La ilusión viaja en pick up

Cada fin de sexenio se ofrece legalizar vehículos. Y hay quien cree que es con propósitos polític
Guadalupe Ramos

En cuanto la Secretaría de Comercio anunció que permitiría la importación de camionetas pick up con más de 10 años de antigüedad, los comerciantes de vehículos usados de Ciudad Juárez –conocidos como “yonqueros”– adquirieron cientos de unidades en El Paso, Texas, para ofrecerlas a los mexicanos. A razón de $1,500 dólares por vehículo, perciben hasta $15,000 dólares por semana, según las cuentas de Francisco Sandoval, presidente de la empresa Auto Futuro y de la delegación Chihuahua de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA).

- Por fin, Sandoval se consideraba compensado por los daños que había sufrido su negocio, al competir con la importación ilegal de pick up, los llamados autos “chocolate”. Estima que tan sólo en Chihuahua circulan 250,000 vehículos ilegales –de un total de 500,000–, por lo que sus ventas en 1999 cayeron más de 30%. La anca ha señalado que los vehículos ilegales representan 15% de los automotores que circulan en el país.

- La disposición de la Secofi habrá ayudado a Sandoval, pero provocó el enojo de los productores de automóviles establecidos en México. La medida era apenas el principio. La Cámara de Diputados propuso ir más allá: regularizar los vehículos  ilegales. El presidente Zedillo calificó de demagogos a los diputados que la promovieron, y finalmente la propuesta fue congelada por el Senado hasta septiembre.

- De haberse dado esa regularización, habría sido la número 10, calcula Víctor Manuel Reyes Díaz, presidente de la anca. “Casualmente siempre se dan en los cambios de sexenio”, comenta. Según Reyes Díaz, esa ley no era la solución de fondo.

- Sin embargo, para Felipe de Jesús Preciado, el diputado panista promotor de la regularización, congelar la iniciativa beneficiará a las autoridades corruptas que por años han obtenido recursos económicos de quienes internan las unidades. Quedan, añade, tres escenarios: que el Presidente emita un decreto de regularización y sea él quien quede bien con los demandantes, que la propuesta se retome en la próxima legislatura o que los vehículos sigan circulando de manera irregular.

- La iniciativa de regularización, impulsada por diputados de oposición, proponía un cobro por legalizar los autos con modelo anterior a 1992. Con los ingresos recibidos se formaría un fideicomiso con el que se apoyaría a los propietarios de vehículos anteriores a 1970 para que compraran uno nuevo. Las camionetas ilegales de modelo 1993 o más reciente se regresarían a su país de origen o se entregarían al fisco.

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- Pero representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Auto- motores (AMDA) y de la anca consideraron que esa regularización en realidad lo que buscaba era los votos de 4.5 millones de propietarios de vehículos ilegales.

- Según esas asociaciones, el internamiento ilegal de vehículos al país se ha traducido en una fuga de divisas de $3,750 millones de dólares, si se consideran $1,500 dólares como precio promedio de cada camioneta. Por pago de tenencia se han dejado de recibir cerca de $2,500 millones de dólares, y la industria automotriz instalada en México se ha quedado sin 1.25 millones de clientes, añaden.

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