El trámite que falta

Abrir un negocio en México exige paciencia. Hoy se apuesta por la simplificación.
Maurizio Guerrero M.

Para Luis González Solís, los problemas que enfrentó al abrir su empresa iniciaron cuando la Secretaría de Hacienda lo dio de alta bajo un régimen que a él no le convenía, y continuaron en el Registro Público de la Propiedad, el cual no reconocía que ya había locales comerciales en el lugar donde se abriría el suyo. Así, durante cuatro meses y luego de reiteradas insinuaciones por parte de funcionarios para incitarlo a corromperse, pérdida de papeles,  solicitudes de reposición de documentos y reanudación de trámites, el empresario y su abogado convencieron a las autoridades de que Rastanet, su pequeño local de café internet y fotocopiado en la Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, estaba perfectamente en orden y sus intenciones dentro de la ley.

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Su pesadilla no terminó ahí. Como si nunca hubiera existido actividad comercial ahí donde se ubicaría el negocio, la Delegación solicitó la aprobación por escrito de los vecinos. Luego, le pidieron permisos de la Secretaría de Salud –al igual que si vendiera alimentos procesados–  y que cumpliera con una lista de disposiciones de seguridad que no corresponden al tipo de negocio que aspiraba inaugurar. Hoy, finalmente, el local funciona y no le va mal. Otros no son tan perseverantes.

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No hay estadísticas sobre intentos fallidos de abrir un negocio. Sólo están disponibles cifras que revelan que el comercio informal crece cada día más en las ciudades del país. La realidad cotidiana es que las personas que quieren echar a andar una empresa –desde multinacionales hasta changarros, concuerdan los entrevistados– se enfrentan a una enorme discrecionalidad por parte de las autoridades para dar su aprobación.

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En un intento por favorecer la apertura empresarial, el Congreso creó hace un par de años la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), cuya tarea es agilizar la tramitación de carácter federal. Según el organismo, antes a una compañía le tomaba varios meses empezar a operar, mientras que ahora en dos o tres días pueden realizar las diligencias.

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Pero además de las leyes federales, es preciso satisfacer las exigencias regulatorias estatales y, principalmente, las municipales o delegacionales, en el caso del Distrito Federal. En esas instancias, las gestiones pueden durar semanas sin que nadie más que el presidente municipal y los cabildos puedan hacer algo al respecto.

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Abrir una firma puede resultar más fácil ahora que hace algunos años. No obstante, en lo que toca a operar, escindir, transformar, fusionar o clausurar un negocio, aún no hay planes para realizar mejoras regulatorias.

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El principal obstáculo es la enorme burocracia que existe en México. Eliminar o agilizar expedientes significa el despido o por lo menos la reasignación de quizá miles de personas encargadas de efectuarlas.

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Al final no sólo pierde el emprendedor. También los consumidores. Según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre 10 y 15% del precio final de un producto mexicano corresponde al costo de los trámites públicos que realiza la empresa que los vende.

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Rezago mexicano
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es su miembro más rezagado en cuestión de papeleo. Aunque la comparación es desfavorable porque se hace respecto de los países industrializados, otros indicadores tampoco son muy alentadores. Conforme al índice de competitividad del Foro Económico Mundial –que incluye otros factores además de los trámites–, México descendió seis puestos en la materia, hasta el lugar 51.

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Los intentos más ordenados por mejorar la tramitación en el país datan del sexenio de Miguel de la Madrid y fueron incluidos en los esfuerzos de “renovación moral” que se impuso la administración pública. En esa época se hablaba de desregular, lo que significaba eliminar las complicaciones para la instalación y operación de una empresa. Por esos años, explica Gilberto García, investigador del Departamento de Administración Pública del CIDE, entre 40 y 50% del tiempo de las agrupaciones se iba en gestiones gubernamentales.

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Aquella necesidad de agilización se acentuó durante el salinismo. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la administración federal intentó ponerse en sintonía con sus flamantes socios comerciales. Además, fue la época de las grandes privatizaciones, que siguieron empujando cambios en el mismo sentido. Desgraciadamente, juzga Mario Rodarte, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la crisis de 1995 dio al traste con tales esfuerzos. En un entorno económico político que recelaba de la apertura de mercados, seguir eliminando gestiones ya no fue posible.

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La administración foxista retomó los esfuerzos simplificadores que iniciaron sus antecesoras. Sin embargo, el enfoque no es el mismo: ya no se trata de desregulación, es decir, de que sólo se eliminen trámites, sino de “mejora regulatoria”, esto es, de perfeccionar ciertas normativas e incluso crear nuevas para, por ejemplo, abatir la corrupción.

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Históricamente, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)  y recientemente la Oficina para la Innovación Gubernamental se han abocado a perfeccionar los procedimientos en el país. Pero el esfuerzo más organizado lo encabeza la Cofemer, a través de su Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), con un año y medio de vida.

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A raíz de este programa, cumplir con requisitos que antes podían tomar hasta 100 días, ahora es cuestión de cuatro días máximo, un periodo similar al de los socios comerciales del país, explica Carlos Arce, titular de la Cofemer.

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Hasta finales de julio, 750 negocios se habían creado apoyados por el SARE. Este sistema tiene, no obstante, sus limitaciones. Sus mejoras no incluyen agilización en trámites relacionados con las secretarías de Hacienda,  Marina y Defensa Nacional, que es la dependencia que probablemente presenta uno de los mayores inconvenientes para los hombres de negocio.

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La función de Cofemer es asesorar a los propios comités de mejora que operan dentro de las dependencias federales acerca de cuáles son buenas prácticas y cómo se deben instrumentar. También les ayuda a revisar los requisitos y la tramitación general, pero la habilitación corre a cargo de los funcionarios de cada organismo, que es libre de tomar o desechar los consejos.

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“Aún falta regular lo que se refiere al funcionamiento de una empresa e incluso a sus cierres, que pueden ser costosos y tardados”, acota Arce.

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La mayor restricción de la Cofemer es que los estados y los municipios no son de su competencia, salvo que signe acuerdos de cooperación, como de hecho sucede en algunos casos. Hay convenios firmados con 15 entidades del país, que a su vez impulsan a sus municipios, entre los que destacan Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Mérida, Acapulco, León, Cancún, Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. También, la citada comisión tiene proyectos para colaborar con Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Tijuana, por la importancia económica de la franja fronteriza. La situación del resto de los municipios del país es muy variable.

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Digna excepción
Distribuidora de Revistas Donjuan, ubicada en Tepic, Nayarit, es un negocio que funciona desde hace décadas y que apenas unos meses atrás decidió expandirse con otra razón social. Los trámites hechos por su propietario, José Luis Donjuan, aunque no fueron pocos tampoco fueron muy tortuosos, asegura: dio aviso a las autoridades del municipio y se dio de alta en Hacienda. Lo más complejo fue obtener un permiso expedido por la Comisión Federal de Electricidad. Fuera de ese detalle, en 72 horas tenía todo listo para cortar el listón inaugural de su nueva aventura.

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En cuestión regulatoria, opina Donjuan, de unos años para acá se perciben notables avances en la entidad. Su opinión coincide con la del estudio comparativo Calidad del marco regulatorio de las entidades federativas mexicanas, del CEESP, que se conoció este año. Según el documento, con base en la opinión de empresarios locales, el estado de Nayarit fue el único que tuvo calificaciones aprobatorias por su calidad normativa, y por poco: 62 en una escala de 100. Por el contrario, la entidad peor evaluada fue el Distrito Federal, que obtuvo menos de 40 puntos de la centena posible.

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El eslabón más duro de engarzar no está en los ámbitos federal o estatal, sino en el municipal. “Las empresas se ubican en un espacio físico, que antes que un estado es un municipio, con una serie de reglamentos que es de su competencia establecer”, apunta García.

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Así, aunque la administración federal se ufane que es posible arrancar un negocio en pocos días, para la mayor parte de la población los requerimientos municipales o delegacionales pueden tomar los mismos 60 o 100 días que hace varios años.

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El de los municipios “tradicionalmente ha sido un problema serio. Este nivel de gobierno no se tomaba en cuenta para las cuestiones económicas hasta hace apenas unos siete años. Ocurre que chocan tres políticas públicas: desarrollo económico, desarrollo urbano y protección ambiental, lo que impide la creación de negocios. Esta falta de armonía le acarrea a la administración municipal graves y complejos problemas para permitir con rapidez la apertura de un negocio”, considera Arce.

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Pese al problema que pueda suponer la falta de unidad en las políticas públicas, García señala que de acuerdo con investigaciones del CIDE, efectivamente hay avances –cita como ejemplos los municipios de Puebla, Ciudad Juárez,  las zonas conurbadas del Estado de México y Guadalajara–.

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Sin embargo, las mejoras han sido administrativas y no normativas.

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Estas últimas implicarían que los cabildos trataran de armonizar las leyes para no obstaculizar la apertura de empresas. No obstante, mientras los avances en el plano administrativo son casi inmediatos, las reformas estructurales son un procedimiento más lento. Así, opina el entrevistado, la causa por la cual no se hacen cambios de fondo es simple: un diputado, cabildo o alcalde, que legisla o gobierna durante un trienio, es común que no quiera pelear con infinidad de intereses creados porque los resultados no se verán hasta cinco o seis años después, cuando él ya no esté en el puesto.

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De aplicarse una reestructura burocrática planeada unilateralmente por los cabildos municipales o en el Congreso, las reacciones de los trabajadores afectados y de sus sindicatos no se harían esperar. Continúa el académico: “Todos estos procesos de mejora inevitablemente devienen en conflictos, porque si se determina que un área o un trámite administrativo es disfuncional, habrá mucha oposición.”

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En consecuencia, los avances regulatorios no son tan evidentes como los esfuerzos por habilitarlos. Según el estudio del CEESP, la situación no es halagüeña: “Si bien los resultados del marco institucional reflejan una tendencia positiva, el incremento de un día de plazo promedio para abrir una empresa y el deterioro de la opinión empresarial general [que bajó de 51.2 a 50.2 puntos sobre 100, según una encuesta sobre el tema] son claras muestras de que la reforma estructural local de México está encontrando resistencias.”

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-Bajo ese contexto, aquellos municipios que instrumenten simplificaciones regulatorias afectarán positivamente a otros, pues los obligarán a superarse en aras de pelear por proyectos productivos. Sin embargo, los cabildos más pobres, como no jalan inversiones, no tienen dinero para hacer más ágiles los trámites. “Los cinco estados con mayores rezagos en la materia se encuentran en el sureste, situación que no contribuye al desarrollo simétrico entre las regiones del país”, puntualiza el CEESP. Los entrevistados coinciden en que la situación en este terreno poco o nada cambió en el país.

-Una excesiva y deficiente regulación desincentiva la actividad económica y genera estímulos a la ilegalidad. En su comercio, González Solís declara: “Conozco muchas personas que mejor no hacen nada luego de tantos trámites y abren su negocio en el garaje de su casa.”

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