Política económica. Programa inédito

Sí, inédito. Porque, ante la emergencia económica, se puso en marcha un programa de ajuste ortodo
Juan Carlos Orozco

Al comenzar el segundo bimestre de 1995 la administración zedillista puso en marcha un programa de ajuste económico que no sólo rompió con los moldes de la concertación intersectorial de los siete años precedentes, sino que abandonó el gradualismo característico de los ajustes económicos de los últimos años.

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Más allá de las recetas heterodoxas tan socorridas en el sexenio salinista, las autoridades volvieron a la economía básica e instrumentaron un plan de choque basado en el manejo ortodoxo de los instrumentos de política económica. El programa tuvo como objetivo evitar un resurgimiento incontrolable de la inflación, así como estabilizar los desquiciados mercados financieros.

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Por ser un programa inédito en la economía mexicana, pocos confiaron en su efectividad. Sin embargo, a casi seis meses de la puesta en marcha del plan de choque, las tasas de interés han registrado un retroceso de casi 50 puntos porcentuales, el tipo de cambio se ha estabilizado en alrededor de $6 nuevos pesos por dólar, la bolsa de valores ya registró ganancias con respecto al cierre de 1994, la tasa de inflación muestra una tendencia descendente y la balanza comercial presenta saldos positivos.

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No obstante, los costos de la estabilización también han sido elevados. De acuerdo con estimaciones del semanario Tendencias Económicas y Financieras, durante el segundo trimestre de 1995 el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción de 7.4%. Por supuesto, esta reducción del PIB estuvo acompañada por un fuerte incremento en los índices de desempleo y una intensa descomposición social. Sin embargo, las señales que envía la economía indican que los efectos negativos son de muy corto plazo.

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Entre el gradualismo y el choque. En los primeros días de 1995, el diagnóstico de la recién inaugurada administración zedillista fue contundente: el excesivo déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, específicamente la volatilidad de los capitales que financiaron ese saldo negativo, fue un factor determinante en el estallamiento de la crisis económica.

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Esta declaración, aparentemente inofensiva, realmente constituía una severa crítica a la conducción económica del salinismo que llevó a la economía mexicana hacia una inevitable crisis de balanza de pagos. Sin embargo, en los dos primeros meses de 1995 las autoridades no hicieron las transformaciones de política económica necesarias para avalar lo que muy pocos analistas ya interpretaban como un cambio de rumbo.

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Como se recordará, en un principio las autoridades no modificaron mucho sus objetivos económicos para 1995. Aunque redujeron la meta de crecimiento económico, todavía en los primeros meses la tasa de crecimiento esperada era de 1.5%. Tras reconocer los efectos inflacionarios de la devaluación, la meta oficial de inflación anual se ubicó en sólo 19% y se consideró una reducción de 50% en el monto del déficit de la cuenta corriente; es decir, se esperaba un saldo negativo de $14,000 millones de dólares.

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Siguiendo la inercia de las administraciones anteriores, el flamante gobierno zedillista quiso aplicar el gradualismo para dar salida a la crisis. Sin embargo, esta fórmula, ya desgastada en crisis anteriores, tenía poco que ofrecer para la recomposición de la economía nacional.

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Así, el gobierno zedillista enfrentó el dilema de mantener el ajuste gradualista o instrumentar un plan de choque ortodoxo. La principal diferencia entre estos dos caminos que buscan la estabilización de una economía en crisis, radica en los tiempos en que se obtienen los resultados buscados. Otra diferencia, y no de menor importancia, es la profundidad de los efectos negativos que tiene cada una de las estrategias tanto en la producción como en el empleo.

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La instrumentación del gradualismo tiene como objetivo suavizar los efectos negativos que cualquier política estabilizadora tiene sobre la producción y el empleo; aunque se utilizan las herramientas adecuadas para alcanzar la estabilidad, las dosis recetadas son muy pequeñas. El principal inconveniente de esta estrategia es la lentitud de la eliminación de las presiones desestabilizadoras.

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Además, el uso de pequeñas dosis no envía señales de cambio a los agentes económicos, tal como sucedió en los dos primeros meses de la actual crisis, y esto genera incertidumbre y desconfianza; se crea la sensación de que las autoridades no hacen nada para resolver el problema.

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Por si fuera poco, conforme avanza el tiempo (y se acumulan las pequeñas dosis contractivas), la economía real comienza a resentir los efectos negativos en la producción, el empleo y la demanda, mucho tiempo antes de que se alcancen resultados positivos en la estabilización.

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La combinación de éstos resultados negativos normalmente genera presiones para el abandono del programa de corrección económica. México es un buen ejemplo de estas situaciones.

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No obstante que los efectos negativos de corto plazo en la producción, la demanda y el empleo son mucho más profundos e inmediatos con la instrumentación de un plan de ajuste ortodoxo, como el que se puso en marcha en marzo, los efectos positivos tampoco se hacen esperar. La prueba es que en menos de seis meses se consiguió la estabilización de los mercados financieros.

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Sin perder de vista el objetivo. No está de más recordar que la instrumentación de la política económica (fiscal, cambiaria o monetaria) siempre tiene objetivos específicos. En ocasiones se busca impulsar el crecimiento económico, otras veces se quiere reducir la tasa de inflación, o en algunos casos se pretende equilibrar la cuenta externa. Las acciones implementadas dependen del objetivo trazado.

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Tal y como se hizo explícito en el Programa para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE), el objetivo del programa no es el crecimiento económico. En contra de la tradición administrativa del país, las autoridades anunciaron una caída de 2% en el PIB y un magno "rebote" inflacionario que llegaría a 42%.

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Así las cosas, de lo que se trataba era de impedir que la inflación se disparara a niveles de 100%, así como conseguir la estabilidad en los mercados de dinero y cambiario.

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La consecución de estos objetivos se lograría mediante el estricto control de las finanzas públicas, para las que se estableció una meta de superávit equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto. Para alcanzar esta meta, se buscó el incremento de los ingresos públicos por la vía impositiva y a través de precios y tarifas más altos, además de instrumentar una contracción de 9.8% en términos reales del gasto programable, con respecto al de 1994.

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No está de más comentar que en el primer semestre las autoridades sólo ejercieron 37% del gasto presupuestado. Bajo estas condiciones, Tendencias estima que en el primer semestre el producto nacional registró una caída de 4.1%, contracción que se mantendrá hasta el término del año.

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Los graves efectos provocados por el ajuste en la economía real, han motivado a amplios sectores del empresariado a demandar la instrumentación de medidas que impulsen la reactivación económica; sin embargo, no hay que olvidar que el programa no es de crecimiento, sino de ajuste.

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Esto significa que cuando las autoridades tengan la certeza de que no habrá "rebote" inflacionario, de que la estabilidad cambiaria es permanente (apuntalada por el superávit de la balanza comercial) y de que ya no habrá fuertes presiones sobre las tasas de interés, entonces habrá terminado el programa de emergencia y tendrá que instrumentarse un nuevo programa que tenga como objetivo la recuperación.

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Es probable que en los últimos meses de 1995 la economía ya esté en condiciones de cambiar la tendencia negativa que ahora presenta.

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¿Y los recursos para el crecimiento? No son pocos los que siguen preguntando: ¿después del programa de ajuste de dónde saldrán los recursos para la reactivación económica?

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En principio es necesario aclarar que la eventual recuperación que tendrá la economía en el mediano plazo, no significa que se volverá a los niveles que tuvo la actividad económica en 1994. Es decir, si se cumple el pronóstico de Tendencias de que el PIB de 1995 registrará una contracción cercana al 4%, tomará dos años regresar al nivel de 1994. Esto significa que los recursos necesarios para cambiar la tendencia negativa del PIB en 1996, serán muy inferiores a los que requirió el crecimiento de 1994.

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Así las cosas, es probable que en los últimos meses del presente año las autoridades comiencen a drenar los recursos públicos necesarios para ponerle piso ala contracción económica, lo cual no significa que impulsarán el crecimiento en el corto plazo.

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Además, conviene recordar que la instrumentación del plan de choque y la consecución del paquete de apoyo financiero internacional tenían como objetivo mantener al país en la esfera financiera internacional, mantener su calidad crediticia y, de esta forma, tener acceso a los recursos necesarios para apoyar a la recuperación de la economía.

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No obstante que el objetivo de la presente administración es financiar el crecimiento económico con recursos propios, derivados del incremento del ahorro interno, el inicio de la reactivación económica requerirá del ahorro externo.

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Como se sabe, desde hace algunos meses, tanto el gobierno como algunos particulares, ya hicieron colocaciones de deuda en los mercados internacionales. El éxito de esas colocaciones indica que en el corto plazo el país puede recurrir al ahorro externo para impulsar las actividades económicas.

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Sin duda, el acceso al financiamiento externo es un éxito más de la política económica instrumentada durante los últimos seis meses.

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