La prueba del ácido para la empresa pri

El autor es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, presidente fundador del
Carlos Llano Cifuentes

Las irregularidades, manifiestas o presuntas, en nuestros procesos de privatización han vuelto a poner en el tapete la conveniencia de lo que constituyó un verdadero cambio de modelo de Estado, si no es que también un cambio de modelo económico. Sin embargo, que haya habido defectos o aun engaños en el proceso de privatización sería una prueba más —ésta sí terminal— de los malos manejos de las empresas estatales mismas: ¿por qué, en efecto, no habría de haberlos en su venta, si ya existían en su gestión?

- Pero el problema se encuentra ahora en el campo de las empresas privadas. Si no demuestran su viabilidad sirviendo mejor y obteniendo resultados económicos positivos, acabarán siendo ellas mismas sujeto de cuestionamiento. Por esto, el desenlace de la crítica situación bancaria, por ejemplo, guarda particular importancia: si las cosas no tuvieran un buen término, no es el sistema bancario privado el que quedaría en entredicho, sino el sistema social de mercado, y nadie con sensatez desea poner a éste en crisis ideológica, porque en tal caso no aparece más alternativa que el dirigismo estatal populista.

- Por otra parte, el proceso de privatización apenas se encuentra a medio camino: los ferrocarriles, los derivados del petróleo, las diversas formas de producir y distribuir la energía eléctrica, la administración de los aeropuertos, están esperando un eficaz funcionamiento y una viabilidad económica al depositarse en manos privadas, en dueños más responsables que la anónima burocracia estatal. Pero no nos arriesgaríamos a recorrer ese camino a menos que se mostrara con claridad que las empresas ya privatizadas, desde la banca hasta la telefonía, desde el acero hasta las carreteras, ofrecen seguridades de buena marcha: si son capaces de transparencia, si atraen nuevas inversiones, si perfeccionan sus servicios, si generan empleos, si logran exportar...

- Como se sabe, el término privatización, con más claras connotaciones neoliberales, fue popularizado en su tiempo por Margaret Tatcher. Sin embargo, el vocablo exacto debería ser desestatización. Pues se pretende desgajar del poder del Estado algo que no debería encontrarse bajo su férula, y no de privatizar lo que correspondiera de suyo a la función estatal. En efecto, más que una muestra del liberalismo creciente, las privatizaciones son una consecuencia del penoso deterioro de las finanzas gubernamentales y de las empresas dirigidas por el gobierno. Es el estatismo —la omnipresencia del Estado dentro de la vida económica— lo que se intenta cambiar; no es el privatismo lo que quiere engordarse. En su obra Las nuevas realidades, Peter Drucker, un profundo conocedor del management y de ningún modo un político, nos hizo ver que era necesario redefinir las funciones del Estado, ya que ha pretendido absorber demasiadas, lo cual no es eficaz en términos de gerencia. Nosotros lo decimos a nuestro modo: al Estado le corresponde garantizar la satisfacción de determinados servicios —especialmente los dirigidos a los minusválidos, a los congénitamente incapaces— y el cumplimiento de determinadas reglas, pero no gestionar o dirigir tales servicios; de la misma manera, los particulares, que no son aptos para otorgar garantías públicas, sí lo son para realizar, dirigir o gestionar los servicios estatalmente garantizados. Sería un milagro de la naturaleza que una misma entidad —el Estado— fuera simultáneamente buen maestro, buen constructor, buen empresario, buen periodista, buen médico y buen fabricante de automóviles. ¿Por qué no delegarlas en los particulares, reservándose sólo la garantía pública de que tales funciones serán satisfechas? Esta delegación, cauta e inteligente, es lo que denominamos, sin jugar con las palabras, desestatismo, que sería destetar a los ciudadanos de un gobierno nodriza.

- El gobierno no es buen empresario
Decir que el gobierno no es un buen empresario es la constatación empírica de un hecho demostrado, no un juicio de valor sobre la ineficacia del gobierno. Tomando el ejemplo de Friedrich Hayek, el ya clásico autor de Los fundamentos de la libertad, si afirmamos que el ácido sulfúrico no nos sirve para beber no estamos demeritando sus altas cualidades, sino delimitando sus funciones útiles. Tampoco vale decir que el Estado se identifica con el pueblo. Todos quieren identificarse con el pueblo sin lograrlo. Pero, puestos a decidir, pertenecemos más al pueblo los particulares que trabajamos por nuestra cuenta y riesgo, que los funcionarios que lo hacen al amparo de la maquinaria estatal.

- ¿Cumple la empresa privada los fines que persigue la desestatización? Si no es así, motivos tienen quienes hablan del fracaso del nuevo modelo de Estado o del nuevo modelo económico.

- Los fines de la privatización son pocos y claros. Primero, potenciar la economía de mercado; es decir, suscitar la iniciativa de los particulares como motor de crecimiento y progreso: las empresas que se achican, que cierran, y los empresarios que encogen sus inversiones, están propiciando una nueva estatización.

- Segundo, extender la propiedad a nuevos estratos sociales. La economía social de mercado no busca las grandes empresas, sino el chispazo multiforme de miles y miles de iniciativas particulares que son las que sacarán al país adelante.

- Tercero, crear la confianza del inversor internacional en nuestro país. El capitalista tiene más confianza en las fuerzas del mercado que en las maniobras del Estado. Nosotros, los que requerimos de ese capital, no le podemos dictar cuáles han de ser sus preferencias. Debemos comportarnos ante él como un país que juega seriamente las reglas mercantiles.

- En cuarto y último lugar, la privatización busca una eficiencia mayor. En la empresa pública todo conspira contra esa eficiencia: porque intervienen factores políticos exógenos a ella, porque no hay distinción entre reguladores y regulados, porque quien gasta el dinero es el mismo que lo fabrica, porque los déficit económicos por falta de una buena operación se desfasan no pocas veces con los pretextos de un servicio social supuestamente gratuito.

- Haremos bien los empresarios en realizar un checking list teniendo a la vista tales finalidades: si suscitamos el estímulo de emprender o queremos acapararlo; si nos desconcentramos para dar espacio a muchas, muchísimas pequeñas empresas; si damos confianza al capital externo porque al menos nosotros cumplimos las exigencias de un juego limpio; si somos eficientes en lo que nos toca, en lugar de cobijarnos bajo una derrota supuestamente nacional.

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- Pero esto puede también expresarse de manera negativa: en el grado en que nuestra empresa apele al recurso del gobierno para obtener prebendas especiales, reglamentaciones peculiares, créditos de excepción, protecciones específicas (y no digamos ya contubernios inconfesables), en ese mismo grado contraemos las enfermedades propias de las empresas paraestatales, que la privatización desea erradicar.

- Con tales comportamientos no defenderemos la causa de la empresa privada (que es la causa de la libertad) para dar paso otra vez al populismo de los servicios gratuitos. No bastaría entonces decir que no hay tales servicios gratuitos, ni exaltar el principio elemental de que no se debe gastar más de lo que se gana. No bastaría decir esto, aunque sea verdad, porque no nos creerá nadie.

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