Se ponchan llantas

Las tarifas: manzana de la discordia entre empresarios y gobierno capitalino.
Virginia Alfaro

Cada día en la ciudad de México se roban, en promedio, 100 autos. La incapacidad de las autoridades para atacar el problema de fondo promueve iniciativas que, contradictoriamente, aumentarían la inseguridad de los automovilistas. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propone una nueva ley que obliga a los dueños de estacionamientos vinculados a giros comerciales –como tiendas departamentales, autoservicios, cines, hospitales, escuelas, etcétera– a ofrecer tarifas preferentes durante las dos primeras horas de servicio.

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Los empresarios, agrupados en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) –que incluye 30 grandes empresas entre las que destacan Sears, Cinemex, Palacio de Hierro, Liverpool y Sport City– rechazan tajantemente la disposición, con el argumento de que perciben 80% de sus ingresos en los 120 minutos iniciales de alojamiento de los vehículos. Esta agrupación no sólo amenaza con cancelar nuevas inversiones, sino que de aprobarse la medida buscará el beneficio del amparo y ofrecerá el servicio sin ninguna garantía.

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Central Parking System México calcula que en el Distrito Federal el déficit de cajones de aparcamiento es de aproximadamente 150,000. Las autoridades se plantearon otras prioridades antes de subsanar esta falta, dejando a la iniciativa privada la tarea. Adolfo Fastlicht Kurian, presidente de ADI, advierte que sólo por el cambio de reglas que emprende el gobierno capitalino están en juego $300 millones de dólares de inversión.

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Manuel Peña, director general de Central Parking System México asegura que en las condiciones actuales los estacionamientos reducen los robos y asaltos casi en su totalidad con los controles de seguridad vigentes, mismos que no podrán otorgar a los usuarios si se les obliga a dar tarifas preferentes.

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Para los legisladores el déficit de cajones y las amenazas de los empresarios son una mera exageración. "Cuando hablan de dejar de ganar dinero están en todo su derecho y aun cuando se apruebe la ley se van a amparar, pero eso no nos tiene preocupados. Esta legislación no responde a sus intereses, responde a las necesidades de la ciudadanía", afirma el panista Miguel Ángel Toscano. El diputado dice que los empresarios sólo están intranquilos por la reducción de sus ganancias. "Tenemos todos los puntos de vista, desde quienes dicen que la tarifa debe estar al libre mercado hasta los que opinan que debe ser gratuita por el tiempo que dure la estancia. Tratamos de conciliar los intereses con una tarifa especial que el gobierno precisará en el reglamento", explica el legislador Toscano.

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El escándalo de la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles, ha retrasado la discusión en la Asamblea Legislativa, pero los diputados tienen confianza en que este mismo año estará vigente el nuevo marco legal. De ser aceptado, se contará con 90 días para la publicación del reglamento que precisará, entre otras cosas, si las cuotas del servicio las impondrá cada delegación política, el precio para las primeras dos horas y las tarifas para fracción de 15 minutos a partir de la tercera hora, además del monto por día completo.

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