La pobreza de Progresa
El actual programa de ayuda a los más pobres, Progresa, no escapa a la polémica que ha envuelto a sus antecesores. Como siempre, de un lado están sus promotores en el gobierno, que se esmeran en destacar sus bondades, y del otro sus detractores, que no cesan en denunciar viejos vicios; mientras tanto, los pobres siguen pobres.
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Después de casi dos años de iniciado, Progresa –definido como un programa de educación, alimentación y salud– ha puesto de manifiesto que las buenas intenciones y las generalizaciones en las cifras poco efecto tienen frente a las vitales carencias de los 26 millones de mexicanos que se calcula viven en el extremo de la pobreza. México y Venezuela son los únicos países latinoamericanos en los que la pobreza se ha incrementado en los dos últimos años, señala un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
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En su diseño, hecho por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia responsable de su aplicación, Progresa incorpora elementos que buscan darle una mayor sofisticación que los anteriores programas. No es un programa universal dirigido a un sector de la población definido con criterios básicos, sino que hace un cruce de categorías con el fin de dotar de cierta intencionalidad al reparto de los recursos. El tema angular en esa confluencia de criterios es el educativo, desde el momento en que se le concibe como “el medio que permita (a los beneficiarios) desarrollar las habilidades y aptitudes para obtener un mejor provecho de su trabajo”, dice Antonio Gómez de León, coordinador del programa. En esa medida, “la educación es un factor estratégico para romper el círculo vicioso de la pobreza”.
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El programa está dirigido a dos millones de familias, en 40,000 localidades marginadas en 30 entidades de la república. Conforme a las cifras aceptadas sobre pobreza en el país, se trata de una cobertura deliberadamente limitada. Esta focalización es una de las virtudes del programa, dice Gómez, porque permite llegar a quienes carecen por completo de alternativas económicas; la otra es la “integralidad de sus acciones”, en alusión a aspectos como la formación de capital humano, la transparencia en el manejo de los recursos, la ubicación de la familia como eje central, un enfoque de género, la coordinación con los niveles estatal y municipal de gobierno y su carácter complementario con otros programas sociales.
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Por otro lado, atiende únicamente a comunidades rurales, y deja fuera amplios segmentos de población urbana en iguales o parecidas condiciones socioeconómicas. La decisión obedece, de acuerdo con el coordinador del programa, a que en el medio rural la pobreza es aún más profunda que en las ciudades.
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¿Un programa retro?
Tan contundentes como las tesis oficiales son las de los detractores del programa. En alusión al número de personas que, año con año, se suman a la población en condición de extrema pobreza, Clara Brugada, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, refuta: “No puedes combatir la pobreza si no cambias la fábrica de hacer pobres”. Según ella, el modelo que necesita el país, y sus más de 40 millones de pobres, no es el de la sola focalización; lo mejor, propone, sería “focalizar en algunos sectores, pero universalizar los programas en la mayoría de los casos.”
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Legisladora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Brugada forma parte de un equipo de estudio que, a petición de la Cámara de Diputados, inició hace algunos meses un balance de Progresa, pero enfrentó en el camino algunos escollos. Por ejemplo, el veto impuesto por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) a Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México y experto en estos temas, con la excusa de que tiene una postura “demasiado” crítica. No obstante, se obtuvieron algunas conclusiones. El modelo de focalización, “muy (al estilo del) Banco Mundial –cuestiona Boltvinik–, tiene una concepción individualista, además de esa idea de los pobres merecedores y los no merecedores que permea todo el sistema de bienestar estadounidense”. Son programas aplicados en países donde la pobreza no rebasa 10% de la población, tercia Brugada.
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La diputada perredista rechaza que el método de selección de los beneficiados se realice a través de los registros escolares. “El hecho de que los niños vayan a la escuela no es ninguna garantía para que haya un proceso de desarrollo.” Pero lo peor, afirma, es que el gobierno “borró de un plumazo a 40 millones de pobres moderados que pueden convertirse, si no tienen ayuda, en extremadamente pobres”. Muchos de ellos están en las ciudades. “Si usted es un limpiaparabrisas de la Ciudad de México –ejemplifica Boltvinik– no hay ninguna posibilidad de que tenga derecho a los recursos de Progresa, aunque sea más pobre que un campesino y, además, viva en un medio más hostil.”
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¿Arma electoral?
Progresa es difícilmente defendible, aún en el momento en que reparte sus beneficios. Los mismos beneficiarios denuncian fallas bien conocidas. Leonila Reséndiz Escobar, promotora en El Platanar, una comunidad del municipio de Malinalco, en el Estado de México, denuncia las presiones del maestro del pueblo. “Si no le ayudamos a arreglar la escuela nos dice que el Presidente nos quitará el Progresa. ¿Verdad que no es cierto?”, pregunta a la reportera. En esa comunidad viven 150 familias, 70 de las cuales obtienen ayuda del programa.
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Reséndiz tampoco ha visto, afirma, un solo centavo de la beca educativa que le concedieron a una de sus hijas en octubre del año pasado. Apoyada por sus vecinas, reclama que numerosas familias no reciban la ayuda por el simple hecho de no haber estado en su casa el día en que fue levantado el censo. Cómo iban a estar si fue por sorpresa y nadie sabía el objetivo, se preguntan. Esta irregularidad ha propiciado que los conflictos en las comunidades se acrecienten, sobre todo porque algunos pobladores piensan que fue mediante un sorteo como se decidió quiénes serían los beneficiados.
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Los diputados de la Comisión de Desarrollo Social han denunciado estas irregularidades, lo mismo que la utilización de los recursos como arma electoral. El manejo político que se dé a esa ayuda puede manipular voluntades en las elecciones, dice Brugada. Los hechos que ofrece como prueba están relacionados con las elecciones del pasado 7 de febrero en el estado de Guerrero, donde pudo constatar, asegura, que doctores de clínicas rurales condicionaban la instalación de los campamentos donde se realizan las revisiones de salud mensuales (condición obligatoria para recibir el dinero) a la asistencia de la población a los mítines del PRI –además de que la boleta de registro llevaba el sello de este partido–. Lo peor, añade, es que el dinero llegó a ese lugar con retraso, a modo de hacer coincidir su entrega con los comicios, lo que para algunas familias significó cinco meses de espera.
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Tomando en cuenta esos antecedentes, Boltvinik anticipa que el programa puede ser clave en las elecciones federales del próximo año. También hay cierto proselitismo político que escapa de las manos de las autoridades centrales que administran el programa. En ocasiones, son las autoridades locales quienes lo utilizan en su beneficio.
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Gómez descarta esa posibilidad y niega “categóricamente” que exista presión electoral e intercambio de votos por ayuda. “El programa invierte sus recursos en quienes más lo necesitan, con transparencia e imparcialidad. La selección de localidades y la identificación de familias beneficiarias se hace mediante procesos rigurosos, que son verificables y auditables.”
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Antes que la veracidad estadística, Boltvinik desaprueba el enfoque. Lo ideal sería “que la gente saliera de la pobreza trabajando, que la asistencia fuera para enfermos, niños y ancianos”. Y para los demás, empleos; es decir, se debe adoptar un enfoque de desarrollo. “Siempre –insiste– se van a necesitar programas asistenciales, pero que sean lo más universalistas posible.”
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Pese a todo, el programa tiene ciertas virtudes, a decir de sus propios críticos. Por primera vez, los recursos llegan a zonas marcadamente marginadas, de difícil acceso, además de que se hizo, también por primera vez, un censo de los mexicanos más pobres. Al menos la estadística ya dio un paso.