La banca comercial vive un proceso de reconversión en torno al cual el gobierno ha delimitado las restricciones de su apoyo. Una de ellas es que el gasto público no será un paliativo contra las secuelas de la crisis. Por su parte, los acreditados no cumplen con sus obligaciones y los banqueros no extienden nuevos créditos.
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Doce de las 18 instituciones crediticias privatizadas hace cuatro años, se encuentran apuntaladas con recursos públicos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Al cierre de abril de 1996 el gobierno habría comprado cartera bancaria por más de $80,000 millones de pesos —el equivalente a 70% de la deuda interna pública de México—. Por si eso fuera poco, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda revelan un endeudamiento extra del sector empresarial con la banca extranjera por $29,000 millones de pesos.
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En esta crisis no valió ni la experiencia ni el capital. Todos perdieron: los grandes, cuyas carteras vencidas han crecido a velocidades impresionantes en los últimos 15 meses, y los pequeños, que en muchos casos se ven amenazados con desaparecer del espectro financiero. Los reveses alcanzaron también a los más experimentados, viejos banqueros que conocían el negocio del crédito y que ahora están poniendo en manos de inversionistas extranjeros el patrimonio de toda su vida.
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Hasta hoy, 90% de las utilidades obtenidas por los bancos privados han sido reinvertidas en la modernización de instituciones que no lograron madurar el cambio y siguen siendo ineficientes. Aun cuando menos de 10% de las ganancias obtenidas a partir de 1992 se haya distribuido entre los dueños, las acciones que compraron a dos, tres, cuatro y hasta seis veces su valor en libros, no -alcanzan siquiera el precio en el que se ubicaban entonces.
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El sistema de pagos y la conducción de los bancos, que con Carlos Salinas de Gortari se ofreció mantener permanentemente en manos de mexicanos, cobra sesgos poco atractivos para los nacionales.
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Apenas semanas atrás la Cámara de Diputados aprobó un paquete de modificaciones a diversas leyes fiscales donde uno de los ejes de la controversia fue el llamado “secreto bancario”. El compromiso que asumen todas las instituciones de crédito de no otorgar información a las autoridades sobre sus clientes se convirtió en un mito más del -neoliberalismo financiero. Los banqueros deberán dar información sobre sus clientes, con lo que se evitará —argumentan— la práctica de los autopréstamos, y que permitirá al Fobaproa tener en su poder casi 50% del capital social del sistema.
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La nueva banca no significa aún demasiado en este proceso. Unas 20 instituciones de crédito fueron autorizadas a partir de 1993, pero representan apenas 4% del mercado, tienen una cartera cercana a $16,100 millones de pesos y sus créditos vencidos son inferiores a 5%. Banqueros, gobierno y especialistas ofrecen su visión sobre una misma realidad.
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El balance de 1995 del sistema bancario mexicano confirmó su grave situación, que es fundamental en la crisis económica que vive el país. El que sólo los bancos nuevos y extranjeros hayan registrado utilidades indica que la crisis de los bancos antiguos no se debe sólo a la devaluación, sino que también responde a problemas anteriores a diciembre de 1994. Resolverlos resulta esencial en la estrategia gubernamental, pues existe la convicción de que sólo haciéndolo quedará atrás la etapa crítica de la economía nacional. Sin embargo, el sistema bancario es piedra angular en un círculo vicioso: resulta imprescindible solucionar el problema bancario para reanudar el crecimiento, pero, sin la reanudación del crecimiento parece imposible solucionar el problema -bancario.
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El pasado llama a cuentas
-Para la banca comercial, 1995 fue el peor año en mucho tiempo. Después de iniciada la reforma al sistema financiero en 1988, la expansión del crédito aumentó hasta finales de 1994 a un ritmo superior a las posibilidades reales de absorción que tenía la economía. El deterioro en la calidad de la -cartera de crédito fue creciente y el índice de morosidad alcanzó niveles sin precedentes desde la estatización bancaria.
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Uno de los orígenes de esta situación está en la privatización de los bancos —que a través del tiempo ha mostrado sus -deficiencias, a pesar de que en su momento fue calificada como ejemplar—, en la que se privilegió el precio ofrecido por los postulantes antes que sus capacidades y la solvencia para administrar un tipo de empresa estratégica para el desarrollo del país.
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Recuperar lo más pronto posible lo que pagaron por ellos, llevó a muchos dueños de bancos a, entre otras cosas, buscar ganar mercado mediante una política agresiva de colocación de créditos, pese a que, como quedó demostrado, la -intermediación bancaria es un negocio que exige mucho cuidado, es de largo plazo y requiere de experiencia.
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Por otra parte, en el periodo en el que la banca estuvo en manos estatales, y al ser el gobierno uno de sus principales clientes (los recursos que se destinaban a las -empresas eran escasos), hubo pérdida de destreza a la hora de otorgar préstamos porque no se consideraba fundamental hacer análisis minuciosos previos —además de malos manejos en algunos bancos y la ya mencionada expansión crediticia.
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La devaluación de diciembre de 1994 puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema bancario. Muchas instituciones que tenían una administración aceptable comenzaron a tener problemas. Pero no todos los bancos se encontraban entonces al borde de la quiebra en 1994. Se estima que en un ambiente de crecimiento económico y estabilidad financiera, algunos de los intermediarios con problemas hubieran enderezado el camino. No obstante, la crisis económica los llevó a su precaria situación actual.
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Eso ha servido como argumento en favor de que el gobierno les proporcione apoyo a pesar de que no tiene los recursos suficientes para hacer lo mismo con todos los demás sectores. El sistema bancario recibe ayuda debido a su papel estratégico. Muchas empresas, y aún sectores, pueden desaparecer, pero las consecuencias serían más graves si el sistema bancario dejara de funcionar.
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Así las cosas, en 1995 se estableció una costosa estrategia de apoyo al sistema bancario que comprende varias acciones, a saber:
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* Protección al ahorro. Para evitar, en la medida de lo posible, que la desconfianza acerca de la disponibilidad de dólares llevara a los depositantes de moneda extranjera en la banca nacional a retirar sus fondos masivamente, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) abrió una ventanilla mediante la cual se otorgaron a los bancos créditos por cerca de $3,800 millones de dólares —los cuales fueron pagados por éstos en un periodo relativamente corto—.
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* Capitalización. Los efectos de la -devaluación del peso, así como las exigencias de creación de reservas, dificultaron a los bancos alcanzar el nivel mínimo de capitalización de 8% recomendado por los acuerdos de Basilea, Suiza, y exigido por las autoridades mexicanas. Para cumplir con estos requisitos se creó el Programa de Capitalización Temporal -(Procapte), dependiente del Fobrapoa, a través del cual las instituciones adquirieron obligaciones subordinadas de conversión forzosa en capital. El Procapte llegó a cubrir $6,500 millones de pesos, beneficiando a cinco instituciones, de las cuales tres ya habían cubierto su apoyo al finalizar 1995.
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* Compra de cartera. Una de las acciones más relevantes fue la decisión de que el Fobrapoa comprara cartera a los bancos, con el compromiso de que los accionistas capitalizaran la institución: como regla general, la compra de un peso de cartera implicaba dos pesos de capital. De acuerdo con cifras oficiales, el incremento del capital mediante este mecanismo fue de casi 88% en relación con el monto que se tenía al finalizar 1994.
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* Mayor liquidez e interés real. En abril de 1995 se instrumentaron las Unidades de Inversión (UDIs) con el fin de disminuir en el corto plazo las tasas de interés que pagan los deudores a los bancos, impidiendo una rápida amortización por el incremento inflacionario. En 1995 se reestructuraron así créditos por $145,000 millones de pesos, de los cuales $55,0000 millones correspondieron a UDIs captadas por los propios bancos y el resto al programa oficial.
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* Fusiones y adquisiciones. Una medida adicional a principios del año pasado fue permitir una mayor participación de las personas morales en el capital de los bancos, eliminándose algunas trabas para que bancos del exterior adquirieran el control de instituciones nacionales. Así, la presencia extranjera en entidades mexicanas avanzó considerablemente en los últimos meses: el Banco Bilbao-Vizcaya adquirió la mayoría de -Probursa; el Banco de Nueva Escocia, la de Inverlat; el Banco Central Hispanoamericano y el Central Portugués ayudaron a la capitalización de -Bital; Texas Pacific y Richard Blum participan en Banco Alianza y recientemente Bancomer vendió 16% de sus acciones al Banco de Montreal.
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* Apoyo a deudores. El 23 de agosto se firmó el Acuerdo para el Apoyo a Deudores -(ADE), que comprende reducciones en los pagos por intereses, condonación de intereses moratorios, topes a las erogaciones que habrán de hacer los deudores por los pasivos reestructurados, treguas judiciales y limitaciones a las garantías adicionales que puedan solicitar los bancos. Al cierre de 1995 el avance fue de más de 70%, lo que significó reestructuraciones para 1.5 millones de créditos aproximadamente. El monto reestructurado superó los $145,000 millones de pesos. Las cartas de intención, por su parte, fueron mayores a lo supuesto en un principio, con 551,000 documentos.
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Todas las medidas anteriores han implicado un importante costo en términos fiscales, el cual se estima en alrededor de $91,000 millones de pesos (incluyendo la ayuda al programa carretero), que en términos reales equivale a cerca de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de 1995.
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Aunque se estableció que el costo fiscal del apoyo a la banca se deberá -repartir en un periodo de hasta 30 años, lo cierto es que el superávit fiscal de 1995 ya se canalizó casi en su totalidad hacia el ADE.
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No obstante, las cifras de los bancos al cierre de 1995 continuaron reflejando la magnitud de la crisis del sector. Sin considerar las instituciones intervenidas por el gobierno, el proceso de intermediación bancaria sufrió un fuerte retroceso, aun cuando a finales de 1995 estaban en actividad 15 instituciones más que en diciembre de 1994. Captación y colocación de crédito cayeron como proporción del PIB, a pesar de que este último se redujo en términos reales en casi 7% con respecto a 1994.
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Los activos productivos bancarios (cartera de crédito total más cartera de valores más deudores por reporte) disminuyeron en términos reales más de 16% durante 1995. Asimismo, la cartera de crédito (vigente más vencida más redescuento) disminuyó casi 32%. Cabe aclarar que en esta cifra ya está descontada la compra de cartera por parte de Fobaproa y las reestructuraciones en UDIs, pues se ubican fuera del balance total de los bancos.
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Adicionalmente, la captación total de la banca (captación directa más interbancaria más acreedores por reporto) también disminuyó más de 15% en términos reales.
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Esto llevó a una recomposición de la cartera de los bancos, en la cual los valores aumentaron su importancia en detrimento del crédito. Al cierre de 1994, la cartera de valores de los bancos -representaba casi 24% del total de activos productivos, en tanto que en diciembre de 1995 dicha proporción se aproximó a 37%. En cambio, la cartera de crédito pasó de representar 80% a 65%.
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Las penitencias por cumplir
-También en la participación del mercado hay cambios. En 1994 los antiguos bancos nacionales tenían 98% de los activos de la cartera de crédito y de la captación; un año después esa proporción bajó a 95%. Lógicamente, esos tres puntos porcentuales fueron captados por los bancos nuevos (nacionales y extranjeros) que a pesar de no tener mucho peso dentro del sistema, aumentaron más su participación, especialmente en la cartera de valores, donde alcanzaron 4% del total del sistema.
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La menor intermediación bancaria estuvo acompañada del creciente deterioro de la calidad de sus activos, lo que se manifestó en el crecimiento de la cartera vencida y del índice de morosidad. Así, a pesar de las compras de carteras y de las reestructuraciones, el crecimiento de la cartera vencida y la disminución en la colocación de crédito (caída de la cartera total), provocaron que el coeficiente de morosidad (cartera vencida / cartera total) pasara, para el conjunto del sistema (sin considerar los bancos intervenidos), de 7.4% al finalizar 1994, a 10.6% en diciembre de 1995.
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Conviene recordar que este índice no contempla la cartera vencida incluida en las compras de cartera por parte del Fobaproa. Además, también se debe tener en cuenta que las reestructuraciones hacen ver a la cartera vencida como cartera vigente, tanto en UDIs (que no se incluyen en el balance) como en reestructuraciones tradicionales.
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Al interior del sistema, los bancos antiguos siguen manteniendo el índice de morosidad más alto: 10.9%. No obstante, los nuevos ya manifiestan su presencia en ese renglón (aproximadamente 2.5%), después de que en 1994 su participación era insignificante.
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Como medida preventiva contra el deterioro de activos, se exigió por parte de la entidad supervisora que se crearan las provisiones con respecto a la cartera total (4%) o a la cartera vencida (60%). En este sentido, al cierre de 1994 la proporción de provisiones respecto de cartera vencida fue de 48% y de casi 70% para 1995, superando la norma establecida.
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El deficiente desempeño bancario se manifestó claramente en los resultados del ejercicio: en su conjunto el sistema de banca múltiple reportó pérdidas por más de $11,000 millones de pesos, lo que contrasta con las utilidades de 1994, superiores a $3,500 millones de pesos.
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Durante 1995, debido a las enormes alzas en las tasas de interés, los ingresos y costos financieros aumentaron mucho para los bancos. Sin embargo, los ingresos se mermaron por la caída en morosidad de muchos deudores, en tanto que los costos —es decir, lo que pagan los bancos a sus depositantes— sí fueron cubiertos en su totalidad.
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Esto redujo el margen financiero en más de 15% en términos reales con respecto al año anterior, aunque todavía fue una suma positiva, ya que el ingreso financiero fue superior al costo financiero. No obstante, dicho margen, que refleja la principal actividad bancaria, se redujo por la necesidad de crear reservas, lo que condujo a que finalmente la utilidad de operación y la utilidad neta fueran negativas, a pesar de que los ingresos netos diferentes a los financieros (servicios, comisiones, cambios, etcétera) crecieron en términos reales.
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Dentro del sistema los resultados fueron desiguales, pero las utilidades de los bancos nuevos y extranjeros no fueron suficientes para compensar las pérdidas de los bancos antiguos. Los primeros alcanzaron utilidades superiores a $2,000 millones de pesos, en tanto que las de los intermediarios extranjeros (incluyendo a Citibank) superaron los $1,000 millones de pesos (la fuente principal de utilidades de los bancos del exterior son los ingresos por servicios: en un año crecieron en más de cinco veces en términos reales, hasta cubrir más de 6% del total del sistema, cuando al finalizar 1994 cubrían apenas 2%).
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Sin lugar a dudas, el presente año será muy difícil para el país en su conjunto y en particular para el sistema bancario. Los programas de apoyo a la banca, si bien han impedido que el sistema nacional de pagos se caiga y que los depositantes pierdan sus recursos por quiebras bancarias, no son garantía de salud para el largo plazo.
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La corrección de la problemática bancaria se sustenta en la estabilidad financiera, la reducción de las tasas de interés y, principalmente, en la reanudación del crecimiento de la actividad económica. Con un entorno volátil, tasas extremadamente altas en relación con los raquíticos flujos de efectivo de los particulares, y sin salir de la recesión, no hay programa de apoyo que resulte adecuado ni gobierno que lo pueda otorgar.
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Además, es necesario que la banca aproveche la recomposición que está sufriendo para que en el futuro sea menos vulnerable a los desequilibrios económicos. Un sistema bancario sólido seguramente -coadyuvaría a salir de las fases recesivas del ciclo económico, en vez de ser objeto de enormes apoyos.