Una de las decisiones menos comentadas (o discutidas) de Ernesto Zedillo cuando se iniciaba su gestión fue la designación de un nuevo secretario de Hacienda para reemplazar a Pedro Aspe, que había ocupado dicho cargo durante los seis años anteriores. Las credenciales políticas e intelectuales que en ese entonces poseía Jaime Serra, por el hecho de haber pertenecido también al gabinete económico de Carlos Salinas, resultaron suficientes para todos.
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En especial porque en todas las declaraciones aisladas que Serra hizo en los últimos meses del sexenio anterior con respecto a asuntos financieros, enfatizó sus coincidencias con la política cambiaria del gobierno saliente. Coincidencias que fueron reforzadas por el nuevo equipo en varias ocasiones; la más reciente de ellas, el 20 de noviembre, cuando Zedillo, en su carácter de presidente electo atestiguó una renovación más del Pacto que dejaba inalteradas las metas fijadas para el peso.
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Pero en realidad ésta no fue la única ocasión en que el gobierno entrante asumió como suya la política de tipo de cambio que diseñó y defendió Aspe durante todo 1994 y, en particular, desde que el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo puso en peligro la estabilidad y la moneda. En varias reuniones privadas con inversionistas extranjeros y cada vez que se renovó el Pacto, el equipo de Zedillo apoyó de una manera u otra la continuidad económica.
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Su única contribución programática a la política económica de Salinas fue poner un énfasis especial en la necesidad de impulsar un mayor crecimiento. Y es más, cuando el nuevo gobierno presentó su primer plan económico pensó incluso que era compatible una meta alta de crecimiento (de un 4%) con la estabilidad de la moneda.
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Ya sin Aspe en el gabinete, los economistas en el gobierno de Zedillo -que, además de Serra, incluían a Guillermo Ortiz en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Luis Téllez en la Oficina de la Presidencia- no protestaron con el esfuerzo (fallido) por mantener el peso dentro de los márgenes programados.
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Sólo fue después de que ocurrió la devaluación que se intentó buscar culpables fuera del círculo del presidente. Serra intentó hacerlo primero con los zapatistas, pero los banqueros en Nueva York pidieron su cabeza, no la de Marcos. El ex presidente Salinas montó inmediatamente su defensa personal, y el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, hizo lo propio.
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Sólo quedó Aspe, a quien por alguna razón inexplicable que cobra ahora mayor importancia, el presidente Zedillo no mantuvo en su puesto, cuando dicho cargo tenía una importancia estratégica en la defensa del valor del peso. En vez de ello, se prescindió de sus servicios justo en el momento de mayor vulnerabilidad.
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La búsqueda por alguien a quién responsabilizar por la debilidad del actual gobierno terminó así por enfocarse hacia el único funcionario del régimen anterior que no se había defendido, sólo porque Aspe mismo había decidido mantenerse alejado de la política desde el 10 de diciembre pasado.
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La versión de Aspe sobre los antecedentes de la devaluación o, al menos, de lo sucedido en la víspera del cambio de poderes, requiere ahora que se pronuncien públicamente los demás protagonistas de la crisis. Esperamos pues, al menos, las explicaciones de Serra, Ortiz y Téllez.
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Pero debería ser el propio presidente Zedillo el que pusiera fin de una vez por todas a las confusiones que han girado en torno a la manera en que su gobierno manejó el peso a partir del 1° de diciembre. El es quien tendría que hacer del conocimiento público los pasos que siguió, desde que fue designado candidato presidencial por parte del PRI, hasta que sucedió la devaluación.
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¿Cuál fue en realidad su posición con respecto al peso? ¿Por qué sancionó la renovación del Pacto en dos ocasiones, si tenía dudas sobre la viabilidad del tipo de cambio? Si existían diferencias con Aspe y Salinas con respecto a la política cambiaria, ¿por qué nunca se materializaron en el discurso de toma de posesión o en el plan económico que presentó su gobierno en los primeros días de diciembre? ¿Quién cometió los errores?
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El autor se desempeña como profesor-investigador en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.