Nuevo León. La planta subterránea

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Alba García Leal

Si sólo dependiera de la información que difunden las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en Nuevo León el lavado de dinero sería un gran misterio y la parte más oscura de las actividades relacionadas con el narcotráfico. Y es que ninguna ofrece información oficial al respecto.

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La delegación de la PGR, que encabeza Federico González García, se ocupa de asegurar cargamentos de droga, pero señala que no tiene expedientes sobre las empresas o propiedades aseguradas, pues todo esto se concentra en la ciudad de México o en los juzgados que llevan a cabo las averiguaciones. Al menos esto es lo que afirma Oscar Díaz, asesor de prensa de la dependencia.

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Es él quien recomienda acudir a la Administración Fiscal Regional de la SHCP, oficina encargada de detectar irregularidades en los números que reportan las empresas. Sin embargo, aquí la respuesta es la misma: la información sobre compañías sujetas a investigación se encuentra en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la capital del país.

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Amenaza pública, ¿información pública? Carlos Ortiz Gil, analista político, afirma que es casi imposible saber hasta dónde llega el dinero proveniente del narcotráfico. Se habla de infiltraciones a altos niveles, como en campañas políticas pero nada se puede asegurar con certeza sin información confiable. Ortiz explica que, cuando se intenta contactar a la SHCP, los resultados son nulos. "En ocasiones –dice- se escudan en que están realizando una investigación y no la pueden entorpecer divulgando información; pero también puede darse el caso de que haya funcionarios implicados. ¿A qué niveles estamos? No sé."

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En México, señala, existen muchas fortunas nuevas de origen desconocido, incluidas las de algunos neobanqueros. "El problema es que, como el narcotráfico ha seducido a quienes están tan alto, no pasa nada." En el caso particular de Nuevo León, todo indica que el lavado de dinero se hace a través de inversiones en bienes raíces y ranchos. Y si bien éstos últimos no son un buen negocio actualmente, sirven para un propósito adicional: construir en ellos pistas clandestinas. También están negocios como gasolineras y comercios, que generan mucho efectivo y le ofrecen al lavador un mayor margen de maniobra. De cualquier forma, opina la injerencia de este capital distorsiona por completo la economía.

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Según Ortiz, los primeros síntomas de la presencia del narcodinero son las casotas, porque los narcotraficantes mexicanos ni siquiera "tienen la prudencia de comportarse como los mafiosos tradicionales, que vivían en casas discretas".

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Estas declaraciones se confirman con ciertas notas periodísticas, publicadas por El Norte desde octubre de 1994. En todas ellas se hace referencia a investigaciones en torno a Juan García Ábrego, presunto jefe del Cártel del Golfo, y a su hermano Humberto. Fuentes de la PGR revelaron que detectaron más de 40 propiedades donde Humberto García Ábrego aparece como administrador con pleno dominio. Se habla de ranchos, haciendas, quintas y empresas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. También encontraron 15 cuentas bancarias en Banamex, Serfin, Bancrecer y banco Internacional, todas ellas manejadas directamente por el hermano mayor del que ha sido bautizado "El zar de la cocaína".

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Hasta ahora, la PGR ha asegurado dos empresas transportistas que presuntamente operaban con capital derivado del narcotráfico. Se trata de Transportes Eficientes de México y Vimaga. La primera fue inscrita como propiedad de Juan José García González (hijo de Juan García Ábrego) y Juan Carlos García (hijo de Humberto). Sin embargo, se encontró evidencia que acredita la venta del negocio a Víctor Manuel García, quien supuestamente también es dueño de Vimaga, Además, está el caso de la empresa Cadenas y Accesorios Industriales de Monterrey (Camisa), en donde se encontró documentación que señala a Humberto García Ábrego como socio y administrador general.

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Uno de los hechos que causó mayor impacto en la opinión pública fue el cateo de tres casas en Residencial Chipinque, uno de los sectores más exclusivos de San Pedro Garza García. De acuerdo con El Norte, dos de esas propiedades fueron aseguradas junto con tres viviendas ubicadas en otras colonias, así como una finca campestre que se localiza en el kilómetro 258 de la Carretera Nacional.

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El precio de las relaciones. Para Ortiz, el éxito de los narcotraficantes depende de la buena relación que establezcan con funcionarios del gobierno. Si los cuerpos policíacos de Guadalajara recibían de Luis Héctor "El Güero" Palma $40 millones de dólares mensuales por sus servicios de protección, el analista se pregunta cuál será el precio de un presidente municipal, de un gobernador o hasta de un presidente.

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En esto coincide el editorialista Javier Livas, quien hace cinco años presentó en el National Press Club un documento titulado El sistema de la narcopolítica mexicana. En él muestra un modelo cibernético sobre la vinculación del narcotráfico con las instancias policíacas. "En el caso de México, no tengo duda que durante muchos años los funcionarios federales estuvieron sistemáticamente explotando el narcotráfico y operando directamente esa actividad a través de un sistema que podríamos llamar de concesión." La única justificación que encuentra para esta relación de tolerancia es que "en esos arreglos está explícita la condición de que la cocaína se maneja como producto de exportación y no para el consumo nacional”.

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Para Livas, las inversiones en empresas son el tercer elemento que cierra el círculo, pues como papel, el dinero no tiene valor alguno y tiene que ser depositado en bancos o canalizado vía inversiones. Sin embargo, el lavado de dinero se mantiene como la parte más misteriosa del proceso, porque es difícil saber que manos son las receptoras del capital que queda. Monterrey, señala, tiene una gran ventaja pues los capitales de Nuevo León se hicieron hace mucho tiempo: "Están en las industrias, hay toda una cultura de trabajo que tiende a ser como una especie de anticuerpo". Hasta ahora, Livas jamás ha escuchado que un importante personaje empresarial esté relacionado con el narcotráfico, situación que si se presenta en Sinaloa y Jalisco, donde los capos de la droga se pasean en público y la gente sabe quiénes son.

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En su opinión, el gobierno no ha entendido que el problema número uno del país no es el narcotráfico, sino la corrupción oficial. En un editorial que publicó el dos de julio, afirma que "si la captura de Palma se hubiera dejado a la Policía Judicial Federal, el notorio Güero estaría libre, gozando del manto protector de los funcionarios corruptos".

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¿Hasta qué nivel ha llegado el poder de quienes trafican con drogas? Para responder a esta pregunta, quizá convendría reflexionar un poco en torno a una idea expresada por Ortiz: "Es como si el narcotráfico fuera una planta subterránea, de cuyo vigor sólo sabemos por los retoños que afloran a la superficie... Aunque no tenemos la menor idea de hasta dónde están infiltrados ."

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