Ley Helms-Burton <br>Entre la Demagogía

Sean cuales fueren los intereses que han llevado al gobierno del norte a promulgar esta ley, para al

A escasos 15 días de que la ley Helms-Burton entre en acción, proliferan las opiniones acerca de los alcances, perjuicios, atentados al derecho internacional, discriminación e inconsecuencias que ésta implica.

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A riesgo de repetirse, no está de más detenerse en algunos de estos innumerables decires. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de tal legislación? ¿El interés por sacar del camino a empresas extranjeras que operan en Cuba y evitar así una maciza competencia para las estadounidenses cuando ese país transforme su régimen político? ¿Es sólo un “gancho” electorero, tanto para demócratas como para republicanos, frente a las inminentes elecciones presidenciales, para rescatar votos de la población latina y específicamente de la cubana, ya ciudadanos estadounidenses? ¿O se trata en verdad de lo que la ley explicita: “Apoyar al pueblo cubano a restablecer su libertad; reforzar las sanciones internacionales en contra del gobierno de Castro y proteger los derechos patrimoniales en el extranjero de los nacionales de Estados Unidos, afectados por las confiscaciones ocurridas a raíz de la revolución cubana”?

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Por otra parte, muchos se preguntan por qué Estados Unidos pasa por alto que la ley vuelve contra él a algunos de sus socios comerciales y, aún más, a los que le une un acuerdo comercial importante, como son México y Canadá.

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También conviene detenerse en la ignorancia que hasta el cierre de esta edición existía sobre el reglamento o la forma de aplicación de esta ley. ¿Obedece a una estrategia del gobierno estadounidense para que los afectados no tengan tiempo de defenderse? ¿Realmente aún no está establecido dicho reglamento o ya lo conocen las autoridades y los afectados, como veladamente lo sugirió a EXPANSIÓN el presidente de Coparmex, Carlos Abascal? ¿Saldrán perjudicados sólo aquellos inversionistas extranjeros que operan en activos confiscados a estadounidenses o cubano-estadounidenses, luego del triunfo de la revolución en la isla? ¿O también peligran quienes comercian en dicho territorio, ya sea como exportadores o importadores?

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Los dimes y diretes confluyen, se contraponen, se bifurcan. Mientras muchos sostienen que Estados Unidos, históricamente, nunca ha perdido un embargo económico como el actual —y recuerdan el ejemplo contra el gobierno sandinista—, no son menos los que, como el empresario y senador panista, Mauricio Fernández Garza, declaran que sólo Cuba ha resistido a los embates de la Unión Americana. Si algunos señalan que a ésta le importa sólo el aspecto comercial y que, más allá de que la ley hoy le sirva como plataforma electoral, una vez superadas las elecciones, el candidato triunfante neutralizará los efectos de la medida—y, por ahí, hasta puede dejarla sin efecto—, otros piensan que William Clinton podría adelantar su puesta en marcha para asegurar su reelección.

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También se habla de la Helms-Burton como un precedente peligroso y que, si no se hace algo contra ella, en cualquier momento el país del norte podrá decidir una nueva ley que, ahora sí, afecte a muchas otras naciones y en mayor grado a las ya afectadas.

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Ya hay, empero, algunas verdades tajantes: la aplicación de esta ley extraterritorial, según la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (Coppal), podría perjudicar a 133 asociaciones empresariales y comerciales de 28 países y frenar alrededor de otras 130. Además, a diferencia del embargo a Cuba decretado por el ex presidente John F. Kennedy en 1962, ahora el -ejecutivo estadounidense trasladó al Congreso su eventual levantamiento, despojándose de su prerrogativa.

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La obvia incertidumbre que crean todas estas conjeturas también se desplaza a México, aun cuando sólo una empresa —Domos— había sido hasta ahora notificada y aparentemente otra —Cemex— ya habría puesto de antemano sus barbas a remojar y se había retirado de sus negocios en Cuba (o estaba a punto de hacerlo).

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En cualquier caso, esta revista quiso adentrarse en las repercusiones, reales y potenciales, de la ley en territorio azteca; en la cantidad de empresarios que se podrían encontrar en su mira y en lo que hacen el gobierno y los líderes empresariales para defender a los posibles afectados.

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México, en primer lugar
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Cabe destacar que en la isla hoy día invierten más de 650 compañías extranjeras de más de 50 países, lo que totaliza una cifra por encima de los $2,100 millones de dólares, según la Coppal. Y, lo más sugestivo, los empresarios mexicanos ocupan un gran primer lugar, con un monto de $780 millones de dólares de inversión (un tercio del total), seguido por los de Canadá y de España. Estos datos también son refrendados por el organismo latinoamericano.

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Sin embargo, reina el hermetismo cuando se trata de conocer la cantidad de empresas mexicanas que operan en la isla. El presidente de Coparmex, por ejemplo, sólo señala que son “pocas empresas” y fundamenta esta suerte de ostracismo: “El decir la cantidad puede tener implicaciones y yo no quiero perjudicar a nadie”; ante la insistencia, ejemplifica: “La empresa A está en venta y hay cuatro posibles compradores... usted, como periodista, sabe quiénes son y lo publica y con eso echa a perder las negociaciones que se llevaban a cabo, la empresa no se puede vender, quiebra, cierra y despide a 2,000 trabajadores... Hay muchísimas circunstancias en la vida de las empresas, como en el caso de esta ley, que se deben tratar con extrema -confidencialidad, para salvaguardar sus legítimos intereses”. Ni siquiera accede a referirse a las que están afiliadas a su cámara: “Hay algunas, pero el dato es irrelevante; aunque se tratara de una microempresa actuaríamos de igual manera” (es decir, en contra de esta ley).

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Por su parte —y aunque no accedió a ser entrevistado directamente por EXPANSIÓN—, a cuestionamientos de otros medios, Jaime Zabludovsky, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales e Inversión Extranjera de la Secofi, aceptó vagamente que hay unas 200 empresas nacionales con inversiones en Cuba.

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En cambio, Mauricio Fernández Garza —el primer empresario mexicano en invertir en la isla en el ramo textil— declara que sólo en Monterrey hay tal vez más de 200 empresarios, de todos tamaños, que han puesto parte o todo su capital en el territorio caribeño. La Coppal sostiene que las empresas mexicanas más importantes allí —estatales, privadas y mixtas— suman alrededor de 20, aunque advierte que se trata de una lista parcial.

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En 1993, según Canacintra y Bancomext, unas 200 empresas nacionales tenían algún tipo de negocios en Cuba. Entre las más relevantes se señalaban a IUSA, Cemex, Domecq, Telecomunicaciones Internacionales de México, International Textile -Corporation y Corporación Internacional Comercial.

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Apoyo e incertidumbre
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En todo caso, sea cual fuere la cantidad de inversionistas y los verdaderamente perjudicados con la Helms-Burton, ¿qué han hecho el gobierno y las cámaras empresariales por defenderlos o para preparar su defensa, si ésta desgraciadamente se precisara en algún momento?

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A primera vista, según se desprende de ciertas declaraciones, la cosa no pinta nada bien. Sí, porque hace algún tiempo el presidente Ernesto Zedillo opinó que no existía recurso legal para oponerse a la ley y que eso sólo dependía de Estados Unidos. Posteriormente, durante su viaje a Canadá, a la pregunta de por qué no se adoptó una posición conjunta más firme con ese país para enfrentar la ley, el secretario de Comercio Herminio Blanco señaló: “Nuestra relación con Estados Unidos es mucho más que esto” (las consecuencias de la ley) y a continuación expuso que las exportaciones a esa nación habían crecido en más de 50% y que, en general, el intercambio comercial entre ambos países era vigoroso.

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Sin embargo, y ya en tierra derecha, aparentemente el gobierno —“con la absoluta participación del sector -empresarial”, según Abascal— está haciendo lo suyo, o lo que cree correcto. En síntesis, en el plano internacional ha colaborado fuertemente a crear una corriente de opinión contra la ley, al llevar su protesta oficial como país ante diversos organismos comerciales y políticos (léase OCDE, OMC, OEA, entre otros); en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), conjuntamente con Canadá, primero solicitó consultas al amparo del artículo 20 de este convenio y, luego, decidió congregar a la Comisión de Comercio de América del Norte —sin esperar la respuesta estadounidense sobre una plática -trilateral— para dilucidar allí los mecanismos que se podrían implantar con el fin de contrarrestar los efectos de la Helms-Burton.

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En el ámbito doméstico, por estos días el ejecutivo estaría dando término a un proyecto de ley “antídoto”, que enviaría directamente al Senado para su aprobación. Asimismo, tanto Secofi como Bancomext han manifestado públicamente que se encuentran prestos a atender todas las peticiones de los inversionistas mexicanos que, presunta o realmente, se sientan afectados por la ley.

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De hecho, Enrique Vilatela, director general de Bancomext —quien tampoco accedió a ser entrevistado por EXPANSIÓN— señaló a otro medio que los inversionistas se pueden defender “en primer lugar, diferenciando entre cuándo están comerciando y cuándo están operando con bienes confiscados”. Expresó que los primeros no tienen por qué preocuparse y que para los segundos, “de manera adicional a lo que el gobierno hace en el marco del TLC, estamos tomando una serie de medidas legales que les permitirá disminuir o eliminar el riesgo”. Cabe destacar que, según Vilatela, esta institución apoya con créditos a empresas mexicanas — tanto exportadoras como a algunas que participan en Cuba, en diversos rubros— “por un monto inferior a $1 millón de dólares” porque, dice, son empresas pequeñas. No indicó, en todo caso, a cuánto asciende el apoyo a las más grandes que operan en la isla, entre ellas Cemex y Domos.

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En los últimos años de los 80, en todo caso, Bancomext promovía la inversión mexicana en Cuba, para ir reduciendo la deuda de $300 millones de dólares que dicha nación tenía con México. Posteriormente, el esfuerzo fue retomado por la Canacintra.

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Que los árboles permitan ver el bosque
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Sin embargo, la confianza expresada por Vilatela no es compartida por todos e incluso aquellos que sólo exportan a la isla cobijan cierta incertidumbre. Por otro lado, aun con el apoyo ofrecido, para algunos pesa más el que todavía no se conozcan los verdaderos procedimientos de la ley y se preguntan si se está actuando a tiempo o ya es muy tarde para reaccionar. Además, hay contradicciones sobre la mejor forma de defenderse.

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Respecto de esto último, mientras Abascal piensa que los intereses económicos en juego deben defenderse a toda costa, dentro de un marco legal, “porque de lo contrario llegaríamos a un esquema de ojo por ojo y diente por diente, arriesgando la estabilidad mundial”, Fernández opina que ante agresores de tal magnitud hay que actuar, precisamente, “ojo por ojo y diente por diente”.

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Como líder empresarial, Abascal indica que no le recomendaría a nadie que invierta o no, que permanezca o se retire de la isla, porque “cada empresa deberá tener sus herramientas para tomar sus decisiones”. Interrogado sobre si tal vez estas decisiones particulares restarían fuerza a la reacción como país, responde: “Supongamos que una empresa tiene en Cuba intereses de 1% y en Estados Unidos de 99%, y supongamos también lo contrario, ¿cómo va a ser igual la reacción de cada empresa?”

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Por otra parte, se muestra satisfecho con lo que ahora ha realizado el gobierno para defender a los empresarios, percepción que, según él, es compartida en general por todas las cámaras empresariales. “Ha obrado con tino: al mismo tiempo que ha desarrollado una campaña diplomática intensiva para crear una corriente de opinión mundial contra la ley, ha trabajado con las empresas involucradas y prepara un mecanismo legal apropiado”. Dice que no le gusta el término “antídoto” para contrarrestar una ley tan poderosa y extraterritorial; prefiere hablar de un mecanismo que dé un nivel de protección, si bien “no ideal ni total”, porque los términos de la Helms-Burton son demasiado amplios, “como, por ejemplo, el verbo traficar, que puede aplicarse de manera absolutamente discrecional”.

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Aun así, cuando se le cuestiona sobre el procedimiento que tendrá la ley, señala: “éste es uno de los casos típicos en que, aun sabiéndose estos procedimientos, difícilmente podrían darse a conocer de manera extensiva, tanto por parte de los funcionarios mexicanos como de los estadounidenses, porque está en juego el futuro de algunas empresas”.

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No se preocupa el líder patronal por los tiempos que se juegan aquí para la defensa, ante las inminentes -elecciones estadounidenses. “¿Cuándo es tarde y cuándo es temprano? —señala—. Si se ven los tiempos de aplicación de la Helms-Burton, estamos a tiempo. éste es un problema tan específico que la opinión pública tiene que saber que se hace lo necesario para contrarrestar esta flagrante violación al derecho internacional, y que se está haciendo a tiempo”. Pero tampoco desdeña el supuesto de que Clinton, en el proceso de su campaña electoral, se vea obligado a empezar ya con la aplicación formal de la ley.

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Añade, en este mismo sentido que, contra cualquier supuesto, a los estadounidenses les preocupa echarse contra sí a sus socios comerciales y, por lo mismo, muchos se oponen a la ley. “Están maniobrando para satisfacer sus necesidades políticas internas sin llegar a la ruptura con sus socios, y a lo mejor el cálculo les sale si logran hacer coincidir las fechas”.

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Puntualiza, finalmente, que no se está ante un juego de niños sino ante la primera potencia del mundo. Y, según esto, opina que hay que atacar el problema con vigor e inteligencia, sin perder la perspectiva como país: “Ojo, México tiene su propia transición económica, política y social; debe hacer su propia reforma interna, estructural, para sentar las bases de un desarrollo sostenido mediante la creación de una economía de mercado con responsabilidad social, de una democracia -participativa y representativa a través de una gran reforma de la educación”. Luego advierte: “No vaya a suceder que, distraídos en este importante problema, dejemos de ver todo lo que nos falta hacer como país”. Ciertamente, no hay que perder de vista la dimensión de los problemas.

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