Esperanza desgranada

Los productores agrícolas revisan sus alianzas con los molineros y tortilleros tradicionales, para
Juan Danell Sánchez

El negocio del maíz en el mercado doméstico está prendido de alfileres para los productores del grano, luego de un año y medio de la desregulación de la industria de la tortilla. Tal medida –decretada el 31 de diciembre de 1998– liberó los precios de este alimento con la finalidad de activar el desarrollo del sector en su conjunto. Empresarios y agricultores vieron en ella el detonante para aprovechar completo un mercado de casi 100 millones de consumidores. Nada de esto resultó.

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Los industriales de la harina de maíz nixtamalizado (Maseca y Minsa) y los productores tradicionales de masa, dueños de los cerca de 100,000 molinos y tortillerías en toda la república, se prepararon desde aquel año para disputarse el mercado nacional, calculado en más de $35,000 millones de pesos. Hicieron alianzas con los agricultores para asegurar el abasto del cereal. A cambio, habrían de repartir el pastel con los maiceros.

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A poco más de 12 meses, el optimismo se diluyó con el rompimiento de las alianzas. El consumo de tortilla cayó 30%, según dicen sus expendedores, y los productores, agobiados por las “excesivas importaciones”, reniegan de su alianza con los industriales. Ellos están en jaque y el sector, en crisis.

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José Abel Castellanos Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Productores de Maíz de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (UNPM-CNPR), explica que las alianzas se rompieron porque ninguna organización de productores de maíz  tiene una base lo suficientemente sólida para soportar los golpes fuertes del mercado.

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“Hay demasiado desorden y cuesta mucho trabajo hacer las cosas en forma sistemática. Además, las empresas harineras trataron de convertirnos en el club de ofertas baratas de grano”. Castellanos habla por su gremio, y precisa: “Nosotros buscamos las alianzas para establecer un equilibrio en el mercado, pero en esto el primer enemigo fueron las grandes empresas harineras, que presionaron los mercados regionales mediante el control de los ‘coyotes’ (intermediarios) que ofrecían menores precios a los productores y vendían el grano más barato a los molineros. Así, literalmente nos aniquilaron.”

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Se trata de poco más de tres millones de agricultores sin oportunidad de obtener beneficios de las nuevas reglas comerciales de este cereal. Están descapitalizados y no cuentan con financiamiento oportuno y suficiente para apuntalar sus inversiones.

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Efraín García Bello, presidente de la Unión de Productores de Maíz de la Confederación Nacional Campesina (UPM-CNC), dice que históricamente estos productores han sido un botín político, además de que no han tenido capacidad para ingresar al mercado como empresarios.

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Castellanos da su versión de la situación: “Los productores de autoconsumo, que cultivan maíz apenas para comer durante el año, están emigrando a las ciudades. Los de resistencia, alrededor de 1’600,000, que tienen entre tres y siete hectáreas cada uno, están aguantando los embates del mercado a base del sacrificio de activos, porque realizan otra actividad económica. Sólo unos 400,000 tienen posibilidad media de competir en el mercado y únicamente 10,000 son empresarios agrícolas que están en condiciones de competir, porque manejan alta tecnología y cultivan superficies mayores a 60 hectáreas”.

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El dirigente maicero hace un recuento de causas y concluye que, a pesar de que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en la reunión de 1985, autorizó al gobierno mexicano destinar en apoyos subsidiarios al campo $100,000 millones de pesos, sólo se destinan $23,000 millones.

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Además, dice, cinco comercializadoras extranjeras dominan 65% del mercado de maíz, que es de 21 millones de toneladas, mientras el resto es para empresas mexicanas pequeñas. Esto hace que el futuro de la producción nacional del grano sea muy incierto.

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Cada vez crece más la pobreza en los estados maiceros como Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Veracruz, Morelos y Puebla, y la asimetría entre los agricultores es enorme. De los 3.5 millones de productores que hay en el país –organizados mayoritariamente en torno a la UNPM-CNPR, que agrupa a 1’100,000, y a la UPM-CNC, con 1’500,000–, los 10,000 más grandes obtienen rendimientos medios de siete toneladas por hectárea, esto es 266% superiores al promedio nacional, mientras en el otro extremo 900,000 productores de autoconsumo siembran superficies menores a una hectárea y sus rendimientos son de entre 600 y 800 kilos por cada una.

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Las políticas agrícolas y comerciales que el gobierno ha puesto en práctica para el sector han sido, a lo sumo, paliativos para resolver la magra situación del medio rural. Así lo muestran las cifras de los dos programas centrales que dan subsidios al campo: el Procampo y la Alianza para el Campo. El primero apoya con recursos directos de $74 dólares (equivalentes aproximadamente a $720 pesos) por hectárea a quienes cultivan granos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo, en cada siembra. En el caso del maíz, los costos de producción por hectárea, en promedio, son de más de $4,000 pesos, según los productores.

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El segundo otorga los subsidios mediante descuentos de 40%, en promedio, sobre los precios de maquinaria, insumos, y otros recursos para la tecnificación de los cultivos, además de que también apoya a los pequeños ganaderos.

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Con el programa kilo por kilo de la Alianza para el Campo se le da cobertura a 600,000 hectáreas de las 7’300,000 que se cultivan de maíz en el ciclo primavera-verano, que es el más importante. El apoyo sólo cubre 8.2% de la superficie, mientras que el resto está en un profundo rezago tecnológico, según consta en información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar).

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Otro ejemplo. Los programas de mecanización y fertiirrigación elevan considerablemente la productividad de las tierras, pero sólo llegan a 3% de los 3.5 millones de productores de maíz.

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Importaciones: llaga del sector
El dirigente de los maiceros de la CNPR pone el dedo en la llaga y explica que a pesar de que las compras al exterior deben regularse por el Comité de Cupos –en el que participan las autoridades, los industriales y los productores–, las secretarías de Comercio y de Hacienda son quienes en realidad controlan la información sobre los volúmenes de importación de maíz. “La tienen como altamente  confidencial, por ser privada, y eso imposibilita comprobar el volumen real, aunque los productores sabemos que se están violando los cupos”, denuncia.

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Castellanos recuerda que en 1998 los productores solicitaron que se cancelaran los cupos de importación de 2’000,000 de toneladas, a fin de evitar un desequilibrio en el mercado. Sin embargo, al año siguiente se importaron 5’000,000 de toneladas, cifra por encima de las necesidades del mercado interno.

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El objetivo de tales importaciones, asegura, fue provocar una sobreoferta, para favorecer la estrategia de la Secretaría de Hacienda dirigida a evitar que se incrementara el precio de la tortilla a raíz de la liberalización del mercado, pero la estrategia sirvió también para apresurar la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) –que finalmente se produjo en marzo de 1999–, que regulaba la comercialización de las cosechas, y allanar con ello el camino a las nuevas reglas del mercado.

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El dirigente ve la necesidad de dejar claro que debido a lo anterior y a lo limitado de los programas de desarrollo del campo, los productores están perdiendo los mercados y bien pueden pasar otros siete o 10 años para que logren tecnificarse y desarrollarse. Aunque tampoco esto es seguro.

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El destino agrícola del país, advierte, está amenazado, porque las grandes comercializadoras multinacionales que intermedian en el mercado del maíz tienen la experiencia y el capital suficiente para soportar y superar esas situaciones; no así los mexicanos. Por ejemplo, Archer Daniels cuenta con una caja chica de más de $4,000 millones de dólares para enfrentar eventualidades de tipo financiero-político. Cargill es aún más grande: “Por ello pueden presionar el mercado a su gusto con extrema facilidad”, asegura.

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En este punto marca las ventajas de las empresas multinacionales sobre las mexicanas. Las primeras están respaldadas por el Commodity Credit Corporation (CCC) de Estados Unidos, cuyo financiamiento es a tasas de interés de entre 3 y 6% anual en dólares, mientras las segundas operan con tasas de 22% en pesos.

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Difícil comercialización
García Bello, de la UPM-CNC, explica que la comercialización de la cosecha de maíz ha sido muy lenta y difícil para ellos, debido en parte a la desaparición de Conasupo: “Ahora no tenemos ningún apoyo para vender el grano”, lamenta.

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Recuerda el intento de abrir subastas, que se llevó a cabo durante los primeros meses de 1999, y dice que fracasaron porque la instancia gubernamental encargada de coordinarlas, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), las estructuró de tal manera que sólo servían para respaldar a las empresas comercializadoras y no a los productores.

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García dice que los agricultores de su organización empezaron a enfrentar el problema vendiendo directamente a los molineros. Ahora se están acercando a los fabricantes de masa y tortilla: “No nos interesa aliarnos con los industriales harineros. Los tortilleros y molineros –denuncia– fueron golpeados por instrucciones del gobierno pasado (el de Carlos Salinas), que quería desaparecerlos para que sólo se consumiera harina de maíz y nada de masa en todo el país”.

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Para eludir el poder de las grandes comercializadoras, el líder  propone que en la venta de las cosechas participen juntos productores, molineros y consumidores. “Ya lo estamos haciendo en Jalisco, Estado de México, Michoacán, Campeche, Querétaro, parte de Puebla, Nayarit y  Sinaloa, donde estamos comercializando un millón de toneladas de los 10 millones que consume la industria”, informa.

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Con respecto al precio del grano, explica que sólo los agricultores medianos y grandes pueden vender la tonelada de maíz a $1,450 pesos. En cambio, los coyotes que abastecen a las grandes empresas harineras les pagan $900 y $1,000 pesos la tonelada a los pequeños productores. Según él, el cereal se debería  vender a $2,500 pesos la tonelada para cubrir los costos de producción y obtener una utilidad aproximada de 20% pero, para alcanzar esa meta debe establecerse un sistema agrícola de contratos de comercialización con los industriales de la masa y la tortilla.

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“Lo podemos hacer –sostiene–, pero están fallando las políticas oficiales en este sector. Están equivocadas, porque no dejan desarrollar la diversificación del cultivo de maíz. No entendemos por qué nos sujetan el precio del maíz nacional a la cotización de la bolsa de granos de Chicago, donde los participantes son totalmente diferentes a los mexicanos. Allá las familias son de cuatro miembros y siembran 200 hectáreas, mientras en México las familias son de 10 y siembran cuatro hectáreas, sin tecnología”.

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Vericuetos del sector
Información de la UPM-CNC muestra que sólo 7% del total de maiceros cuentan con créditos. Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) asegura que atiende a 80% de los productores. En todo caso, lo cierto es que los financiamientos provienen únicamente de esta institución gubernamental, toda vez que la banca comercial tiene cerradas sus ventanillas de atención al sector agropecuario, debido a la enorme cartera vencida (alrededor de $60,000 millones) que acumuló en años anteriores.

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Otro de los problemas que enfrentan los productores mexicanos es que cultivan superficies muy pequeñas, lo cual les resta competitividad en el mercado. Son 50 veces más chicos que los agricultores de Estados Unidos, país que produce 240 millones de toneladas de maíz, lo que representa 40% de los 600 millones de toneladas que componen la cosecha mundial.

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El punto de equilibrio para que el cultivo sea rentable en México –según cálculos de la Sagar– es de 60 hectáreas, y para poder competir con los productores de la Unión Americana sería necesario cultivar 300 hectáreas por agricultor, mientras que aquí el promedio no llega a cuatro hectáreas por productor.

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Es por ello que, a pesar de ser uno de los principales consumidores de maíz para alimento humano, México siempre tiene déficit en la producción del cereal. De 21 millones de toneladas que requiere cada año, sólo produce 18, en el mejor de los casos. El resto tiene que importarlo y ese ha sido uno de los talones de Aquiles que más ha distorsionado esta actividad en toda su cadena productiva.

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Los productores piden ahora un cambio radical en las políticas agrícolas y afirman que se están preparando para revertir ese proceso que los hundió en el atraso. Falta ver si son capaces de sacudirse la historia que los ata al rezago y al empobrecimiento acelerado, porque en 1998, con la desregulación del mercado del maíz y la tortilla, dijeron que saldrían de ese bache y… bueno, sigue la yunta andando. 

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