Nacidos de la crisis

Muchos desconocen su existencia. Por su labor de rescatar deudas que parecen incobrables, en México
Louise Guénette

Para las administradoras de cartera vencida un colapso bancario es sinónimo de, por lo menos, una década de oportunidades, porque los deudores no pagan y los bancos son malos para cobrar.

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“Hemos creado negocio de la crisis”, admite Miguel Ángel García Padilla, director general de Sólida, una de estas modernas empresas financieras. En México, ellas siguen recuperando los innumerables créditos sin cobrar que dejó la depresión económica de 1994-95. Su actividad  consiste en comprar las carteras –o el derecho a su cobranza– que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) heredó del Fobaproa, a precios de remate, y luego gestionar su cobranza o volver a venderlas. Ya  adquirieron una parte, pero la tajada más grande todavía está por venir.

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El proceso empieza en el llamado cuarto de documentos (área donde está la información de los créditos vencidos). Por ejemplo, en una subasta que inició el 29 de abril –y al cierre de esta edición aún no se adjudicaba–, los valuadores de varias administradoras se turnaron el acceso a ese sitio, donde estudiaron el historial de un grupo de empresarios que recibieron préstamos de Bancrecer por $3,032 millones de pesos, y les asignaron un precio a cada uno de los créditos, según su estimación del monto recuperable y el tiempo que llevaría cobrarlo. A algunos se les puso cero. Al sumar los precios, se obtiene la oferta del conjunto.

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La transferencia de la cartera del IPAB a las administradoras es para el gobierno el último paso en la resolución de la crisis bancaria. Estas ventas  sirven para compensar aunque sea una mínima parte de los abultados pasivos del rescate. Este año el IPAB planea recibir $18,000 millones de pesos por la venta de carteras y activos fijos, la cuarta parte del gasto previsto, de $67,500 millones (el resto se cubrirá con $4,500 millones de cuotas que aportan los bancos y $45,000 millones con cargo al erario).

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Tomando la experiencia de otros países en situaciones similares, como Estados Unidos, primero el Fobaproa y luego el IPAB  creyeron que era conveniente transferir la gestión de cobro de los créditos vencidos a empresas especializadas; los precios a las cuales los remataron mostraron que su     valor de recuperación era de alrededor de la quinta parte.

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Nueve firmas participaron en las 11 subastas del IPAB completadas entre octubre de 1999 y febrero de 2002 para compra de créditos industriales, comerciales e hipotecarios (hubo otras del Instituto para préstamos al consumo, y también operaciones anteriores de Fobaproa). Juntas pagaron $8,108 millones de pesos por deudas cuyo valor nominal era de $35,084 millones (23% del principal). Se realizaron también dos licitaciones con otro esquema –ya no de venta sino de cesión de los derechos sobre créditos– por $28,570 millones de pesos; por estas operaciones sendas administradoras pagaron sólo $3,523 millones, pero en este caso deben devolver parte del dinero que recuperen.

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Las compañías dedicadas a la cobranza en tiempos de crisis no son muy conocidas. Su actividad es de alta rentabilidad debido al riesgo de comprar activos de bajo rendimiento. Pertenecen a grandes grupos financieros y muchas veces se fondean con recursos internacionales de inversión.

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Descubrimiento
Varias de las administradoras que operan hoy en México surgieron durante la crisis bancaria estadounidense de finales de los años 80. Cuando la administración de George Bush padre asumió el costo de la quiebra de 1,000 bancos, al son de un descalabro por $100,000 millones de dólares, nació la figura de la administradora de cartera. Antes existían empresas de gestión de cobranza, pero con un mercado muy menor. Conforme disminuyeron las cuentas vencidas  esas mismas firmas buscaron otros mercados, explica Robert Lyon, director de Operaciones de First City Financial Corporation en el país. Descubrieron el enorme potencial del negocio.

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Esta empresa de Texas, Estados Unidos, llegó a México en 1995. Obtuvo su primera cartera en 1998. Hoy administra 45,000 créditos cuyo valor original era de $21,400 millones de pesos, por los cuales pagó unos $3,500   millones. Su coinversionista más frecuente es la multinacional de alimentos Cargill, aunque también aportan dinero dos compañías mexicanas: Ficen, una entidad financiera de Guadalajara que otorga créditos a la pequeña y mediana empresas, y la firma de capital de riesgo Promotora Mexicana de Capitales (Promecap). Los dos socios nacionales también administran las carteras de First City bajo subcontratos.

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La australiana Lend Lease entró en este negocio al comprar Amresco, otra hija texana de la crisis bancaria estadounidense. A diferencia de First City, la organización, en asociación con BBVA-Bancomer, montó su propia estructura de cobranza en México cuando obtuvo las dos primeras carteras licitadas por el Fobaproa. Hoy tiene seis portafolios que adquirió con unos $600 millones de pesos suyos y de otros inversionistas, dice Eduardo Flores, director general de Lend Lease en   México. Tiene 67 empleados y no maneja volúmenes muy grandes de crédito porque se especializa en los comerciales e industriales de elevados montos.

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Sólida es la única empresa de este nicho 100% nacional: es una subsidiaria de Grupo Financiero Banorte. Empezó en 1997 recuperando los créditos vencidos de Bancen y Banpais, instituciones compradas por el grupo, explica el director general, Miguel Ángel García Padilla.

-La cartera vencida de $45,000 millones de pesos de estos últimos dos bancos se quedó en los libros del Fobaproa, pero Banorte recibió el mandato de recuperar lo que pudiera.

-Sólida es la empresa que más créditos maneja: 100,000, por $65,000 millones de pesos. Con 700 empleados, sus ingresos anuales son de $426 millones de pesos  (31% del total del grupo financiero). La firma sostiene que recupera entre 50 y 60% de los créditos.

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Especialistas
Si las instituciones bancarias tienen departamentos de cobranza, ¿por qué no se ocupan ellos mismos de rescatar los créditos? El IPAB y las administradoras sostienen que éstas son mejores para cobrar que los bancos. La regla de oro en el medio financiero es separar la banca sana de la que está en problemas, y vale no sólo para los créditos transferidos al IPAB, sino también para los que no fueron negociados en los programas de salvamento y están en los bancos. Serfin, Bital y BBVA-Bancomer han hecho varias ventas privadas de cartera a las administradoras; Lyon dice que éstas no superan 10% de las licitadas por el IPAB, pero espera un incremento.

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Los bancos abandonan las cuentas difíciles de cobrar. “Mucha gente [deudores] nos comentó que hacía cuatro años que no les habían  hablado. Aún así, cuando llamamos buscaron cómo resolver su crédito”, expresa Lyon, director de First City.

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Si un banco negocia descuentos importantes con los incumplidos, los acreditados que están al corriente querrán lo mismo. Además el banco tiene que administrar las carteras con arreglo a las políticas que rigen el manejo de sus créditos vigentes.

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La administradora es más ágil porque reduce la situación a una cuestión exclusivamente financiera. Compra $0.30 pesos; por lo tanto, si recibe $.040; ya es ganancia.

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Scotiabank Inverlat se tomó en serio el manejo de los créditos vencidos y no necesita empresas especializadas para cobrar, de acuerdo con Douglas Rector, su director divisional de Recuperación de Cartera. Desde que el banco canadiense asumió posesión mayoritaria de Inverlat en diciembre de 2000, ha bajado la proporción de cartera vencida de 20 a 1.4% en tarjeta de crédito, de 15 a 0.7% en préstamos para autos y de 30 a 24% en hipotecarios.

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Ya sea un banco o las administradoras de cartera, lo primero que deben hacer es buscar la negociación directa. Ofrecen a los deudores la oportunidad de liquidar sus créditos con una quita, y entre 10 y 20% aceptan, ya sea con un pago único, a plazos o la entrega de un inmueble. Alrededor de 40% de los acreditados se acercan a negociar luego de ser presionados por vía legal. El resto de los préstamos, o se consigue cobrarlos por conducto judicial o se vende a otra empresa.

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En el caso de los créditos hipotecarios, entre 50 y 70% de los deudores los reestructuran. First City y Banorte ofrecen calendarios de hasta 15 años. “Le volvemos a vender su vivienda en esquemas que ellos puedan manejar”, dice García Padilla.

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El proceso judicial es tardado pero las administradoras dicen que, en 95% de los casos, el juez decide en su favor. Después de tres o cuatro años de iniciar una demanda, la garantía se ejecuta.

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Si no hay garantías o si no son suficientes aun una sentencia favorable no le permite a la administradora recuperar el activo. Estos son los créditos que valúan en cero en el cuarto de documentos durante el proceso de licitación.

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“Si vemos algo que pensamos que puede haber sido un fraude por algún funcionario bancario cuando se otorgó el préstamo, suponemos que no lo vamos a poder cobrar”, dice Lyon. Hasta 20% de una cartera puede valuarse en cero en el momento de la compra, añade. A veces no se inscribió la garantía en el registro público, las propuestas del acreditado no son lógicas, el expediente no existe, el valor de la garantía se depreció o el monto es tan pequeño que no es económico tratar de cobrarlo. Entre 5 y 10% de los  créditos de Sólida son quirografarios, es decir, se otorgaron con la sola firma del empresario, que comprobaba su solvencia al presentar un balance patrimonial sin garantía  alguna.

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Sólo algunos créditos vuelven al balance del IPAB si resulta que la información proporcionada en la valuación es errónea y perjudica al comprador. Lyon indica que de los 45,000 que First City compró sólo devolvió unos 500.

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Mercado secundario
Cuando las administradoras tiran la toalla, los deudores que siguen sin pagar no se libran del lío financiero y jurídico. Un mercado secundario empieza su desarrollo en México con actores que pueden estar interesados en tomar el relevo, como por ejemplo pequeñas firmas regionales de  cobranza o administración de cartera, inquilinos de un inmueble que quieren quedarse con la propiedad en disputa o los mismos abogados que llevan los litigios contra el deudor.

-También han surgido empresas que se dedican a refinanciar deudores con potencial de desarrollo. Secured Capital México es una de ellas. Según su director general, Jorge Fernández, apoyó por ejemplo a un hotelero de tal manera que éste finiquitó su deuda con la administradora SLQ –constituida por Goldman Sachs, GE Capital y Promecap–; también le prestó más dinero a cambio de garantías mucho más fuertes que en el préstamo vencido.

-Con sede en Los Ángeles, Secured Capital también nació de la crisis bancaria  de  Estados Unidos. Su interés en comprar cartera vencida en México se vio frustrado al quedarse con sólo un paquete. Por eso entró en 2001 al nicho del mercado secundario, cuyo desarrollo es fundamental para la reactivación de la economía, según afirma el directivo.

-“No es el dinero lo que falta”, sentencia. Ha canalizado más de $100 millones de dólares en unas 20 operaciones en México, la mayor parte para el mercado secundario, en el sector turístico. Además, unos 15 fondos estadounidenses están interesados en financiar la compra de créditos corporativos al IPAB o a las administradoras.

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Las ganancias
El negocio de la administración de cartera estará en auge durante unos 10 años más en México. Todavía el IPAB tiene créditos por $145,000 millones de pesos para licitar, más del doble de lo que ya se ha subastado (cerca de 42% de la cartera, unas 5,000 operaciones, son créditos corporativos).

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Parte de esa cifra todavía tiene un filtro que pasar. Para poder subastar la parte de la deuda que se encuentra en los fideicomisos administrados por los bancos –unos $40,000 millones de pesos–, el IPAB espera que se realicen las auditorias solicitadas por el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión para llevar a cabo el canje de pagarés del Fobaproa al IPAB. Se trata de cuentas pendientes con Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte. Sin el canje, “el que tendría que autorizar la venta de carteras es el Fobaproa y éste ya no existe. Cuando entre el IPAB, las podrá autorizar”, explica Eugenio Garza, secretario adjunto de Recuperación del Instituto.

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De a poco el negocio de las administradoras se ha desarrollado. Su rentabilidad, según lo que se dice en el sector, es de 28 a 35% sobre el monto invertido. Sólo con las compras de cartera al IPAB (también hubo con Fobarpoa y directamente a los bancos), las operaciones ya realizadas ($64,000 millones de pesos) más las potenciales a consumarse, suman cerca de $200,000 millones de pesos. Si se mantiene el porcentaje que pagan estas empresas financieras por los créditos (23%) en el resto de las operaciones, podrían obtener ganancias por unos $15,000 millones de pesos ($1,500 millones de dólares)

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Conforme se vayan cobrando o pasando al olvido los créditos que quedan, habrá en México lo que subsiste hoy en Estados Unidos: un pequeño mercado de nichos, pronostican las administradoras.

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Los bancos sacarán de su balance algunos portafolios en dificultades antes de que la autoridad les obligue a crear reservas para cubrir el riesgo de un vencimiento, y los venderán a las empresas especializadas en cobranzas. La bursatilización de carteras hipotecarias por parte de las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), ofrecerá quizá más negocio. Sólida tiene la intención de ofrecerles a esas instituciones sus servicios, adelanta García Padilla.

-Cuando las aguas se calmen aquí, la mayoría de las administradoras buscarán otros países con horizontes económicos más grises, propicios para su actividad. “Cuando hay una crisis, surgen muchas posibilidades para nosotros. El chiste del negocio es saber en qué momento entrar en un mercado”, advirtió Lyon antes de salir de viaje a Brasil en mayo pasado para aprovechar la mala coyuntura, pues en esa nación el banco central tuvo que absorber muchas deudas vencidas hace algunos años. En el caso de Argentina hay que esperar, añade, porque tienen una cartera de morosos enorme pero no han fijado las reglas del juego. Tampoco han decidido qué hacer con los créditos vencidos Colombia y Chile.

-Dentro de un tiempo –luego de que hayan culminado con los créditos que posee el IPAB–, la próxima vez que se hable del retorno de las administradoras será preciso ponerse en guardia, pues será señal de la siguiente crisis en México.

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