiado.

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