¡Inflamable!

México es el mayor consumidor de gas LP del mundo, pero el sector está en total anarquía. Entre o
Feike T. de Jong

La flama azul del gas LP define la vida cotidiana de México. Con éste derivado del petróleo se hierve el agua para el café y se prepara el agua para el baño diario. En pueblos alejados sirve para calentar las tortillas. En el corazón de las ciudades, los vendedores ambulantes preparan sus guisos acompañados por el silbido del gas en hornos y estufas. En el Norte, los calentadores de gas LP alumbran las noches frías del invierno desértico. México tiene el consumo por habitante más alto de gas LP del mundo: 80 kilogramos al año, y los mexicanos gastan en promedio 2.33% de su ingreso para obtenerlo.

- Introducido en 1945, con la apertura de la famosa refinería de Azcapotzalco, el gas LP es un producto de importancia estratégica para el país. Su suministro tiene un impacto social clave. Tanta es su relevancia que es el único producto que aún tiene un precio controlado por el gobierno. Sin duda, una pieza de museo en la economía nacional.

- Pero no todo está bajo control en esta industria crucial. “La situación de la industria es una anarquía total”, dice Francisco Hernández, director general de Gas Uribe, uno de los distribuidores más importantes del sector. Sus palabras dibujan imágenes de rutas conquistadas por algunas empresas de distribución sin escrúpulos y sin perdón. Algunas de ellas destruyen o roban los cilindros de sus competidores y hay incluso enfrentamientos que a veces llegan a la violencia.

- Como algo cotidiano, los entrevistados caen en un lenguaje de guerra: se quejan de “la ocupación de rutas”, previenen “potenciales revoluciones”, les preocupa la “toma de regiones”. Y aún cuando se refieren al cumplimiento de las normas con un lenguaje tibio y burocrático, en el fondo se refieren a una industria que está permanentemente sujeta a operativos de la Secretaría de Energía y de la Procuraría Federal del Consumidor, así como también se encuentro bajo el escrutinio de Comisión Federal de Competencia.

- No es sorprendente que la industria esté intentando llevar a cabo reformas internas. Pero es un proceso largo y complicado que involucra a los volátiles precios internacionales del combustible; a su único proveedor: Pemex; a la secretarías de Economía y Energía; a los fabricantes de los 23.5 millones de cilindros que se necesitan para la distribución del gas al menudeo y también a quienes los destruyen; a las empresas distribuidoras; a los comisionarios; y por supuesto, al eslabón más vulnerable de esta cadena: el consumidor.

- La industria de la distribución del gas LP cuenta con 60,000 empleados directos y 180,000 indirectos. Diariamente realizan un millón de entregas. Hace dos años, 65% de la demanda de combustible para uso residencial fue gas LP, seguido por 28% de leña y 7% de gas natural. El valor de mercado de esta industria ascendió el año pasado a $86,355 millones de pesos, equivalente al 1.13% de la economía nacional.

- La importación y producción de gas LP es monopolio de Pemex. La paraestatal lleva el gas, que uno se tiene que imaginar como el fluido de un encendedor, a 30 terminales distribuidas por todo el país. De esas terminales surten 925 plantas de almacenamiento privadas. “(El sector) presume que son muchas empresas y que está muy fragmentado el mercado, pero la verdad, está bastante concentrado”, opina Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia.

- Según la Asocigas, una de las dos grandes cámaras en que se organiza el sector, en el país existen 450 empresas distribuidoras del combustible, pero sólo el Grupo Zeta, una de las distribuidoras más grandes del país y propiedad del empresario Miguel Zaragoza, suma un total de 80 empresas a nivel nacional.

- Las empresas privadas entregan el gas LP en tres formas: la primera es a través de las pipas que abastecen a 2 millones de tanques estacionarios que tienen igual número de consumidores en México.

- La segunda forma usa camiones que reparten los 23.5 millones de cilindros. Y la tercera, la más pequeña, es con la que distribuyen el gas por medio de 2,951 estaciones de carburación.

- Los problemas básicos son el precio máximo del combustible que está fijado por decreto presidencial; la competencia, que por una parte carece de control y por otro tiende a la formación de monopolios regionales; la falta de seguridad en el manejo de los cilindros; y que la cantidad de gas vendida no siempre está verificada.

- Al grito de “el gas…”:
Desde la altura en donde se ubica la oficina de Alejandro Monraz, el director de Gas LP de la Secretaría de Energía, se observa un amplio tramo de la parte Sur de la avenida de los Insurgentes, en la capital del país. También desde ahí, es posible observar la volatilidad de los precios internacionales del combustible. Monraz localiza en el aire un punto hipotético en el eje de precio y dice, mitad en broma y mitad en serio, “ahí empieza la revolución”.

- Para impedir que la volatilidad del precio del gas se traspase al consumidor final, el precio de venta lo establece la Secretaría de Economía, según un decreto presidencial publicado en marzo del 2001. Por el otro lado, Pemex establece un precio de venta a los distribuidores. Estas dos líneas fijan el margen de comercialización para los distribuidores de gas LP. Para determinar esos precios el gobierno mexicano toma como referencia los precios de venta de gas LP en Mount Belvieu, Texas, el mercado más importante de este elemento en el hemisferio occidental. La lógica detrás de este método de es que si México determina un precio por debajo del precio de referencia habrá un flujo de gas LP producido por Pemex hacia el mercado estadounidense, causando una escasez en México. Es una situación compleja de manejar, porque los precios internacionales del gas LP no tienen nada que ver con el costo de producirlo en México, pero repercuten en el mercado nacional. Además, el margen de comercialización no ha cambiado para los distribuidores en los últimos tres años, implicando que la inflación lentamente les ha ido comiendo sus ganancias.

- “Hay que tomar en cuenta que el margen de comercialización no es lo mismo que el de ganancia”, explica Francisco Aparicio, director de Asocigas. “El primero incluye nuestros gastos y no ha sido ajustado por la inflación”.

- Aparicio añade que en los últimos años, la industria ha perdido 6,000 puestos de empleo por falta de ingresos y teme que la reducción del margen de utilidad repercuta en la inversión necesaria para mantener intactos los estándares de seguridad que requiere la actividad.

- Al mismo tiempo, el alza de los precios internacionales del combustible ha causado que los precios al consumidor final suban. “Tenemos indicaciones de que la gente en zonas rurales ya están empezando a sustituir gas LP por leña debido a los precios altos”, dice Aparicio, que dirige esta asociación sin ser parte de el sector, en un intento por profesionalizar su organización.

- Ahora, los distribuidores están negociando con la Secretaría de Energía para que puedan subir el margen de comercialización. “Estamos de acuerdo con que tenemos que hacer algo referente el margen de comercialización”, dice Monraz, el encargado del sector en dicha dependencia. “Todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero la diferencia entre lo que quieren los gaseros y nosotros no es tan grande”, afirma.

- Competencia
Aunque la industria distribuidora de gas cuenta con 425 empresas, en la realidad alrededor de 75% de mercado es controlado por 10 grupos, entre que destacan Grupo Soni, el más grande, propiedad del empresario Salvador Oñate, también presidente de Banco del Bajío; Grupos Zeta y Tomza de los hermanos Zaragoza, de Ciudad Juárez; Grupo Nieto y Grupo Vizcaíno. Todas estas empresas fueron mencionadas en una investigación por presuntas prácticas monopólicas en un punto de acuerdo parlamentario de 2002. Poco después de que el gobierno decidió fijar el precio máximo de venta en un experimento de liberación de precios que duró de agosto de 2000 a mayo de 2001. “Antes de liberar los precios necesitamos que la Comisión Federal de Competencia determine en qué regiones hay competencia efectiva, para saber en dónde se puede hacer”, argumenta Aparicio.

- Un reporte de Pemex indica las concentraciones de mercado en varios Estados del país en 2003. Entre ellos destaca Colima donde el jugador dominante tenía entonces una participación de mercado de 100%; Quintana Roo, donde un solo jugador tenía 96%; Baja California Sur, con una concentración de 84%; Nayarit, donde una empresa tenía 74%, y Tabasco, que lo dominaba un proveedor que tenía 72% de ese mercado.

- “Nosotros hemos visto que en 50% del país no hay condiciones de competencia efectiva”, apunta Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia. “Hemos visto prácticas de defensa ilegal del mercado, vemos la situación como grave y de mayor prioridad”.

- Al funcionario le preocupa especialmente el tema de la distribución en Guadalajara. Según los datos de Pemex, Grupo Z tiene una participación de 65.3% en Jalisco. Una empresa que pertenece a Grupo z, Thermogas, ha sido particularmente agresiva al denunciar a las empresas de gas natural que han intentando entrar al mercado tapatío.

- “Son muy reservados los gaseros”, expone Eugenio Arizmendi, presidente de la otra cámara de gaseros, la Asociación Mexicana de Gas LP. “No les gusta hablar con la prensa”.

- Una breve revisión de las notas sobre el sector de gas LP da indicios del por qué. Actuar en contra de la ley de competencia parece un pecado relativamente inocente comparado con los hechos, especulaciones y acusaciones registradas en la prensa nacional y a veces internacional. Han sido acusados de todo, desde destruir los cilindros de sus competidores hasta de estar involucrados en las muertes de Ciudad Juárez. Es un sector con serios problemas de imagen.

- Uno de los últimos grandes acontecimientos sucedió en junio pasado, cuando un grupo de personas aún desconocidas incendiaron siete pipas propiedad de Gas del Valle de Tollocan, en Jiutepec, Morelos, después de que sus empleados fueron amarrados. La empresa ha ofrecido una recompensa de $500,000 pesos por la información que permita encontrar a los culpables. Aunque varios medios reportaron que Gas del Valle de Tollucan acusó a Grupo Soni como autor intelectual del crimen, un vocero de la empresa descartó haber hecho cualquier denuncia y dijo que no sabían si los incendios tuvieron que ver con prácticas anti-competitivas.

- Según Hernández, de Grupo Uribe, las prácticas más feroces se activan cuando una empresa nueva intenta ingresar a un región con alta concentración de mercado. “Muchas veces son empresas familiares que han operado ahí mucho tiempo”, apunta el directivo. “Ven la zona como su territorio.”

- Kilos de a kilo
Las distribuidoras de gas LP no cumplen con las cuotas de entrega a sus clientes por un valor de entre $4,000 y $6,000 millones de pesos al año, según José Rodrigo Roque, sub-procurador de Profeco. Eso implica que entregan 10% menos del producto que cobran, un robo que afecta principalmente a los hogares de escasos recursos. “Es un problema general, lo vemos en todos lados”, dice Roque.

- “Teníamos una tabla de multas que especificaba el monto según el porcentaje que no era entregado. Primero pensamos que nadie iba a dejar de entregar más que 30%, hasta que llegamos a Guerrero donde encontramos esta cifra. Tuvimos que aumentar la tabla”, cuenta el funcionario. El tabulador se modificó de nuevo cuando Profeco llegó a Cozumel. Ahí encontraron diferencias hasta de 40% entre lo que cobraban los gaseros y el producto que entregaban.

- Para el consumidor es muy difícil establecer si es la víctima de esta práctica que sólo se puede detectar al pesar los cilindros o hacer un cálculo complicado sobre el contenido de los tanques estacionales, que sólo indican hasta qué porcentaje están llenos y no la cantidad de litros que contiene.

- Profeco inmoviliza uno de cada dos autotanques que ha sido verificado por entrega incompleta y uno de cada cuatro cilindros. “Vemos el ramo del gas LP como el que tiene los problemas más grandes”, añade Roque.

- La solución ha sido incrementar las multas y realizar más operativos: hoy en día las sanciones económicas llegan a $900,000 pesos, según el subprocurador, y están empezando a clausurar plantas. A la fecha, han triplicado el número de verificaciones efectuadas por sus 130 verificadores.

- Otro problema son los comisionistas, principalmente en la Ciudad de México, a quienes las distribuidoras subcontratan la entrega. Algunos de ellos han monopolizado las rutas en la capital sacando el gas del sifón que revenden al transporte público, según el funcionario de Profeco.
“Esas personas se han apropiado las rutas por la fuerza”, denuncia Roque. “Usan el secuestro de camiones y hasta los golpes para mantener sus monopolios en las rutas”, acusa, pero sin dar un solo nombre de quienes realizan estas prácticas.

- Las asociaciones de gas han redoblado sus esfuerzos para cambiar la imagen del ramo y las negociaciones con las entidades regulatorias se han intensificados el último año. Pero el complicado marco de la regulación parece exigir que cualquier cambio de fondo sea lento y paulatino.

- La distribución de gas LP parece que tiene una larga ruta por delante antes de que sea una industria madura y sana.

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