Las reformas posibles

Sí hay un acuerdo: es urgente aprobar las reformas estructurales. Las diferencias persisten respect
Salvador Frausto Crotte

En las sedes nacionales de los partidos se trabaja a marchas forzadas. Tienen dos meses para afinar estrategias, diseñar agendas y volver al ruedo el 1 de septiembre. No ponen sus cartas sobre la mesa, pero ya barajan las jugadas que saltarán a la vista de los ciudadanos en la nueva Cámara de Diputados. PAN, PRI y PRD coinciden en que las reformas estructurales son necesarias, urgentes, acaso inaplazables. Proponen distintos caminos para llegar a ellas y aseguran que están dispuestos a dialogar. La oposición, eso sí, se aferra al rechazo a la inversión extranjera en el sector energético. En la reforma laboral podría haber avances. La fiscal vive sus horas más bajas.

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En las oficinas panistas se ven los montones de papeles: estadísticas, estudios comparativos, evaluaciones de desempeño del pasado reciente, planes de continuidad de la apuesta. Insistirán: va la reforma eléctrica por delante, seguida de la fiscal, la laboral, la de telecomunicaciones y, de manera simultánea, la reforma del Congreso, la del Estado. El jefe de los diputados blanquiazules será, sin lugar a dudas, Francisco Barrio Terrazas, ex secretario de Contraloría.

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“Debemos establecer dos pistas paralelas –dice el panista Juan Molinar Horcasitas, que se prepara para ser uno de los protagonistas de la próxima Legislatura–. Algunas reformas políticas son más favorables a los acuerdos y deben salir  inmediatamente, pero lo más importante es  la capacidad de crecimiento de la economía.”

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Sí, pero no
En el cuartel del PRI, las encuestas y los asesores revelan las ventajas y los riesgos políticos de oponerse o de negociar. ¿Impulsar la inversión extranjera en materia eléctrica? Aseguran que dirán que no. ¿Reforma laboral? Sí, en lo general. ¿Fiscal? Dispuestos a dialogar.

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Sin embargo, nada se sabrá hasta que Elba Esther Gordillo y Manlio Fabio Beltrones diriman la disputa por la coordinación de la bancada. La primera tiene más ganas de negociar con el foxismo, el segundo le apuesta a un proyecto de corte nacionalista muy distinto al que empuja el PAN.

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El experimentado priísta Carlos Jiménez Macías está listo para incorporarse a la Cámara. Vocero de su partido, deja abierta una ventana: “El PRI no quiere obstaculizar porque es claro que el país requiere estas reformas. En una democracia la oposición paga algunos costos con tal de construir acuerdos para que el país avance.”

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El PRD ya definió su agenda legislativa: busca consensos e impulsará primero las reformas políticas. Las modificaciones a la normatividad del Congreso y la reforma del Estado son sus prioridades. Dice “sí” a la eléctrica, pero sin capital foráneo; la laboral se aprueba, pero si Coparmex y los sindicatos priístas sacan sus manos; se palomea la fiscal, pero sin iva a alimentos y medicinas. O sea: no, mientras el PAN y el PRI mantengan sus posturas.

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“Con el proyecto del gobierno el país no sólo no podrá aprobar las reformas, sino que se polarizará –dice Manuel Camacho Solís, que se visualiza como un factor de acuerdos en la Legislatura que viene– y habrá  turbulencia política y social.”

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En el nuevo San Lázaro todo está por discutirse y poco o nada está arreglado per se. La discusión de las reformas estructurales será el gran debate de los próximos tres años, el termómetro del cambio prometido, el epílogo del foxismo.

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Voluntad de cambio
La adelantada sucesión presidencial y los comicios locales contaminarán la recta final del sexenio. El primer año de la próxima Legislatura, en el que no habrá ningún proceso electoral, será decisivo. En ese lapso se verá si los partidos pueden ponerse de acuerdo.

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Manuel Camacho, hoy con ropajes del PRD, pide cautela: “Cuanto más se detallen las propuestas más se contaminará la negociación.” El ex regente capitalino cree que la posibilidad de que se apruebe una reforma fiscal es mínima, “después del pésimo manejo con el que se condujo el gobierno. [Para que salga], sólo queda actuar con prudencia e inteligencia, con un esquema de equidad.”

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Juan Molinar Horcasitas, panista de nuevo cuño, está convencido de que el ambiente político es mejor que el de la Legislatura saliente. “Hace tres años los priístas no estaban preparados para ser oposición . Hoy la mayor parte de los legisladores tenemos claro qué papel vamos a jugar.”

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El ex funcionario sabe de qué habla. En el primer tramo del foxismo fue subsecretario de Gobernación y tuvo un trato cercano con los legisladores: “Hay disposición al diálogo porque en 2006 cualquier partido puede ganar. Hoy a todos nos conviene que, si llega uno de los nuestros, el próximo gobierno tenga los recursos suficientes para desplegar una agenda que permita hacer una buena gestión.”

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Con todo, al PRI parece no molestarle del todo la acusación de que frena el cambio: “Si el cambio es entregar un recurso tan importante para la soberanía y el desarrollo como la energía, a ese cambio sí le seguiremos poniendo el freno”, dice Carlos Jiménez Macías. La discusión, por tanto, sigue en el tema de la inversión extranjera. Pese a todo, el priísta cree que “en todos los partidos hay corrientes que empujan por estos cambios y son viables si los del gobierno no se empecinan en que todo sea como ellos quieren”.

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Nacionalismo energético
Las discusiones sobre las reformas estructurales no serán amables. En el tema eléctrico, PAN, PRI y PRD se muestran los dientes.

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“No podemos acordar con que la energía esté en manos de extranjeros. Sin el principio de respetar la soberanía, para empezar, no caminamos”, asegura Jiménez Macías, una posición que no comparten del todo algunos miembros de su partido, como los senadores Alejandro Gutiérrez o Genaro Borrego.

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“Aunque en el PAN proponemos no privatizar la CFE ni Pemex, sí debemos permitir la inversión privada bajo una regulación del Estado”, revira Molinar Horcasitas.

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No obstante, los hechos están ahí: 22% de la generación eléctrica nacional depende ya de multinacionales como Eléctricité de France, Iberdrola o Intergen, bajo la fórmula de productor externo de energía. Camacho Solís considera “muy peligroso” este hecho, que atribuye al actual gobierno.

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Sin duda esta discusión encenderá los ánimos de los partidos. Los tres dominantes tienen sus propias dicotomías. Molinar Horcasitas: inversión extranjera o deuda pública; Camacho Solís: privatización de la energía o fortalecimiento fiscal del Estado; Jiménez Macías: fortalecimiento de Pemex y CFE mediante la reinversión de sus propias ganancias o pérdida de la soberanía.

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Sin embargo, el tema es más complejo. La reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo, según el vocero del PRI, está incompleta porque no aborda la exploración y explotación de gas natural, el combustible que en 10 años alimentará a la mitad de la planta de generación de la CFE. “Pemex y la Comisión son fundamentales, pero deben seguirlo siendo a partir de los recursos que ellas mismas obtienen”, añade. Todo sin concesiones a la inversión privada.

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“Lo que están diciendo, consecuentemente –responde el representante del PAN– es que se deben contratar niveles enormes de deuda externa para financiar esos proyectos.”

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El neoperredista Solís se queja de que las reformas se plantearon de manera unilateral: “El gobierno dice ‘o se hace lo que yo digo o no hay reformas’.”

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Molinar insiste: “El dinero va a salir de uno u otro lado: de inversión foránea, y en ese caso los extranjeros correrán los riesgos, o de deuda externa, y en este caso nosotros tendremos que asumirlos.”

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El PRD y el PRI proponen que las ganancias que Pemex y la CFE dan a la federación sean reinvertidas en esas mismas empresas, y así generar su modernización y mayor productividad. “Si se hace así: los impuestos que paga Pemex al gobierno  tienen que sustituirse, porque se aplican en escuelas, hospitales y seguridad –responde Molinar–. No tenemos inconveniente; al contrario, eso fortalecería a la empresa pública, pero exige tener una fuente de financiamiento del gobierno distinta de la renta petrolera.”

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El Senado será el primer gran escenario del encontronazo de posiciones sobre la reforma eléctrica, pero el debate traspasará sus muros. Según los panistas, Manuel Bartlett –el nacionalista a ultranza– es el gran obstáculo para el cambio. Para algunos priístas y algunos perredistas, el viejo lobo de mar representa la esperanza de frenar la tendencia mundial de abrir las compañías eléctricas al capital extranjero. Pero incluso en el PRI hay fisuras, como el senador Demetrio Sodi, partidario de los esquemas de inversión privada.

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El PAN y el PRI hicieron algunos amarres sobre la reforma laboral, pero nada está escrito. Sindicatos y empresarios tendrán que ratificar los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo impulsadas por la Secretaría del Trabajo, mientras que el PRD y el propio PRI tendrán fuertes presiones de la clase obrera. Todos saben que deberá resolverse la oposición de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que amenaza con provocar grandes movilizaciones sociales.

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Hay más posibilidades de llegar a acuerdos en los temas políticos: reelección de diputados, ampliación de los periodos de sesiones, disminución de legisladores, referéndum, plebiscito. Y es que, eminentemente, los diputados son… políticos.

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