Al igual que otros años posdevaluatorios, 1995 ha presentado características adversas para la industria de la construcción. Aun cuando las causas de las devaluaciones pueden ser diversas, sus consecuencias económicas sobre esta industria tienen efectos negativos similares en todos los casos.
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Un primer efecto tradicional es la reducción en el nivel de inversión, tanto pública como privada, producto de las restricciones presupuéstales en el primer caso y de la posposición de proyectos, disminución de las ventas y altos costos de financiamiento, en el segundo.
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Otro efecto recurrente es el incremento desproporcionado en los precios de materiales e insumos para la construcción, producto de aumentos en los costos de producción de los fabricantes. Por último, el alza en el costo de financiamiento resultado de la incertidumbre financiera y las restricciones al crédito dificultan la inversión privada y, en la situación actual, su efecto es más dañino, pues se está dando un gran giro en la concepción de los proyectos y su forma de financiamiento, recayendo este último en gran medida sobre el empresario constructor. La consecuencia directa e inmediata es la descapitalización y el cierre de empresas constructoras.
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Un balance oscuro. Al primer trimestre del presente año, el sector construcción sufrió una caída de 7.3% en el Producto Interno Bruto (PIB). La tasa de desempleo abierto registrada en esta rama durante el mes de febrero fue de 7.4%. En términos generales, el balance que presenta la industria de la construcción es el siguiente: caída drástica en el nivel de producción, en el consumo y la compra de materiales, disminución sustancial en el índice de actividad de las empresas y en el grado de utilización de la capacidad instalada, así como gran cantidad de recortes de personal.
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Ante este panorama, el reto que se le presenta al constructor es de gran magnitud. En épocas de crisis, se presentan momentos oportunos para reflexionar sobre ciertos factores que inciden en forma importante sobre la evolución del sector, para promover la permanencia de aquellos que la benefician o la modificación de los que la perjudican.
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Mucho se ha hablado de las debilidades estructurales de la economía mexicana. Los factores principales que la afectan de manera recurrente son la debilidad del sector exportador y el escaso monto de ahorro interno. En relación con el primero, la construcción siempre ha sido considerada una industria nacionalista, ya que tradicionalmente el componente importado de los insumos que utiliza en sus procesos es relativamente bajo. Empero, esta visión es errónea, ya que para obtener realmente un superávit comercial en este campo no se requiere evitar las compras de materiales y equipos extranjeros, puesto que existen razones para justificarlas debido a factores de precio, calidad, oportunidad, volumen o simplemente de inexistencia en el mercado nacional. Lo benéfico sería tener una actitud más agresiva hacia los mercados externos, apoyada por una política e instituciones de fomento a las exportaciones.
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En este mismo campo, es importante promover una política de inversión e infraestructura a largo plazo, que considere que los costos de los bienes de un país no dependen exclusivamente del costo de los materiales y de la mano de obra, sino también del costo de transportar los productos del lugar en que se producen a los diversos centros de distribución y de consumo. Una infraestructura en puertos y aeropuertos y una red de carreteras y de ferrocarriles eficientes y seguras es indispensable para integrar regiones aisladas al desarrollo económico, fortalecer el desarrollo regional y fomentar la desconcentración de la población y de la actividad económica.
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Construir en contra de la marginación. Otro de los grandes retos que enfrenta el empresario constructor es el de superar el alto nivel de marginación social que presenta la población mexicana.
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De los cuatro factores que definen la marginación -nivel de ingreso, nivel educativo, acceso a una vivienda digna y localización geográfica-, los dos últimos están íntimamente relacionados con la industria de la construcción.
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Habitar una vivienda digna favorece la integración familiar, crea un clima educacional favorable para los educandos, reduce las tasas de morbilidad -incidencia de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias- y favorece la participación en el consumo de bienes culturales y el acceso a los sistemas de información y entretenimiento modernos.
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Por tal razón, se deben realizar las modificaciones necesarias al marco legal que fomenten la inversión en vivienda, modificar las estructuras y el funcionamiento de los organismos de vivienda, destinar mayores recursos económicos y crear los instrumentos necesarios para disminuir el número de viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni excusado, con piso de tierra, sin energía eléctrica, con algún nivel de hacinamiento y ubicadas en municipios de menos de 5,000 habitantes.
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En este campo se presentan grandes oportunidades para el empresario constructor y para la actividad de la construcción en general. Ahora es el momento de que en la décima economía del mundo, la mexicana, se resuelvan definitivamente problemas de antaño, para así lograr un crecimiento económico y social con bases sólidas y una mayor equidad en la distribución de la riqueza, puesto que está demostrado que la posesión de una vivienda es un factor determinante para la capitalización de la familia y, por lo tanto, de la sociedad y del país.
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El autor es economista y analista especializado en la industria de la construcción