Pagan dos, cobran uno

Un acuerdo que ayudaría a trabajadores mexicanos y estadounidenses se congela en el Congreso de EU.
Stephen Dinan / The Washington Times

Si se permitiera a los mexicanos que pagan cuotas de seguridad social en Estados Unidos recibir los beneficios correspondientes, el sistema se drenaría en el largo plazo, ya que los trabajadores mexicanos están menos educados y tienden a tener más dependientes, dice un estudio del Congreso de ese país dado a conocer el mes pasado.

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El reporte, presentado por el Servicio de Investigación Legislativo (CRS), revela el efecto que tendría el acuerdo con México de la ‘totalización’. Ahora, los mexicanos que trabajan temporalmente en Estados Unidos deben pagar su cuota en el seguro social, tanto de México como de dicho país, pero no pueden obtener los beneficios del sistema estadounidense.

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La totalización les permitiría pagar cuotas en un sistema y obtener los beneficios que hayan adquirido en el tiempo en que estuvieron aportando al sistema de Estados Unidos. En junio del año pasado, el gobierno de George W. Bush firmó un acuerdo con México en este sentido, pero no lo ha enviado al Congreso para su aprobación.

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Estados Unidos cuenta con 21 acuerdos de totalización firmados con diferentes países, pero el reporte del CRS dice que la situación con México es diferente. “Porque los trabajadores mexicanos al tener una menor vida laboral pueden recibir una tasa de reemplazo más elevada en relación con el rango de impuestos que pagan, que los trabajadores con más tiempo de vida laboral, como los ciudadanos de Estados Unidos y los emigrados de otros países que cuentan con un acuerdo de totalización”, dice el reporte.

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En el corto plazo la totalización puede significar que entre más dinero vaya al sistema de seguridad social, mayor “es la merma en el largo plazo”, dice Joe Eule, jefe del equipo del legislador republicano por Arizona J.D. Hayworth, quien está apoyando una resolución que bloquea la totalización con México.

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Este debate coincide con la discusión de dos de los asuntos más controvertidos que enfrenta el Congreso: la política de inmigración y las dificultades financieras del sistema de seguridad social de Estados Unidos. Eule menciona que, probablemente, ésta sea la razón por la cual la administración Bush no haya enviado este acuerdo al Congreso para su ratificación. “Creo que probablemente estén muy nerviosos con este asunto hasta que no tengan resueltos cualquiera de los otros asuntos”, menciona. “No sé cómo se puede discutir un tema como éste en medio del debate sobre las reformas al sistema de seguridad social”.

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Pero Michael Tanner, director de estudios sobre salud y asistencia social en el Instituto Cato, señala que la cantidad de esta merma parece ser muy pequeña. Un estudio oficial calcula este costo en $78 millones de dólares el primer año y $650 millones para 2050. “Es un goteo en un océano, dados los problemas del Seguro Social”, afirma. Y agrega que la cuestión no debería ser solamente si el acuerdo mexicano drena el sistema estadounidense, sino también lo que es justo. “Esto es claramente un caso en donde el balance juega en nuestra contra, al contrario que con otros países, pero ya deberíamos tener una serie de reglas estándar, y algunas veces ganaremos y otras no”, señala.

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Un acuerdo de totalización beneficiaría también a los estadounidenses que trabajan en México. La administración Bush dice que los trabajadores de ese país ahorrarían unos $140 millones de dólares en los primeros cinco años por concepto de impuestos que ya no tendrían que pagar.

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El reporte del CRS apunta que los hombres componen una proporción más alta de los trabajadores mexicanos que la fuerza laboral estadounidense o los migrantes de otros países que cuentan con este acuerdo, de las naciones de Oeste de Europa, así como Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón y Chile.

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Este reporte no es el único estudio que cuestiona este acuerdo. Hace dos años, la entonces Oficina General de Contabilidad dio a conocer un reporte sugiriendo que el alto número de mexicanos que viven y trabajan ilegalmente en Estados Unidos hacen imposible predecir cómo un acuerdo de totalización afectaría a la seguridad social.

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Washington Times (KRT) distribuido por Tribune.

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