Los petroleros

La solución al conflicto es una buena noticia, pero persiste la división en el gabinete.
Alfonso Zárate

Desde los primeros días del gobierno de Vicente Fox fue evidente la tensión entre dos posturas, dos líneas de acción dentro del gabinete. Una, que proponía cumplir, a cualquier costo, el compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, lo que implicaba llevar ante los tribunales a los grandes responsables de la debacle –los desfalcos al patrimonio público, la extensión de la pobreza, la represión política y la guerra sucia, etcétera–. La otra planteaba mirar hacia delante, construir las condiciones para evitar que se repitieran los excesos anteriores sin que ello provocara la reacción violenta de las aún poderosas fuerzas del pasado, se obstaculizara el ejercicio de gobierno o, peor todavía, se pusiera en riesgo la gobernabilidad.

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El Presidente se ha movido a lo largo de 22 meses entre estos dos extremos. A ratos denuncia los viejos intereses, los señala como responsables de que no se concreten las transformaciones, y otras veces reconoce su “contribución a la democracia” y los invita a cogobernar el cambio.

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El manejo del conflicto con el sindicato petrolero (STPRM) ejemplifica, a un tiempo, ese proceder errático y las presiones no resueltas en su equipo. A lo largo de los primeros dos años, los mensajes de la administración de Fox han sido de cercanía con figuras emblemáticas del viejo corporativismo: Rodríguez Alcaine, Juárez Blancas y otros líderes obreros premodernos han sido los interlocutores privilegiados del secretario del Trabajo, Carlos María Abascal; la celebración del más reciente primero de mayo tuvo lugar en Los Pinos, con las organizaciones priístas del Congreso del Trabajo; las otras –con las que el mandatario suscribió acuerdos como candidato– se quedaron afuera, en la plaza pública.

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Sin embargo, frente a esta postura complaciente con el viejo sindicalismo, el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, se ha propuesto atacar, cueste lo que cueste, la corrupción sindical.

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En su primer momento, el manejo político y jurídico de la gestión presidencial ante el conflicto con el STPRM fue precario, preocupante: las indiscreciones del secretario Barrio, las filtraciones de las investigaciones a los medios, el pésimo manejo del timing político para iniciar el juicio de desafuero contra los líderes petroleros, fueron, entre otros, elementos que contribuyeron a enrarecer el ambiente.

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No obstante, al final la separación de lo laboral –la negociación del contrato colectivo de Pemex– y lo judicial fue inteligente y, sobre todo, eficaz.

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En los días previos al acuerdo Fox empezó a hacer lo que sabe: acercarse a la gente, visitar instalaciones petroleras y desplegar su carisma ante los trabajadores de base; denunciar los intentos de chantaje de la dirigencia sindical; lograr el apoyo del factor externo (Bush y la Unión Europea); crear un clima de opinión pública contrario a una organización gremial tan desprestigiada como la petrolera.

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La Secretaría de Gobernación desplegó todas sus capacidades en una negociación política que incluyó a la dirección nacional del PRI y sus coordinadores parlamentarios, a gobernadores y otros actores clave.

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La exitosa resolución al conflicto laboral –un 5.5% de incremento al salario directo y 1.8% en prestaciones– se ubica dentro de los parámetros de otras revisiones.

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La solución del episodio es una buena noticia, pero de ninguna manera es el final de la historia. La dirección sindical sigue vivita y coleando; el oneroso contrato colectivo permanece intocado. El  gobierno federal tiene que seguir adelante en, al menos, tres temas mayores de la transición: la revisión a fondo de las relaciones de Pemex con el STPRM; el replanteamiento de sus vínculos con el corporativismo, y la expedición de un nuevo marco constitucional y legal en materia laboral.

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Finalmente Vicente Fox mostró que puede ser el Presidente de la alternancia. ¿Se atreverá a ser el de la consolidación democrática?

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-El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario

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