Los financieros. Avanza la extranjerizac

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Maricarmen Cortés

La autora es licenciada en periodismo especializada en temas financieros. Actualmente es columnista del diario -Excélsior

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A fines de este mes se cumple un año de un hecho que sorprendió al medio financiero mexicano: la decisión de Bilbao Vizcaya —el banco más grande de España y 10o de Europa— de invertir $350 millones de dólares para adquirir el control accionario del Grupo Financiero Probursa, al incrementar su participación accionaria de 20 a 70%.

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La decisión sorprendió por cuatro motivos. Primero, por la crítica situación del sistema bancario, que hace justamente un año se encontraba en su peor momento. Segundo, porque fue el primer banco mexicano en convertirse en filial de un extranjero, en el marco del Tratado de Libre Comercio y de las reformas legales que entraron en vigor en 1995 para alentar la inversión extranjera. Tercero, porque los españoles exigieron como condición que el gobierno apoyara a los bancos con compra de cartera vencida, de la misma forma en que se ha hecho en otros países con graves problemas de morosidad. Y cuarto, porque Probursa, que en este mes cambiará su razón social a BBV, está presidido por el mismísimo presidente de la Asociación de Banqueros de México: José Madariaga Lomelín.

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Entre las preguntas que surgieron con la operación Probursa-BBV estaba la de qué sucedería con el resto de la banca mexicana, y si era la extranjerización el mejor camino a seguir.

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Habría que señalar que, a un año de distancia, sólo hay otro banco mexicano que se ha convertido en filial de un extranjero: Inverlat, presidido por Agustín Legorreta, cuyo control accionario pasó a manos del banco canadiense Nova Scotia, en un esquema que no fue tan favorable para los accionistas mexicanos como lo fue en el caso de Probursa.

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A diferencia de éste, donde los accionistas mexicanos encabezados por Madariaga permanecieron como socios de 30% del capital, con la opción de incrementar su participación, en el caso de Inverlat —el cuarto banco en tamaño del país—, Nova Scotia exigió un esquema muy conocido en Estados Unidos y Canadá: la división de los activos en un banco bueno -(good bank) y un banco malo (bad bank). Esto significa que parte de los activos de Inverlat —básicamente cartera vencida y créditos en problemas— son traspasados a un fideicomiso que permanece en manos mexicanas y del Fobaproa, mientras que el -good bank pasa a control (55%) de los canadienses. Los accionistas mexicanos, encabezados por Agustín Legorreta, pueden incrementar su tenencia accionaria, sin exceder 45%.

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El tercer banco donde se duplicó la inversión extranjera, aunque sin llegar a convertirse en filial, fue Bital, de Antonio del Valle, la institución más agresiva en materia de captación tradicional, al no cobrar la mayoría de sus servicios, abrir diariamente de las ocho a las 19 horas y mantener una vertiginosa apertura de sucursales (contando ya con una red superior a las 800).

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Del Valle logró que su socio, el también español Banco Central Hispanoamericano (BCH), incrementara su participación accionaria a 20%, y que el Banco de Comercio de Portugal adquiriera otro 20%. Así, Bital continuó como banco mexicano, con el porcentaje máximo de capital extranjero total que permite la ley y que es de 40%.

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El cuarto caso es Bancomer, el segundo banco del país, que vendió en $350 millones de dólares el 16% de su capital a Bank of Montreal.

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Este año, Serfin anunció ya que también se asociará en forma -minoritaria —no más de 20%— con un grupo extranjero y que, en una primera etapa, obtendrá un crédito puente con el objetivo de esperar a que mejoren las condiciones del mercado y no tengan que abaratar el precio de sus acciones. Como ya se sabe, la institución holandesa ING le abrió una línea de crédito de $500 millones de dólares.

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En días recientes se ha ventilado, también, la posible compra de 49% de Banco Mexicano por parte de Bank of Boston.

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¿Hasta donde llegará este proceso de extranjerización? Evidentemente la banca sigue requiriendo de capital. Pero hay un límite establecido, no por el gobierno mexicano, sino por el TLC, que impide la participación extranjera mayoritaria en los tres grandes bancos del país, porque en conjunto los inversionistas foráneos no pueden tener más de 8% del sistema bancario mexicano.

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