Profundo carmesí

Del total de bancos reprivatizados, 10 ya cambiaron de dueño. En cuanto al resto, que permanece baj
Maricarmen Cortés

A cinco años de haberse iniciado la privatización bancaria, el saldo es a todas luces negativo si se considera que 10 de los 18 bancos reprivatizados han cambiado de dueño, producto no sólo de la crisis que acrecentó los problemas de cartera vencida y la descapitalización del sistema, si no de los errores que cometió el gobierno tanto en el proceso de venta, como en la deficiente regulación.

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El principal desacierto de la desincorporación bancaria fue que se dio preferencia al precio en lugar de a la experiencia y solidez financiera de los compradores, bajo el argumento de que todos los grupos habían sido aprobados y tenían los mismos derechos.

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En todos los casos en los que hubo empate técnico entre las ofertas, la decisión del Comité de Desincorporación Bancaria –presidido por el hoy secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz– se inclinó por la que presentó el mayor precio.

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El gobierno salinista, así como analistas nacionales e internacionales, calificaron la privatización como un éxito por la rapidez del proceso, ya que se vendieron 18 bancos en un año, al iniciar con el otrora Multibanco Mercantil de México –hoy BBV–, el 7 de junio de 1991, y concluyendo con Banco del Centro –hoy fusionado a Banorte–, el 3 de julio de 1992.

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En total, el gobierno recibió $37,856 millones de pesos por los 18 bancos vendidos a un promedio de tres veces su valor en libros, mientras que el costo total del rescate bancario todavía no se conoce. En primer lugar, porque aún no se ha cuantificado el quebranto en Confía –intervenido gerencialmente a fines de agosto–, y en segundo, porque gran parte de la cartera que adquirió Fobaproa es recuperable. Sin embargo, el costo fiscal del programa de rescate a bancos y deudores –de acuerdo con la Secretaría de Hacienda– se estimó, a fines del año pasado, en $210,000 millones de pesos, que representan 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de 1996.

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De los 10 bancos que han cambiado de manos en la llamada "segunda vuelta" de la privatización, se debe hacer una justa separación entre los que fueron intervenidos gerencialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –debido a las "fechorías" de sus dueños– y los grupos que decidieron ceder el control ante los problemas de falta de capital, pero que permanecen como socios minoritarios.

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En todos los casos de bancos intervenidos –hablando exclusivamente de los reprivatizados– se da el hecho de que los dueños tenían poca o nula experiencia financiera o, de plano, antecedentes dudosos. En este primer grupo están Banca Cremi, Banco Unión, Banco de Oriente (Banorie), Banpaís y Banca Confía.

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Así, la falta de experiencia del joven Ángel "El Divino" Rodríguez Sáez –hoy encarcelado en España y en proceso de extradición a México– no fue un obstáculo para que le asignaran Banpaís, como tampoco lo fue el hecho de que –un año antes– la casa de bolsa Mexival hubiera estado involucrada en problemas en la colocación de Almacenes Blanco en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Dicha colocación fue pospuesta por decisión de la propia BMV a raíz de irregularidades en la información y de los rumores sobre una supuesta asociación con Cifra.

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Tampoco los antecedentes de Carlos Cabal Peniche fueron un obstáculo. A pesar de estar involucrado en un escándalo financiero en Estados Unidos –y de su falta de experiencia en el sector–, primero se le permitió que comprara Unión, antes BCH, y después Cremi. Con la fusión de Cremi se cometió incluso otra irregularidad al permitir que Raymundo Gómez Flores –quien tampoco tenía experiencia financiera– vendiera el control del banco a Cabal Peniche, a sólo dos años de haberlo comprado, en una evidente maniobra especulativa.

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LAS SOCORRIDAS FUSIONES
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En cuanto a Banorie, los hermanos Margáin ganaron la subasta por el elevado precio que ofrecieron –superior a cuatro veces su valor contable–, a pesar de que tampoco tenían experiencia bancaria y de que la cartera de ese banco representaba un elevado riesgo por su fuerte concentración en el sector textil de la región de Puebla.

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El último caso de un banco intervenido es el de Confía. Su ex presidente, Jorge Lankenau Rocha, sí tenía una amplia experiencia como ex socio de Banpaís, y representante del Bank of America en Monterrey y presidente del Grupo Ábaco. Sin embargo, existía el antecedente de que su casa de bolsa fue intervenida administrativamente después de los problemas del crack de 1987, en el que muchos intermediarios bursátiles realizaron operaciones irregulares con su clientela, aunque sólo uno –Eduardo "El Bayo" Legorreta, ex presidente de Operadora de Bolsa– fue acusado penalmente y pasó un año en prisión.

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Los 10 bancos que han cambiado de dueño en este sexenio son: Banco del Centro y Banpaís, adquiridos por Banorte; Cremi, Oriente y Probursa, que fueron comprados por el hispano Banco Bilbao Vizcaya; Inverlat, que hoy administra el canadiense Nova Scottia Bank (aunque el dueño oficial es todavía Fobaproa); Mexicano –antes Somex–, que pasó a manos del hispano Santander; Unión –el ex BCH–, que fue fusionado a Promex; Confía que, a pesar de haber sido intervenido recientemente, fue vendido a Citibank; y Banoro, que se fusionó a Bancrecer.

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De los ocho bancos que permanecen bajo control de sus compradores, tres se asociaron ya con capital extranjero minoritario: Bancomer, que vendió 16% a Bank of Montreal; Serfin, que está en proceso de firmar la venta de 19% de su capital al Hong Kong Shanghai Bank, y Bital, que tiene dos socios: el Banco Central Hispanoamericano de España y el Banco de Comercio de Portugal, donde también participa como socio el mismo BCH español.

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Así, los únicos grupos financieros que lograron sortear los efectos de la crisis sin socios extranjeros son: Banorte, Banamex, Promex, BanCrecer y GBM-Atlántico. No obstante, cuando se autorizó a Promex la compra de los activos de Unión, la CNVB informó que buscaría un socio extranjero; un año después no ha concretado todavía ninguna operación de alianza.

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BanCrecer, de Roberto Alcántara; GBM-Atlántico, de Alonso de Garay, y Promex, de Eduardo Carrillo, si bien han cumplido con los requisitos de capital bajo las nuevas reglas contables homologadas al US GAAP (principios de contabilidad internacionalmente aceptados), se ubican en los niveles más bajos de capitalización al cierre del segundo trimestre –con 9.37, 10.62 y 9.08%, respectivamente–, por lo que este año tendrán que fortalecer los bancos con inyección de capital.

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BANXICO CONTRAATACA
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Por lo que se refiere a los errores debidos a una deficiente supervisión, destacan las declaraciones del subgobernador del Banco de México, Francisco Gil Díaz, uno de los candidatos para suceder a Miguel Mancera Aguayo como gobernador en el Banco Central, a partir de enero de 1998.

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Al participar en el Simposio sobre Desarrollo Económico, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a principios de septiembre, Gil Díaz consideró la expropiación bancaria y la deficiente regulación de la CNVB como algunas de las causas fundamentales de la crisis de 1994, criticando severamente a los bancos por su pésima capacidad de análisis de crédito, por la subcapitalización del sistema y por las operaciones riesgosas –y a veces fraudulentas– de financiamiento que realizaron sus nuevos dueños.

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Hay que añadir que los nuevos bancos tampoco están exentos de problemas, con lo que se demuestra que la razón de la crisis del sector no es sólo el deficiente estado en que se encontraban dichas instituciones al ser vendidas, ya que las nuevas autorizaciones se otorgaron al por mayor en el último año del sexenio pasado.

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Entre los nuevos bancos también ya fueron intervenidos: Pronorte, que pertenecía a Valburmex, de Manuel Espinosa; Capital, del Grupo Financiero Capital, de Jaime Weiss; Sureste, del Grupo Financiero Bursamex, de Eduardo Creel, a quien en el mayor de los absurdos se le permitió comprar primero la casa de bolsa Bursamex y después se le otorgó la autorización para el nuevo banco, a pesar de que protagonizó un gran escándalo al ofrecer un precio mayor a seis veces el valor contable de Banco Mexicano Somex, para arrepentirse poco después por no tener los recursos para pagarlo; e Interestal, de José Gaspar Espinosa, que fue la única autorización que se otorgó a una Unión de Crédito para transformarse en banco.

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Por otra parte, Banco Alianza, que fue autorizado a un grupo sin experiencia financiera encabezado por Sergio Argüelles, ya fue vendido a GE Capital, que es hoy día el banco más capitalizado del sistema, con un nivel de 368% debido a que, prácticamente, no opera.

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Entre los nuevos bancos se autorizó además al grupo Afirme, de Julio Villarreal, la compra del también intervenido Banco Obrero. No obstante, Afirme se ubica en penúltimo lugar en cuanto a su capitalización en el sector de nuevos bancos, con 9.90%, sólo precedido por Banco Industrial, de Arturo Covarrubias, el banco con mayor crecimiento en Jalisco –pero también con los mayores problemas–, que constituye hoy un foco amarillo, porque es el único que tiene un nivel de capitalización inferior a 9%.

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La gran interrogante es, desde luego, si efectivamente –como afirma la CNVB tras la segunda vuelta de Banpaís– se cerró ya la etapa de ventas e intervenciones en el sistema bancario mexicano. Al parecer, el último capítulo de la tragedia financiera no ha concluido y –como bien lo señaló Gil Díaz– es necesario avanzar "en el saneamiento de la banca, su capitalización adecuada, divulgación veraz, completa y oportuna de su situación financiera, supervisión de su cartera e idoneidad de sus propietarios y administradores".

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