Inversión extranjera directa

México ya no es el país aislado y cerrado que fue durante gran parte de su historia. Pero a pesar
Lucía Pérez-Moreno

El abogado corporativo Luis Cervantes, del despacho Santamarina y Steta, asegura que en menos de dos décadas México pasó del “oscurantismo a la modernidad” en materia de inversión extranjera directa, y considera que la actitud del gobierno ha cambiado de ser “prepotente” a una más receptiva. Mientras que antes los inversionistas tenían que ser muy tenaces para instalarse en el país, en la actualidad el gobierno de México ha creado todas las condiciones para atraer capitales foráneos. Bueno. Casi todas…

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La primera ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera en México fue aprobada en 1973, aunque las barreras y limitaciones que planteaba la convertían en todo menos en una ley de promoción. Pero esta actitud comenzó a modificarse en los 80, durante la presidencia de Miguel de la Madrid.

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En 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari lanza un nuevo reglamento de inversión extranjera (en vigor hasta 1998 ) que abre significativamente las puertas a la inversión foránea. Esto, como parte de las presiones de Estados Unidos para negociar con México su entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

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En términos jurídicos, el nuevo reglamento deja fríos a muchos abogados, pues sus principios iban en franca contradicción con la ley de 1973; pero, a pesar de ello, fue bien recibido dentro y fuera del país. “Muchas de sus disposiciones exceden la ley, y lo más grave es que en algunos casos permiten lo que la ley expresamente prohíbe”, dice el abogado Óscar Ramos Garza en su libro Los extranjeros y la propiedad territorial en México.

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Esta situación de “incertidumbre legal” se prolonga hasta diciembre de 1993 cuando se aprueba una segunda ley de inversión extranjera (la cual fue modificada en 1995 y 1996), en la que se presentan condiciones mucho más transparentes y claras para los extranjeros. Poco a poco, se abren nuevos sectores a los capitales foráneos. El gobierno va simplificando los trámites y otorga garantías más sólidas a los inversionistas, a través de tratados y acuerdos internacionales. Para seguir en esta línea, comienza a negociar –en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI) con el propósito de ofrecer mayores garantías a los capitales extranjeros.

- -MAYOR ESPECIALIZACIÓN
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Salvo en las áreas en que tienen restringida su participación, los problemas que enfrentan los inversionistas extranjeros en México son muy parecidos a los que tienen los empresarios locales. Lo primero que les preocupa es el elevado riesgo que conlleva invertir aquí, dada la incertidumbre del programa económico que con frecuencia ha provocado devaluaciones abruptas. La experiencia de 1995 y las constantes turbulencias en los mercados financieros internacionales, han vuelto muy cautelosos a los inversionistas extranjeros.
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Aunados a la cuestión económica están los aspectos fiscales, laborales, de propiedad de la tierra, judiciales e incluso de seguridad, debido a la irrefrenable ola de corrupción y violencia.

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Muchos abogados corporativos dicen que si bien la ley es cada vez más clara, paradójicamente, ante la apertura su trabajo se ha complicado más. Mientras que antes tenía preponderancia la interpretación de las leyes y reglamentos de inversión extranjera y de transferencia tecnológica, hoy estos profesionales deben jugar un papel mucho más complejo. Fernando de Ovando, de la firma De Ovando y Martínez del Campo, asegura que el nuevo abanico de oportunidades obliga a su despacho a estar actualizado en materia de globalización –ante tratados fiscales y de intercambio comercial internacional–, leyes que regulan la libre competencia y otras más que son necesarias para ofrecerle un buen servicio a sus clientes extranjeros y nacionales.

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A los inversionistas extranjeros De Ovando les dice “que sus derechos se respetarán en los tribunales mexicanos, porque actualmente se han limitado los excesos de poder”. Pero también les advierte de los problemas operativos que enfrentarán derivados de las legislaciones fiscales, administrativa, laboral, y otros como el problema de la tenencia de la tierra.

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Ramos, quien fue el primer abogado mexicano que escribió un libro sobre inversión extranjera (en 1971), opina igual. “Si bien las leyes son buenas, el país aún debe recorrer un largo camino para hacer más eficiente su aparato burocrático, atacar la corrupción y crear un marco fiscal que estimule la entrada de mayores inversiones”, dice.

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Él afirma que para los extranjeros es difícil planear su estrategia en México, pues nunca saben de antemano cuánto van a pagar de impuestos y de servicios. “Aquí se cambian las reglas a cada rato y eso no da ninguna seguridad a los inversionistas”, dice Ramos.

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Para De Ovando, la actual legislación fiscal y su normatividad secundaria desaniman la inversión de largo plazo pues no toman en cuenta la maduración que necesitan ciertos proyectos (por ejemplo, los forestales). En muchos casos, los inversionistas tienen que pagar impuestos antes de generar ingresos (tómese por ejemplo el caso del impuesto al activo que termina siendo una suerte de castigo a los proyectos que no generan rendimientos en el corto plazo). Otro impuesto mal encauzado es el que pagan aquellos empresarios que otorgan créditos o que dan facilidades de pago. La Ley del Impuesto Sobre la Renta obliga a estos causantes a acumular los ingresos en créditos, aun cuando no se haya recibido el pago. Esto para muchos inversionistas extranjeros resulta muy difícil de aceptar.

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Además, muchos extranjeros se quejan de la posición “tan agresiva” que asumen las autoridades fiscales frente a ellos. El abogado Francisco Cossu Musi asegura que el fisco “se la pasa repartiendo multas, muchas veces injustamente”. Y se indigna. ¿Cómo es posible que el gobierno ponga todas las trabas fiscales a los inversionistas que generan empleos y ninguna a los capitales especulativos? Para él, no hay congruencia entre lo que paga de impuestos un inversionista extranjero que genera riqueza y otro que se dedica a especular y que no reporta ningún beneficio al país.

- -ACTITUDES DE MONOPOLIO
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Entre los costos que para los inversionistas extranjeros resultan difíciles de proyectar en México están los de bienes y servicios que ofrece el gobierno. Muchos se quejan de las tarifas de luz y otros energéticos como la gasolina. De acuerdo con De Ovando, hay extranjeros que tienen la sensación de que, pagando precios muy altos por estos bienes y servicios, están subsidiando al gobierno en su ineficiencia.
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Mientras que en Estados Unidos, de acuerdo con una escala y determinados plazos, y dependiendo de su eficiencia, los empresarios obtienen energéticos con tarifas más competitivas (el kilowatt de electricidad para la industria puede costar hasta la mitad que para uso residencial), en México no hay nada de esto. Es más, ante el anuncio de la cancelación de los subsidios, los extranjeros tienen la incertidumbre de si esta política podría generarles un incremento en los costos que los sacara del mercado.

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Este es el caso de la gasolina que ahora es más cara que en Estados Unidos. Muchos extranjeros aseguran que esto los hará menos competitivos, al no reflejar sus costos una disminución de gastos de transporte y otros. De Ovando estima que el papel monopólico tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad se debe reconsiderar para estar más acordes con la nueva globalización.

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Enrique Miranda, director general de la empresa minera canadiense Miranda Mining Development Corp., también considera que la política de inflación del gobierno no es pareja. “Si en 1997 la inflación fue de 16%, ¿por qué los costos de energía eléctrica aumentaron en más de 30%?”, pregunta.

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Por otra parte, está la falta de determinación del gobierno para terminar de privatizar o desmonopolizar algunos sectores. En algunos casos notorios –como el de la petroquímica–, México ha perdido la oportunidad de modernizar sus plantas debido a la limitación que impone a los extranjeros participar con no más de 49% del capital de empresas establecidas en esta industria. De acuerdo con De Ovando, el hecho de que el gobierno limite ciertas áreas de actividad económica a los capitales foráneos, le está costando muy caro al país.

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Otro ejemplo de inversiones perdidas por falta de una reglamentación clara involucra a la empresa AT&T, que determinó retirar un importante monto de inversiones comprometidas en México tras calificar la actual regulación (de apertura de la telefonía) de “poco eficiente”.

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SINDICATOS CORRUPTOS
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Muchos inversionistas extranjeros se sienten desanimados por las prácticas laborales que se han incrustado en el país, a través de sindicatos corruptos que se dedican a emplazar huelgas, para tener más agremiados. Esta práctica se ha vuelto más común desde la muerte del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, y ha llegado a afectar la operación de muchos negocios.

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Además, están las leyes que no reflejan los cambios de la globalización. Algunos abogados consideran que, en su concepción actual, la ley laboral desanima la inversión extranjera porque, pretendiendo favorecer en extremo a los trabajadores, desalienta la creación de empleos, perjudicándolos aún más. “Habría que revisar las leyes laborales para que no sean tan partidarias del trabajador”, dice Ramos. En México, los patrones no tienen casi ninguna libertad para despedir a sus empleados (como sucede en otros lados), y si bien es cierto que los salarios siguen siendo bajos –en comparación con otros países–, los costos de las prestaciones obligatorias de ley representan para los empresarios casi 30% del salario, al incluir conceptos tales como aguinaldo, prima vacacional, cuotas del IMSS, Infonavit, SAR y el correspondiente reparto de utilidades de las empresas. “Cuando logremos desarrollar una economía competitiva, producir más y pagar mejores salarios, los costos (de las empresas) se irán para arriba y las sacarán de competencia”, dice De Ovando. Si al despedir a un empleado se le tiene que indemnizar no sólo con tres meses de salario –y de acuerdo con su antigüedad–, sino que además se deben integrar bonos y otras prestaciones, el patrón se ve poco estimulado a otorgar bonos o pagos adicionales a los trabajadores por su alto costo.

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Otra limitante que enfrenta el inversionista extranjero en México es que no puede contratar libremente a personas de otra nacionalidad. Por cada extranjero que emplee, debe darle trabajo a 10 mexicanos. Con esto se pretende generar empleos para los mexicanos, pero esta limitación se aplica en forma “tan aritmética” que no toma en cuenta la particularidad de cada inversión, dice el abogado Cossu. Considera que mientras que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) invita a invertir en México, en el curso ordinario de los negocios hay que enfrentarse a instituciones como el Instituto Nacional de Migración, que no aplican el mismo criterio de apertura.

- -RESTRICCIONES TERRITORIALES
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El problema de las limitaciones que tienen los extranjeros para adquirir propiedades en zonas restringidas (50 kilómetros a lo largo de la costa y 100 kilómetros a lo largo de la frontera) llega a niveles absurdos. Los extranjeros no pueden adquirir propiedades en estas zonas más que a través de fideicomisos bancarios o de sociedades mexicanas, lo que les genera costos adicionales y revela la actitud proteccionista que aún persiste en el país.
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“A fin de cuentas, se está simulando toda vez que el extranjero sigue gozando de estas propiedades en zonas restringidas como si fuera propietario”, dice Cossu.

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Además, el gobierno limita la extensión de la propiedad a los inversionistas foráneos. En la práctica, esta restricción se puede obviar a través de la creación de varias sociedades, pero esto implica mayores costos y mayores obligaciones. En 1997, varias empresas extranjeras mostraron interés por invertir cerca de $5,000 millones de dólares en Chiapas y otras zonas del sureste en proyectos forestales de gran envergadura. Finalmente, estos no se concretaron debido a los problemas de límites de la tenencia de la tierra, fiscales y otros, que incidían gravemente en los costos de los proyectos. Los inversionistas prefirieron irse a Chile y a otros países donde las leyes son más flexibles.

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Pero, a pesar de la pérdida de estos capitales, el balance de la estrategia del gobierno para atraer inversión extranjera directa (IED) en los últimos años es muy positivo. Incluso en 1995, contra todos los pronósticos, muchos inversionistas entraron al país para adquirir empresas en quiebra. Desde entonces, la IED no deja de aumentar, principalmente en las industrias automotriz y electrónica. De acuerdo con datos de la Secofi, entre 1994 y 1997 ingresaron al país $40,000 millones de dólares en IED. Durante 1997, México logró una cifra récord, de cerca de $12,000 millones de dólares (27% de la IED de toda América Latina) y para este año, a pesar de las turbulencias en los mercados financieros internacionales, se espera captar una cantidad similar. Datos del Consejo Mexicano de Inversión (que asesora y capta inversión foránea), revelan que casi 100% de los capitales extranjeros que se espera recibir este año –cerca de $10.8 mil millones de dólares– serán canalizados por 190 empresas.

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Lo cierto es que, en muy pocos años, México ha logrado desplazar el capital de corto plazo (especulativo) por el de largo plazo, que es el que genera riqueza y empleos en el país. y la inversión, venga de donde venga, es bien recibida. Siempre y cuando no se meta con el petróleo…

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