Los 3 poderes de tu empresa

El gobierno puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Aprende a manejarlo.
Carlos Mota*

En diciembre de 2002 la Cámara de Diputados aprobó una ley de ingresos y un presupuesto de egresos para 2003 que generó una de las controversias más acaloradas en la historia reciente de la industria de salas de exhibición cinematográfica. Sin consultar a las empresas participantes, los legisladores aprobaron un impuesto que las obliga a entregar un peso al fisco por cada boleto de cine que vendan.

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El propósito del subsidio consiste en entregarlo al Instituto Mexicano del Cine, a fin de impulsar la producción de películas mexicanas de creadores con pocos recursos. La medida irritó a los directores de las cadenas líderes de esta industria, pues tendrían que reflejar el gravamen con un incremento de precio significativamente mayor a un peso, en detrimento de sus clientes.

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Su irritación no era gratuita. Las principales firmas han invertido altas sumas de dinero en sus complejos durante los últimos años y ahora deben responder a esta decisión gubernamental.

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¿Ya subió el cine?
Cinemex es ampliamente conocida en el mundo empresarial por el éxito de su novedosa propuesta de negocios y por la forma en que sus fundadores levantaron capital con el banco de inversión JP Morgan a inicios de los años 90. Paradigma de los emprendedores, la firma reaccionó con sorpresa ante la medida: “El daño ya está hecho, ahora hay que trabajar con los consumidores”, comenta Patricia Ornelas, vocera de la agrupación. Para ella, los diputados deberían indagar la forma en que los creadores de la compañía lograron hacer lo que ésta es hoy. “Miguel Ángel [Dávila] no le estiró la mano a nadie”, afirma.

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Tiene razón. A pesar de ello, Alfredo Joskowicz, director de Imcine –la institución gubernamental receptora del dinero que luego destinará a productores mexicanos–, señala que el peso neto derivado de cada boleto no afectará a los consumidores. “No se ocupará para engrosar la burocracia, ni gastos corrientes, ni en comprar Coca-Cola”, dice el funcionario. Si está en lo cierto, veremos florecer una industria cinematográfica nacional que, por ahora, sólo ocasionalmente da origen a algún talentoso director. Todo esto se antoja difícil.

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A pesar del propósito, el desaseo con que se llevó a cabo la aprobación de ese impuesto permite reflexionar sobre la compleja relación que une (y desune) a la iniciativa privada con el gobierno. Con cualquiera de los tres poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo o Judicial– las empresas enfrentan un espectro amplio y difuso de relación.

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Actuando a la mexicana
En países desarrollados, como Estados Unidos, la mayoría de las corporaciones grandes cuenta con una oficina de representación en la capital Washington, dc. A través de ella, los consorcios cabildean en los comités legislativos del Capitolio para que se aprueben leyes que beneficien sus negocios.

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En nuestro país esto es diferente. Primeramente, la relación empresa-gobierno ha sido muy pobremente estudiada. La mayoría de los analistas la observan desde un punto de vista de políticas públicas (como el caso del impuesto al cine), y no desde la perspectiva de la formulación de estrategias empresariales. Craso error. Los ejecutivos mexicanos están perdiendo oportunidades por considerar los vínculos con el gobierno como un mal necesario.

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El propósito de una estrategia competitiva es incrementar el retorno de las inversiones de la firma, y con ello, su valor. En consecuencia, toda la táctica que decida instrumentar un equipo de directores tiene directa relación con el incremento en el valor total de la compañía. Si consideramos que el gobierno es parte del espectro a través del cual una organización puede vender más, durar más, reducir sus costos, incrementar su posición de mercado o eliminar a los competidores, entonces el vínculo empresa-gobierno debe ser parte del portafolios de cualquier cuerpo directivo serio.

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Que emerja Maquiavelo
El uso estratégico de la relación con el gobierno no es una de las herramientas más utilizadas por los cuerpos directivos en México, pero debería serlo. Las agrupaciones que la utilizan son altamente poderosas frente a sus competidores, pues están habituadas a ser parte de la agenda política: son consultadas, tomadas en cuenta y determinan en buena medida las políticas públicas de acuerdo a los estándares operativos con que trabajan.

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El gobierno debe ser visto como un aspecto más dentro de las variables con las cuales se formulan las estrategias de cualquier corporación. Es desafortunado que muchas cámaras en México utilicen su relación con el Estado sólo para emitir quejas de las carencias gubernamentales en lugar de crear oportunidades para todas las firmas del sector.

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Nicolás Maquiavelo escribió en El príncipe los principios que dominan el ejercicio moderno de la política. Es quizás hora de que las asociaciones de negocios cuenten con un brazo de inteligencia competitiva más ágil, robusto y preparado. Para ello, si no El príncipe, cuando menos deben revisar el famoso libro de Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People. Podría ser el principio de una era un poco más desarrollada de la forma en que se crea valor a partir de decisiones extramercado –aquellas que no tienen que ver únicamente con la compraventa de servicios o productos de la empresa–. Asimismo, proveería las bases para un mejor entendimiento entre ambos mundos: el de la política y el de la iniciativa privada, muchas veces divorciado y pocas veces generador de valor. Sobre esa relación existen tantos prejuicios, que hay que empezar a debatir seriamente para eliminarlos.

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*Carlos Mota es un reconocido columnista de negocios. motacarlos@aol.com.
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