Empresarios y gobierno. La era gerencial

El foxismo abre una nueva etapa de interrelación del poder privado con el público, donde ambos pue
Joaquín Guitiérrez

Al cabo de tres sexenios, la relación entre gobierno y empresarios ha pasado del choque abierto a una colaboración cada vez más cercana hasta llegar al punto actual, de estrecha conexión e incorporación directa de los hombres y mujeres de negocios en puestos clave del Ejecutivo. La extracción gerencial del presidente Vicente Fox y las coincidencias tácitas que de ello se desprenden, constituyen una de las razones fundamentales de tal acercamiento, aunque éste también es parte de un proceso que inició varios años atrás.

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Los empresarios incorporados a la administración pública tienen la oportunidad de sacudirse la imagen satanizada que, aseguran, les endilgaron los gobiernos posrevolucionarios. Sin embargo, en el proceso han encontrado algunos rechazos a la aplicación de criterios de eficiencia, costo-beneficio y autosuficiencia, especialmente en el área social, y han empezado a flexibilizar sus posturas e incorporar la idea de que las estructuras jerárquicas y los criterios empresariales no pueden trasladarse automáticamente al ámbito político y administrativo, cuyos tiempos y procesos son diferentes.

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La primera muestra de esta disposición a gobernar de la mano del sector privado fue la composición del gabinete y entes paraestatales, en la que destacan ex ejecutivos de importantes empresas: el director de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raúl Muñoz, proveniente de DuPont; el secretario de Hacienda, Francisco Gil, antes en Avantel; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, que estuvo en Aeroméxico; el director de Nacional Financiera, Mario Laborín, que perteneció a BBVA-Bancomer; el secretario de Energía, Ernesto Martens, quien laboró en Vitro y Cintra; el secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal, quién dirigió Afianzadora Insurgentes; y la titular de Turismo, Leticia Navarro, que se desempeñó en Jaffra, Pepsico y Maseca.

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Luego vino la propuesta de incorporar al Consejo de Administración de Pemex a cuatro prominentes empresarios: Alfonso Romo (Pulsar), Carlos Slim (Telmex, Carso), Lorenzo Zambrano (Cemex) y Rogelio Rebolledo (Frito-Lay, Gemex, DuPont). Finalmente el Ejecutivo optó por desechar la iniciativa e intentar formar un consejo consultivo, donde estos empresarios podrían opinar pero sin derecho a voto. La propuesta dividió opiniones y concentró los reflectores en un tema que dará mucho de qué hablar: el conflicto de intereses.

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Para analistas y académicos que durante casi dos décadas han estudiado las relaciones entre empresarios y el gobierno, la incorporación de ejecutivos privados a la administración pública es la conclusión lógica de un proceso que se inició en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), tuvo uno de sus mejores momentos con la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994), continuó en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que, con la llegada de Fox, promete acelerar las privatizaciones pendientes y consolidar la liberalización de la economía, la desregulación y la apertura a los capitales extranjeros.

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Roderic Ai Camp –catedrático del Colegio McKenna en Claremont, California, y autor de una veintena de libros sobre grupos políticos y estructuras de poder en México– considera que este fenómeno implica un cambio trascendente en el proceso de reclutamiento político y puede tener una influencia positiva en las relaciones entre los sectores público y privado.

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"Los empresarios pueden aprender que solucionar los problemas del área gubernamental llega a ser mucho más complicado, aun cuando se apliquen habilidades gerenciales. Tendrán que asimilar que los criterios de eficiencia y productividad no son aplicables en todos los ámbitos de la actividad pública." A su vez, los políticos pueden descubrir que el conocimiento de los asuntos sociales no es característica exclusiva de su sector, en el cual también han habido técnicos carentes de perspectiva social.

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Los temores

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Según Celso Garrido –académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y autor, entre otras obras, de Empresarios y Estado en América Latina– una parte de la ciudadanía teme que, una vez en sus nuevos cargos, los ejecutivos continúen la secuela de negocios al amparo del poder y privatizaciones turbias que derivan en rescates con cargo al erario.

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Sin embargo, el especialista considera que existen varios diques contra la corrupción: en primer lugar, la administración foxista necesita presentar una imagen de transparencia, ética y rendición de cuentas si desea renovar la confianza obtenida en las elecciones; en segundo, la nueva correlación de fuerzas políticas deja al gobierno bajo la mirada no sólo de la oposición de priístas y perredista, sino también de los propios panistas. Además, hay vigilantes fuera: la apertura comercial permite que los socios de México estén alertas para denunciar cualquier acto de proteccionismo.

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El investigador da por hecho que se mantendrá el apoyo a las grandes empresas, debido en parte a la permanencia de una tecnocracia que está más allá de partidos y que trasciende sexenios. Estos técnicos, dice, son "el corazón duro del Estado", mantienen una fuerte vinculación con los grandes industriales y una notable tendencia a apoyar la inversión extranjera directa.

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En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, el reto será conciliar intereses con las mayores y diseñar una política para incorporarlas a la apertura comercial mediante crédito, desarrollo tecnológico, creación de cadenas productivas y programas de desarrollo regional.

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María Cristina Puga –ex directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autora de México, empresarios y poder, entre otros ensayos– considera que la colocación de hombres de negocio en puestos clave del gobierno es resultado de la globalización, que ha popularizado conceptos como calidad, competencia y eficiencia, y de un proyecto político-económico que es "el más estructurado, el más trabajado entre los grupos políticos nacionales".

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Éste, abunda la investigadora, tiene dos vertientes. Una es muy pragmática, promovida por grupos dinámicos dentro de la economía y por organizaciones empresariales. Se vincula con la apertura, la desregulación y la menor participación del Estado en el mercado. El otro, "más anclado en bases morales, más asociado con grupos de derecha, con la Iglesia, tiene que ver con una propuesta educativa, de construcción de ciudadanía con bases éticas, donde la familia, el ciudadano y la empresa se establecen como grandes instituciones modelo".

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La colaboración

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Según Puga, las organizaciones empresariales han moderado su acción política a medida que han ganado espacios en organismos mixtos. Han abandonado paulatinamente la postura declarativa para colaborar cada vez más en consejos de exportación, negociaciones de tratados comerciales, fundaciones educativas, en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en organismos para promoción de tecnología, entre muchos otros.

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La académica recuerda que el papel de un gobernante consiste en mediar entre las distintas fuerzas y advierte que si el gobierno establece una relación exclusiva con una clase social en detrimento de las demás puede poner en riesgo la paz social y la convivencia. "Hay ciertas demandas del empresariado, como abrir la industria eléctrica y del petróleo, que implican un gran costo social. Existen muchos países donde éste es privado, pero en México se da todo un trasfondo histórico que impide que el tema siquiera se ponga a discusión."

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Una petición reiterada del presidente Vicente Fox al sector privado ha sido que tenga mayor participación en el desarrollo, que haga algo más que ofrecer empleos, una acción directa que trascienda las leyes del mercado y las demostraciones de caridad corporativa. Por ejemplo, ha solicitado que financie proyectos de crédito para microempresas, "apadrine" comunidades y apoye su desarrollo. Hasta ahora no ha recibido una respuesta clara.

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Nora Lustig –jefa de asesores de la Unidad contra la Pobreza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– explica que si bien hay un grupo importante del empresariado que no simpatiza con este tipo de políticas de redistribución de la riqueza, el sector más avanzado, el incorporado a los mercados internacionales, tiene mucha tecnología y conocimientos prácticos que puede compartir con la población más desfavorecida. Una forma de contribuir con esos procesos de capacitación es mediante el desarrollo de mecanismos de acceso a los mercados y uso eficiente de los recursos.

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"Por el lado de la dimensión ética y la interacción de la gran empresa con la población menos favorecida, debe aplicarse un criterio en el cual la generación de oportunidades prime sobre la mentalidad de aprovechamiento de la desinformación de la gente en situación más vulnerable. Esto puede ayudarle a enfrentarse en mejores condiciones con quienes pueden ser sus compradores o intermediarios para obtener ingresos."

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Lo más importante del proyecto empresarial, como se planteaba hace una década, cuajó en el gobierno de Carlos Salinas, dice Puga. Ahora la pelota está del otro lado y la iniciativa privada tiene que demostrar que aquello por lo que tanto ha peleado realmente funciona para incrementar producción, inversión, empleo y crecimiento sostenido.

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La relación entre empresarios y gobierno abrió en la era foxista una nueva etapa, especialmente por la inclusión de aquéllos en el ejecutivo. El resultado de esta mixtura, para los intereses del país, está por verse.

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