Seguimos anquilosados en competitividad

El pasado 9 de mayo, el presidente Felipe Calderón promulgó las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que nos colocan a la altura de los países más avanzados en cuanto a esta materia se refiere. Con ésta, se desatoran algunos de los temas álgidos para incrementar la competitividad del país, y destruir el estancamiento estabilizador, que nos ha caracterizado por tres décadas. ¿Tendrá esta reforma un efecto en cascada, para que México alcance su verdadero potencial?

- La reforma apunta a seis ejes fundamentales:

- • Un aumento sustancial a las multas que puede imponer la Comisión Federal de Competencia (CFC) a los que incurran en prácticas anticompetitivas: 10% de los ingresos anuales del infractor para el caso de colusión (reparto de mercados, precios, producción y posturas comunes en licitaciones), que son las que más dañan a los consumidores; 8% tratándose de prácticas monopólicas relativas (las que efectúan empresas con poder sustancial de mercado a agentes que se encuentran en otra posición en la cadena productiva, prácticas verticales) y de concentraciones prohibidas (fusiones y adquisiciones que otorguen un poder dominante a la empresa resultante).

- • Se podrá perseguir como delito contra la economía pública a los empresarios que se coludan en prácticas monopólicas absolutas.

- • La regulación del poder sustancial conjunto permitirá perseguir con mayor eficacia a los oligopolios, ya que raramente los monopolios aparecen en estado puro.

- • Incluye ciertas reformas procesales de importancia: posibilidad de visitas sorpresa por parte de la CFC; se podrá dictar medidas cautelares (provisionales, durante el tiempo que dure el proceso) cuando se presuma que existan conductas que dañen los mercados; los agentes investigados podrán presentar sus argumentos en una audiencia oral; la CFC deberá, al menos cada cinco años, emitir lineamientos técnicos a los que deberá ajustarse durante sus actuaciones.

- • Se consideran cambios en la estructura de la CFC para hacerla un órgano auténticamente colegiado: la creación de la figura del Comisionado ponente; la obligatoriedad de estos últimos de emitir su voto; una mayor independencia del secretario ejecutivo respecto del presidente de la CFC, al tiempo que se conserva la naturaleza de órgano desconcentrado de la CFC.

- • Estipula menores trabas burocráticas a las empresas que se concentren, al no tener que notificar sus operaciones a la CFC cuando no se cause un daño evidente a los mercados.

- Si a la reforma aprobada, junto con su aplauso, no añadimos, como recomienda José Luis Calva, experto economista, una activa política industrial, sólo tendrá efectos cosméticos.

- Es necesaria una política industrial –según enseñan las industrializaciones exitosas de Corea, Japón, Taiwán, y ahora China, India y Brasil– que incluya los sectores relevantes: los que generan más empleos y más aportan al PIB.

- Hasta el Banco Mundial (BM) reconoce los instrumentos sectoriales de política industrial: “Muchas  de las economías con mayor tradición industrial –afirma el BM– se valieron de mecanismos para estimular el crecimiento del mercado en sus etapas iniciales de desarrollo”.

- Ya lo había advertido Arthur Lewis: “Cuanto más atrasado sea el país (y añadimos, México es una economía media, en desarrollo), tanto mayor será el campo abierto a la actuación del gobierno. (…) De aquí que sea una desgracia para un país atrasado tener un gobierno que se limite al laissez-faire, ya sea por indolencia o por convicción filosófica”.

- No se trata de restaurar la estrategia industrial de sustitución de importaciones. Se trata de pasar a una nueva estrategia de industrialización, que de manera simultánea fomente eficazmente el sector exportador, la sustitución eficiente de importaciones y la producción de bienes no comerciables para el mercado interno. Si las reformas a la ley no vienen acompañadas de un enfoque distinto, con una participación más activa del Estado, el efecto será escaso, y la esperanza que cifremos en ella será vana. Ojalá nos equivoquemos.

- El autor es máster y doctor de la competencia, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y abogado asociado a Vázquez, Jalife, Caballero y Asociados.
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