La guerra no ha terminado

En febrero próximo concluirá el embargo con cariz ecológico que, desde 1991, pesa sobre la flota
Gerardo Moncada

La guerra comercial en torno a la pesca del atún está lejos de haber terminado. Si bien el 30 de julio el senado estadounidense accedió a levantar el embargo que pesaba sobre las flotas atuneras de 11 naciones, incluido México, todavía no puede hablarse de un final feliz. Quedan por limar múltiples aristas de orden técnico, jurídico, comercial y ambiental. Además, las grandes enlatadoras y el grupo ecologista que promovió el bloqueo no están conformes con la decisión de sus legisladores y se preparan para el contraataque. Por lo pronto, el mercado pesquero disfruta de una tregua de seis meses, pero a principios de 1998 iniciará un nuevo capítulo en esta contienda. Las autoridades mexicanas confían en que a partir de entonces las reglas serán más equitativas, aunque Carlos Camacho Gaos, subsecretario de Pesca, admite: "Ya no podemos bajar la guardia."

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El gobierno y los atuneros de México consideran una victoria los términos en que se pactó el fin del embargo, porque será posible reanudar las exportaciones a Europa, Asia y Estados Unidos. Por añadidura, si todo ocurre como se espera, a mediano plazo las latas de atún mexicano podrán ostentar la codiciada etiqueta Dolphin Safe. Pero la contundencia de las cifras no incita al entusiasmo: desde 1991 se perdieron $50 millones de dólares al año por la caída de las exportaciones; 6,000 trabajadores quedaron desempleados (se estima una repercusión sobre 24,000 empleos indirectos); de la flota integrada por 84 barcos de más de 400 toneladas y 35 menores, sólo sobrevivieron 37 y 21, respectivamente. La infraestructura para enlatado, con capacidad para procesar 200,000 toneladas anuales, opera al 50% y varias plantas se encuentran en el abandono. Las exportaciones de atún congelado se desplomaron: las 80,000 toneladas de 1987 se redujeron a 12,000 en 1994.

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Nadie previó el impacto devastador de esta batalla por los mercados. Quizá se pensó que sería un episodio similar al embargo que decretó Estados Unidos contra el atún mexicano entre 1980 y 1986, periodo en que México logró triplicar sus capturas de túnidos, incrementó de 11 a 38 sus barcos para más de 1,000 toneladas de carga y aumentó su presencia en el mercado mundial, de 1.79 a 3.91%.

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Fue un mal cálculo y hoy se considera un triunfo que haya sobrevivientes. La Cámara Nacional de la Industria Pesquera estima que será necesaria una inversión de $400 ó $500 millones de dólares para restaurar solamente la flota atunera. A diferencia de otros rubros como la banca o las carreteras, en este caso no habrá plan de salvamento. A decir del subsecretario de Pesca, los atuneros deberán trabajar como empresarios. "Aquí no hay subsidios."

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EL SELLO QUE HUNDIÓ UNA FLOTA
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Pocas veces un argumento ecologista ha golpeado con tanta fuerza una actividad productiva. El bloqueo comercial tuvo como -sustento la elevada mortandad de delfines que ocasionaba la pesca del atún aleta amarilla. En 1991, David Ross Brower, fundador de Earth Island Institute, el organismo que promovió el embargo contra el atún latinoamericano, confesaba: "Me gustaría declarar abierta la temporada de desarrolladores y dispararles a todos. No para matarlos, sólo para aquietarlos." Y lo consiguió con la flota de América Latina, al tiempo que obtuvo pingües ganancias con la promoción del sello Dolphin Safe, un pasaporte ecológico en el mercado mundial del atún.

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Esta etiqueta ha sido objeto de un acalorado debate. En teoría, sólo la ostentan las latas de atún cuya pesca no molestó siquiera a los delfines, pero ello implica capturar túnidos en su etapa juvenil –antes de que se reproduzcan–, pues más tarde invariablemente se asocian a las manadas del cetáceo. Por otro lado, la etiqueta es propiedad del fideicomiso Earth Trust, que cobra $0.5 centavos de dólar por cada caja de 48 latas que ostenta el sello Dolphin Safe. Tan sólo Tailandia exportó, en 1993, casi 30 millones de cajas, lo que reportó regalías por $1.5 millones de dólares al fideicomiso ambiental asociado a Earth Island.

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David Phillips, director ejecutivo del grupo ecologista, afirma: "El sello no tiene conexión con Earth Island". Como muestra de su independencia refiere: "Durante los últimos cinco años hemos promovido un boicot contra varias empresas atuneras estadounidenses para que la gente no compre su producto. La nacionalidad de la flota no nos importa". Añade que los fondos del instituto provienen de socios y fundaciones de caridad.

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Camacho refuta a Phillips. Señala que entre las enmiendas que contendrá la nueva Ley estadounidense de Protección a Mamíferos Marinos estará, precisamente, la de eliminar el carácter privado del sello Dolphin Safe y conferirle una categoría federal. Asimismo, los parámetros de mortandad de delfines serán definidos en función de estudios científicos y censos de poblaciones efectuados por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos, en coordinación con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

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Para Julia Carabias, secretaria de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), este será uno de los mayores logros. Por un lado, desaparece de la ley la posibilidad de establecer embargos. Por otro, el asunto se despolitiza: "Ahora el único argumento será la información científica".

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QUEREMOS TANTO AL DELFÍN
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James Joseph, presidente de la CIAT, no oculta el pasado: "En los años 60 y 70 la mortalidad en el Pacífico Oriental osciló entre 300,000 y 600,000 delfines al año". Camacho precisa que en ese entonces la mayoría de los barcos atuneros en aguas mexicanas eran estadounidenses. En efecto, México capturaba menos de 4,000 toneladas de atún al año, lo que representaba 0.2% de la captura mundial.

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Una ley promovida en 1972 por ambientalistas estadounidenses y que nadie acataba –la de Protección de Mamíferos Marinos– ,cobró de pronto vigencia cuando las naciones latinoamericanas impidieron la pesca en su zona económica exclusiva. A finales de los años 80, las grandes enlatadoras debieron desplazarse hacia los mares de Asia y África. StarKist, Bumble Bee y Van Camp reubicaron sus centros de operación, de tal suerte que Tailandia emergió como líder mundial de atún enlatado, seguido por Filipinas, Costa de Marfil, Indonesia y Senegal. La ley referida contenía cláusulas de castigo para las pesquerías extranjeras que no protegieran al delfín. Por ejemplo, permitía extender el embargo contra países que adquirieran el atún sin sello Dolphin Safe. Para evitar conflictos, Francia, España e Italia dejaron de comprar atún mexicano.

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En un intento por contrarrestar el embargo, a mediados de 1992, México suscribió el Acuerdo de La Jolla (California), junto con Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Honduras, Estados Unidos, España, Vanuatu y Venezuela. Este acuerdo proponía una estrategia para que el conjunto de las pesquerías del Pacífico Oriental no matara más de 5,000 delfines en 1999. Cada barco debería llevar un observador ajeno a la tripulación. Un panel internacional de expertos verificaría el cumplimiento de severas disposiciones. En 1995, el acuerdo fue ratificado con la Declaración de Panamá.

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A contracorriente, los atuneros mexicanos incorporaron en sus artes de pesca equipos que permitían salvar la vida de los delfines: redes especiales y lanchas rápidas. También modificaron los procedimientos. Esto les significó un gasto de $66 millones de dólares entre 1991 y 1996, más otro millón anual por el programa de observadores. "¡Cuidamos incluso que no se estresen los delfines!", comenta un empresario pesquero.

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De acuerdo con estimaciones de la CIAT, fidedignas para Earth Island, se ha logrado abatir la muerte de cetáceos por debajo de lo planeado. Joseph explica: "En 1996 la mortalidad total fue de 2,574 cetáceos en el Pacífico Oriental, donde habitan cerca de 10 millones de delfines. Es un porcentaje insignificante de acuerdo con el censo biológico, pues el crecimiento natural supera por mucho la mortalidad ocasionada por la pesca. La proporción actual es de 0.4 delfines muertos por lance (en 1986 eran 15)". En su opinión, "esta reducción no se debe a lo estipulado por la etiqueta Dolphin Safe, pues 80% de las capturas de atún aleta amarilla siguen realizándose sobre bancos donde también hay delfines. Esto es resultado de la habilidad de los pescadores que permiten escapar a los cetáceos con vida".

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Tal avance convenció incluso a prominentes grupos ecologistas de Estados Unidos como Greenpeace, World Wildlife Found, Center for the Marine Conservation, The Environmental Defense Found y National Wildlife Federation. Desde 1996, estas organizaciones consideraron errónea la política de Earth Island y se pronunciaron por la suspensión del embargo atunero.

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MÁSCARA VERDE
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En su libro Mercado global del atún y embargo estadounidense, de reciente aparición, Raúl Páez Delgado no duda en afirmar que el argumento ambiental fue una máscara idónea. "Los primeros embargos se dieron mediante la Ley de Convenios sobre el Atún. Se trató de una medida de represalia contra aquellos países costeros que buscaron hacer valer sus leyes nacionales, capturando barcos de bandera estadounidense que pescaban en su mar patrimonial." Una medida más refinada fue la Ley de Conservación y Administración Pesquera, utilizada en los años 70.

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La defensa de las 200 millas de mar patrimonial hizo trastabillar a los atuneros estadounidenses. Páez refiere que en 1974, Augusto Felando, abogado de la Asociación de Barcos Atuneros del Sur de California, declaró a The New York Times que el establecimiento de las zonas económicas exclusivas en aguas latinoamericanas "causaría la ruina de la flota atunera estadounidense", cuyas capturas se valuaban en $135 millones de dólares.

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Entre 1975 y 1988, prosigue el autor, fueron puestos en vigor 89 embargos contra siete naciones. Lo más preocupante es la revelación de Dennis King, investigador estadounidense de pesquerías comerciales: "Un embargo generalmente se mantiene en vigor hasta que el Departamento de Estado determina que la causa por la que fue implementado ya no existe... o hasta que los directivos de la industria recomiendan que el embargo sea levantado." A este respecto, Páez señala que las principales enlatadoras han mostrado interés por regresar a América.

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No sería extraño si, como afirma Camacho, en estos mares se encuentra el mejor atún. Páez cita casos en que el gobierno estadounidense ha obtenido concesiones especiales. Así ocurrió en Papúa, Nueva Guinea, país al que levantó el embargo a condición de que permitiera la entrada a la American Tunaboat Association en 1982 y restringiera cuatro años después las importaciones de atún congelado proveniente de México.

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En los primeros momentos del bloqueo se consideró tibia la manera de afrontar la sanción comercial. Una anécdota refiere la visita de atuneros al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien cortante les señaló que no movería un dedo para ayudarles pues no pensaba poner en riesgo la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).

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Camacho rechaza tajante esa versión. Asegura que siempre hubo voluntad política para resolver el conflicto. "Ciertamente estábamos en plena negociación del TLC. Aunque habíamos ganado el respaldo del GATT, éste no tenía un carácter obligatorio. Nos daba la razón en cuanto al embargo, pero no se pronunciaba respecto del etiquetado. Su recomendación fue que buscáramos una solución bilateral. Por eso los dos gobiernos optaron por excluir el atún de la negociación del TLC."

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Según Páez, este habría sido un triunfo de las enlatadoras estadounidenses, que tomaron la bandera de Dolphin Safe cuando previeron que el TLC las pondría en desventaja comercial.

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El subsecretario insiste en que el resultado es el mejor posible. "La estrategia fue de largo plazo, costosa, pero logramos conformar un marco jurídico estable. En última instancia, México y otros países le cambiaron la ley a Estados Unidos. Eso tiene un valor, ¿no?"

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LA LUCHA SIGUE
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Durante el segundo semestre de 1997, Estados Unidos y los países embargados harán modificaciones a sus respectivas leyes para adecuarlas a la Declaración de Panamá. La etiqueta Dolphin Safe sufrirá cambios en marzo de 1999, siempre y cuando el secretario de Comercio estadounidense considere que la pesca no ha causado efectos significativos en las poblaciones de delfines. Esta determinación se basará en los datos científicos que recaben los Servicios de Pesquerías Marinas estadounidenses a lo largo de 1998.

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Según James Joseph, todavía podrían surgir algunos escollos en el camino. Los datos se compararán contra las estadísticas de 1986 y 1990, "pero los rangos de variabilidad de esas fechas son muy amplios". Por otro lado, en 1997 continuará el fenómeno meteorológico de El Niño y eso suele provocar la dispersión de los delfines, de ahí que resultará difícil estimar su número. Además, la decisión del funcionario deberá ratificarse dos años después, para garantizar que los cambios no afectaron a las poblaciones del cetáceo. De manera que los promotores del embargo todavía tienen un pequeño margen de acción.

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En el caso de Earth Island, Phillips mantiene su postura. "Está bien que se levante el embargo para todos aquellos que respeten y demuestren que usan las técnicas adecuadas (que no lancen la red alrededor de los delfines). Los atuneros mexicanos dicen que han mejorado en procedimientos, pero como la técnica es la misma, las cosas no han cambiado."

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Aún es un misterio cuál será la estrategia que seguirán las enlatadoras estadounidenses. Según Camacho, planean iniciar demandas contra las secretarías de Comercio y de Estado, aunque el funcionario mexicano estima difícil que prosperen en su intento. Por su parte, el presidente de la CIAT no descarta que dichas empresas opten por comprar el atún americano, ya que con los cambios legales 80% será Dolphin Safe.

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Tampoco está definida aún la estrategia de México ante la apertura del mercado. Si bien Camacho habla de impulsar los puertos de Ensenada, Mazatlán, Manzanillo y Puerto Madero, recuperar las enlatadoras abandonadas e incursionar en nichos con alto valor agregado –como los cortes especiales para la cocina japonesa–, lo cierto es que los planes oficiales difieren de los empresariales. La Cámara Nacional de la Industria Pesquera pretende incrementar las capturas de atún en 30% para llegar en 1998 a 200,000 toneladas, lo que permitiría exportar la mitad y generar divisas por $120 millones de dólares. A fin de ampliar la flota, los atuneros solicitaron que las autoridades les ayudaran a conseguir un fondo especial del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, "pues los créditos internos son inaccesibles por las altas tasas de interés y la actitud negativa de la banca".

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La respuesta oficial ya se conoce. Además, la secretaria de Medio Ambiente advirtió: "No esperemos un gran cambio en la estadística mexicana del volumen de captura, porque los stocks de atún también tienen sus límites. Estamos muy cercanos al límite, por lo tanto, los márgenes de crecimiento serán reducidos."

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Luego del viacrucis, los atuneros están que comen ansias. Y es natural. Ya en 1990 el mercado mundial de la pesquería de túnidos ascendió a $4,000 millones de dólares. Europa se ha convertido en el centro de las luchas comerciales desde 1989, cuando comenzó a concentrar la tercera parte del consumo mundial.

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Las flotas y enlatadoras que dominan el mercado, seguramente ven con buenos ojos los diferendos entre atuneros y el gobierno mexicano. A fin de cuentas sus mayores ganancias las obtienen donde el río está revuelto.

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