Sí a la reforma fiscal

Dejando a un lado posiciones inamovibles, sería importante analizar qué medidas tomar para concret
Alejandro Castillo

Uno de los temas que se han discutido más ampliamente en las semanas recientes, es el relativo a las características que deben tener los ingresos y el gasto públicos, en un entorno de mayor competencia política y apertura económica. El debate no ha sido tan claro como sería de esperar, debido a la campaña que ha hecho el gobierno con algunos comunicadores, tratando de satanizar la posibilidad de un déficit fiscal superior a 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB). Sobre esa base ha atribuido a la oposición una actitud irresponsable, según la cual ella sí está -dispuesta a provocar un fuerte saldo negativo en las cuentas públicas.

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Lo cierto es que, si bien sería deseable mantener finanzas públicas sanas, no se debe perder de vista que el déficit público puede ser un importante instrumento de política económica que, bien utilizado, puede acelerar la solución de los rezagos que se observan en el país. Es más, contra lo que han señalado algunos “opinadores”, muchos países industrializados operan con un fuerte déficit en sus cuentas públicas y eso no les quita estabilidad. Pero, además, hasta el momento ninguna de las propuestas presentadas en la Cámara están interesadas en propiciar un saldo negativo en las cuentas públicas.

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No se debe caer en la confusión; el problema no es si hay o no déficit, sino cómo –sin vulnerar la posición del país– se puede dar una modificación en la estructura del ingreso y el gasto para proporcionar mayores beneficios a la sociedad mexicana.

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PROMESAS INCUMPLIDAS
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Entre las asignaturas pendientes de esta administración está la relacionada con la política fiscal. Como se recordará, uno de los compromisos asumidos en la campaña y ratificados durante la toma de posesión del presidente Ernesto Zedillo, fue la realización de una profunda reforma fiscal. En diversos sectores –e incluso en el gobierno– se reconocía que la estructura tributaria, aparte de compleja y poco eficiente, dejaba de lado la posibilidad de emplear ese instrumento de política económica para estimular la producción.

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Desafortunadamente, cuando estalló la crisis se aplicó una política de emergencia en la que no había ninguna intención de estimular la producción. Al contrario, los primeros cambios fiscales de esta administración se orientaron, básicamente, a restringir el consumo e incrementar de golpe el ahorro interno. Fue entonces cuando la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incrementó de 10 a 15%. Como se recordará, junto con la inflación, la reducción del gasto público y la restricción del crédito, el cambio en la tasa del IVA permitió elevar la participación del ahorro interno en el PIB de 15% en 1994, a 20% en 1996.

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Otra de las demandas más sentidas de la sociedad –que también fue asumida como un compromiso por el nuevo gobierno– fue la necesidad de terminar con la corrupción de los funcionarios públicos. Aunque no se aceptaba como justificación del incumplimiento de los contribuyentes, era claro que no se tendría autoridad moral para combatir la evasión fiscal, mientras los funcionarios corruptos disfrutaban la riqueza mal habida cubiertos por la impunidad.

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No obstante, ese compromiso también se dejó a medias. De hecho, después de las esperanzas que se generaron al inicio de este gobierno, en la sociedad se fortaleció –poco a poco– la impresión de que no había interés sincero por investigar a fondo algunas de las denuncias que se han hecho, en especial en relación con el sexenio pasado. Por supuesto, el deterioro de la imagen gubernamental se agrava si a lo anterior se agregan los errores en los procesos de privatización de la banca, que han llevado a costosos programas de rescate financiero, además de insultantes abusos de particulares. En el caso de las carreteras –que son obras realmente importantes– tampoco se ha actuado con la transparencia requerida para respaldar a empresas que comprometieron recursos en proyectos que deberían tener un mejor aprovechamiento.

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Lo cierto es que en estos tres años de gobierno la sociedad no ha encontrado una actitud imaginativa por parte de las autoridades, para llevar a cabo la reforma fiscal que se ofreció desde el inicio del sexenio. Tampoco se ha demostrado que exista una mayor responsabilidad para reorientar el gasto con el objetivo de hacerlo más eficiente, y menos se han adoptado medidas para castigar severamente los desvíos y corruptelas.

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CENTRAR EL DEBATE
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En esas circunstancias –y como parte del proceso democrático que vive el país– llegó al Congreso una mayoría opositora que, con matices, tiene entre sus banderas, precisamente, adecuar la estructura fiscal y reorientar el gasto. De acuerdo con sus propuestas, su objetivo no es propiciar un incremento irresponsable del déficit público, sino concretar la anhelada reforma fiscal y garantizar un uso responsable de los recursos.

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Quizá uno de los puntos que más polémica ha despertado es la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de reducir la tasa del IVA de 15 a 10%. Si bien, como ha señalado el gobierno, esa medida implica un sacrificio fiscal, es posible encontrar alternativas como sucedió en 1992, cuando en el sexenio salinista se adoptó una medida semejante. De acuerdo con cifras de -Ciemex-Wefa, debido a la reducción del IVA la recaudación bajó de 3.9% del PIB en 1991, a sólo 2.9% en 1992. No obstante, esa baja fue compensada, entre otros, por un incremento en la participación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el PIB, de 5 a 5.5%; de hecho, en esos dos años los ingresos tributarios como porcentaje del PIB crecieron de 11.8 a 12.0%. Por otra parte, de acuerdo con -las cifras de Hacienda, a pesar del incremento al IVA que se estableció en 1995, en el primer semestre de este año la recaudación por ese impuesto apenas representó 2.9% del PIB. En fin, la historia muestra que la situación no es tan lineal como la tratan de dibujar los funcionarios gubernamentales, sino que es posible encontrar opciones.

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En todo caso, sería conveniente analizar si en estos momentos de intensa competencia y apertura comercial lo más adecuado sea reducir el IVA. Todo indica que, en estas condiciones, la disminución de ese impuesto generaría una mayor demanda que beneficiaría principalmente a los productores foráneos, generando empleos en el exterior e incrementando el déficit comercial.

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En cambio, una baja del IVA sólo en bienes básicos, combinada con una reestructura competitiva del ISR, serían medidas que no sólo contribuirían a mitigar el peso de la crisis en los segmentos de menores ingresos, sino que coadyuvarían a disminuir la evasión, así como a fomentar la inversión y generación de fuentes de empleo.

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Si a lo anterior se añadiera la decisión política de terminar con la corrupción y no permitir la impunidad, no sería imposible lograr el equilibrio o incluso un sensible superávit en las finanzas públicas.

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De ahí que, dejando a un lado las posiciones inamovibles de algunos funcionarios públicos y la campaña que llevan a cabo apoyados en gente que incluso falsea la historia, sería importante que en la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se establecieran las medidas necesarias para concretar la reforma fiscal y se definiera cómo utilizar los recursos públicos para potenciar la competitividad y capacidad productiva del país.

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