Legítima modernización del trabajo

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Arturo Alcalde Justiniani

El actual modelo laboral mexicano requiere de una transformación a fondo. Sus normas, y sobre todo sus prácticas, generan una constante inconformidad de los trabajadores y de la pequeña y mediana empresas. Las condiciones de trabajo se precarizan crecientemente, y la mayor parte de los sindicatos, en lugar de ser fuente de apoyo para sus miembros y para el desarrollo de las empresas, se han convertido en simples instrumentos de control con crecientes grados de corrupción.

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Por su lado, el gobierno interviene excesivamente en los procesos laborales, fomentando simulaciones y formas autoritarias, entendiéndolas como males necesarios, ahogando la transparencia y la responsabilidad que deben compartir con los factores de la producción, características de un sistema laboral moderno en un entorno de creciente globalización.

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Los acuerdos generados en el llamado diálogo obrero-empresarial, a la luz de la nueva cultura laboral, han demostrado su agotamiento en virtud de la ausencia de propuestas orientadas a los problemas de estructura del mundo laboral, así como a la falta de credibilidad en quienes se ostentan como representantes de los sectores.

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En los últimos 15 años se han venido generando propuestas de cambio, en los foros profesional, y legislativo. Las sugerencias no se limitan al contenido de la ley, ya que ésta, siendo importante como marco general, no abarca la integridad del modelo de relaciones laborales. Se propone, en suma, conciliar la libertad de organización gremial con la responsabilidad productiva, la flexibilidad en las condiciones de trabajo con la participación bilateral, y la productividad y necesaria competitividad de las empresas con la distribución de sus beneficios con los trabajadores.

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Un primer grupo de propuestas se vincula a la política económica, relacionada con el mundo laboral, especialmente en materia de empleo y salario. Todas coinciden en la necesidad de otorgar mayor apoyo a la generación de empleos no sólo en cantidad sino también en calidad. Para ello se plantea la necesidad de contar con un modelo de desarrollo que favorezca cadenas productivas, entre el sector moderno de la economía y la pequeña y mediana empresas, tomando en cuenta que son éstas las principales generadoras de empleo y a su vez las más afectadas por la política fiscal y la apertura comercial indiscriminada vigentes. En materia salarial se sugiere una política tendiente a mejorar la remuneración de los trabajadores, no sólo por razones de orden social o solidario, sino porque la existencia de un mercado interno fortalecido es pieza clave para lograr mayor inversión en las empresas que orientan su producción al mismo.

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Un segundo grupo de propuestas se orienta al contenido de la ley laboral, buscando que ésta favorezca la concertación en el seno de las fuentes de trabajo, a través de la contratación colectiva tanto a nivel de empresa como de rama industrial. No se trata de reproducir la experiencia de los contratos-ley, sino de llegar a acuerdos sectoriales mínimos que sean complementados con las condiciones particulares de las empresas. Estos favorecerán un uso adecuado de los recursos humanos y evitarán la reducción constante de las condiciones de trabajo por vía de la competencia extrema. La experiencia de los países productivamente exitosos en el mundo acreditan esta necesidad. Es común compararnos con ellos de manera parcial, por ejemplo en materia de apertura comercial; sin embargo, en materia laboral nos resistimos a aprender de sus enseñanzas, particularmente de aquellos que involucran al sector laboral en los acuerdos que tienen que ver con la política económica, el papel del Estado y la necesidad de mejorar los niveles de competitividad. En nuestro país se carece de una negociación colectiva sustentada en representaciones legítimas, por lo que los acuerdos carecen de la posibilidad de ser instrumentados en la vida cotidiana del trabajo.

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Se propone que la participación de los trabajadores sea liberada de los actuales controles. La mayor parte de las propuestas coinciden en la necesidad de un registro libre de sindicatos y de sus directivas, el respeto a la autonomía de los sindicatos frente a partidos políticos, gobierno y empleadores; voto secreto para elegir a los representantes, transparencia en materia de cuotas sindicales y régimen patrimonial en los gremios, y la existencia de un registro público de asociaciones gremiales y de contratos colectivos que se mantienen secretos, conocidos como “de protección”, situación en la que se encuentran el mayor número de empresas en nuestro país. En general, se reclama mayor firmeza frente a las complejas formas de corrupción sindical, toda vez que se ha llegado al convencimiento de que éstas son un obstáculo para transitar hacia la modernización requerida. En suma, son parte del problema y no de la solución.

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La organización legítima e informada de los trabajadores es la vía más corta hacia una concertación madura de las condiciones de trabajo. Hasta hoy, en la contratación colectiva de trabajo, tanto en su inicio o firma, como en su revisión e incluso en su terminación, poco tienen que ver los trabajadores, a pesar de que son los vinculados al proceso productivo. En un esquema de contratación colectiva moderna, es posible adecuar las reglas generales de la ley en materia de tiempo e intensidad del trabajo, de descanso, adscripción, promoción y el tema tan discutido de la estabilidad laboral o formas de contratación, a los requerimientos específicos del centro laboral, a su tecnología, a las necesidades de los trabajadores y a los complejos comportamientos del mercado. Un aspecto fundamental de la concertación legítima es la prioridad que suele otorgar a la formación profesional constante. En ella, trabajadores y patrones ven cumplidas buena parte de sus recíprocas pretensiones: vivir mejor, lo que reclama estar capacitado para producir mejor. Asimismo, suele favorecer la previsión social mediante la creación de fondos colectivos complementarios en los eventos futuros e inciertos de: retiro, muerte o enfermedad, o incluso para generar proyectos difíciles de solventar en el plano individual, tales como el de la habitación y la adquisición de bienes de consumo popular.

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Justicia laboral eficiente
Un tercer grupo de propuestas reclaman una justicia laboral más eficiente, autónoma y profesional. Para ello, se sugiere revisar la ficción del tripartismo, que hoy existe tanto en los tribunales de trabajo e instancias de seguridad social, como en materias tan importantes como el reparto de utilidades. Se propone otorgar un carácter profesional a estos órganos que garantice su desempeño eficiente ajenos a compromisos de orden personal o político.

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Atendiendo a la experiencia internacional se sugiere fortalecer las áreas administrativas, de conciliación y prevención de los asuntos laborales, a fin de evitar juicios innecesarios que sólo generan desgaste y costos excesivos al erario. Por lo que se refiere a los tribunales, se propone la existencia de jueces debidamente capacitados y remunerados para que con neutralidad y eficiencia resuelvan los conflictos que no hayan logrado solución en las etapas previas. Hasta hoy, las autoridades laborales responden más a una lógica gubernamental de control corporativo y de lenta resolución, que a una política de servicio a los factores de la producción.

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En materia de reparto de utilidades y determinación del salario mínimo, se considera que tales funciones deberían ser determinadas por los órganos vinculados a la política económica, como podría ser un instituto especializado dependiente de la Cámara de Diputados.

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Sin duda, el obstáculo más importante hacia una reforma moderna de las relaciones de trabajo son los intereses creados, partiendo de la falsa consideración de que un cambio traería inestabilidad o desorden. En los sectores conservadores resistentes al cambio, se parte también de la premisa de que los empresarios y los trabajadores no tienen la madurez y capacidad para concertar libremente sus intereses. Sin duda, también temen el cambio aquellos que han logrado un ventajoso negocio personal en las costumbres vigentes. Sus intereses no pueden ser más importantes que los de la sociedad que reclama empresas fuertes y competitivas, equidad salarial, condiciones de trabajo racionales y mejor vida personal y familiar.
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Arturo Alcalde Justiniani
es asesor de sindicalismo independiente

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